Mientras naciones como Hungría refuerzan la seguridad en las fronteras y se niegan a recibir a los extranjeros, otras como Grecia, Italia y Malta se ven obligadas a asumir el mayor peso de la crisis y los migrantes continúan siendo abandonados en el mar. La pandemia agudiza la tragedia.
lenda Arcia
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), durante los meses transcurridos de 2020, 541 personas murieron en el mar Mediterráneo, cifra inferior a la de años precedentes debido a la disminución de las llegadas a costas europeas por factores como la crisis generada por la Covid-19.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha recordado que los indocumentados también se exponen a graves peligros en las rutas por tierra: entre 2018 y 2019 fallecieron 1.750 personas antes de poder atravesar el Mediterráneo. Muchas de ellas fueron asesinadas por los traficantes de seres humanos o no resistieron la explotación y la violencia.
“Desde hace ya demasiado tiempo, los terribles abusos que sufren los refugiados y migrantes en estas rutas han permanecido en buena medida invisibilizados”, denunció Filippo Grandi, representante de esa oficina de Naciones Unidas.
Tanto el Acnur como la OIM alertaron, además, sobre la exclusión de los indocumentados de los planes nacionales para enfrentar la pandemia de la Covid-19 y la ausencia de las condiciones mínimas necesarias para evitar el contagio con el coronavirus SARS-CoV-2 de quienes viven en centros para extranjeros.
De acuerdo con los anuncios de la directiva de la UE, se espera que en este septiembre vea la luz el tan esperado Pacto de Asilo y Migración, aunque las promesas en papel siguen siendo eso: promesas.
Además, según precisó la comisaria Johansson, el centro de dicho acuerdo es el establecimiento de pactos con terceros países como Libia, Argelia, Marruecos y Túnez para reducir considerablemente el número de personas que llegan a territorio europeo.
Convenios de ese tipo ya fueron implementados con anterioridad y recibieron fuertes cuestionamientos de parte de organizaciones no gubernamentales pues violan los derechos humanos de los migrantes, a quienes se les niega la posibilidad de pedir asilo, se les encierra y maltrata.
Y mientras la Unión Europea (UE) pospone una solución a la crisis migratoria (cuya solución debió ser hallada hace años.), organizaciones humanitarias reiteran su preocupación por los indocumentados que llegan cada día al Viejo Continente, muchos de los cuales son expulsados y abandonados a su suerte.
Acnur ha expresado recientemente su pesar por el creciente número de extranjeros que son sacados a la fuerza de territorio griego y lanzados de nuevo en embarcaciones endebles al mar.
Acnur cuenta con informes fidedignos que demuestran cómo esas personas son obligadas a regresar a aguas de Turquía, inmediatamente después de llegar a las islas griegas.
Los migrantes permanecen a la deriva durante mucho tiempo, la mayoría de las veces en botes abarrotados y en mal estado.
Acnur ha pedido nuevamente a Grecia abstenerse “de tales prácticas e investigue seriamente esos informes, los cuales incluyen testimonios directos y creíbles”.
Asimismo, indica que salvar vidas debe ser una prioridad y pide a la UE ayudar a las naciones que soportan el mayor peso de la crisis.
En ese sentido, insiste en la necesidad de un mecanismo efectivo para la reubicación de los extranjeros, así como en la importancia de fortalecer la lucha contra el tráfico de personas y ampliar las vías legales de migración.
El solicitar asilo es un derecho humano fundamental. Con los esfuerzos y la cooperación de todos los Estados se puede lograr una gestión de las fronteras que garantice la seguridad y protección de los migrantes.
Hay que recordar que el 28 de febrero de este año, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció el fin de los controles de seguridad en la zona limítrofe con Grecia, luego de que su país actuara durante cuatro años como muro de contención ante la llegada masiva de indocumentados a Europa.
El comportamiento de Turquía fue cuestionado por directivos de la UE, quienes acusaron a Ankara de usar a los migrantes como un medio para chantajear al bloque comunitario.
También fue fuertemente criticada la respuesta de Grecia que optó por el fortalecimiento de los controles de seguridad, el traslado de militares a la frontera y la suspensión de los procedimientos para el otorgamiento de asilo, entre otras medidas.
Según medios locales, dicha nación rechazó a alrededor de 35.000 personas en una semana, detuvo a cientos que lograron entrar a su territorio y más tarde las deportó.
Por su parte, Ankara confirmó el despliegue de miles de agentes para impedir el regreso de los migrantes y refugiados.
En un primer momento, la UE cerró filas junto a Atenas y culpó a Turquía por lo sucedido, pero, ante las constantes denuncias sobre el uso de la fuerza por las autoridades helenas, se vio obligada a hacer un llamado de atención.
“Las devoluciones están claramente prohibidas. Todo el mundo tiene el derecho a solicitar asilo. No podemos proteger las fronteras europeas violando nuestros valores”, ha dicho la comisaria de Interior del bloque, Ylva Johansson. (PL)
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