Globo, Latinoamerica, Reino Unido

Nicaragua (1): El derecho a vivir en paz

“La soberanía no se discute, se defiende[…]” – César Augusto Sandino. Es un hecho irrefutable que los Estados Unidos orquestó, financió y desató el golpe de estado violento que tuvo lugar en 2018 en contra del gobierno FSLN escogido democráticamente.

 

Francisco Domínguez*

 

Portavoces del gobierno de Estados Unidos, desde el expresidente Trump, senadores y diputados de extrema derecha, hasta la cadena trófica de su formidable maquinaria de “cambio de régimen”, incluyendo al Asesor de Seguridad Nacional John Bolton, la CIA, la Fundación Nacional para la Democracia (NED) y, por supuesto, USAID, declararon repetidamente que su objetivo era lograr un “cambio de régimen” en Nicaragua. En este sentido, la importancia de los representantes de Estados Unidos en Nicaragua es efímera y puramente utilitaria (¿alguien recuerda a Adolfo Calero, líder Contra que vive en Miami?). Dichos representantes se activan para sembrar el caos, la violencia y la confusión para facilitar una intervención de “cambio de régimen” impulsada por Estados Unidos, pero para la enorme maquinaria de aplastamiento de la democracia de Estados Unidos, cuando los planes no funcionan, sus representantes son activos humanos desechables. En el intento de golpe de Estado de 2018, los operativos sobre el terreno, disfrazados de organismos de la sociedad civil comprometidos con el Estado de Derecho, la democracia, las libertades civiles, los derechos humanos y otros calificativos falsos, eran en realidad representantes financiados por Estados Unidos a los que se les había encomendado la tarea de derrocar al gobierno del FSLN por medio de la violencia. La resistencia del pueblo nicaragüense derrotó el golpe y, por tanto, la nación irá a las urnas en noviembre de 2021, lo que llevó al dispositivo estadounidense de “cambio de régimen” a lanzar, desesperado, una campaña internacional destinada a demonizar el proceso electoral.

La violenta maquinaria de “cambio de régimen”

Estados Unidos, a través de canales abiertos y sospechosos, desembolsó millones para pagar, organizar y entrenar a miles de los efectivos que llevarían a cabo el intento golpista de 2018. Entre 2014 y 2017 Estados Unidos financió más de 50 proyectos en Nicaragua, que sumaron un total de 4,2 millones de dólares.

Además, William Grigsby, periodista de investigación, reveló que la USAID y la NED distribuyeron más de 30 millones de dólares a una serie de grupos opositores al gobierno nicaragüense que estuvieron involucrados en los eventos violentos de 2018. Un comentarista proestadounidense escribió en la revista Global Americans (1 de mayo de 2018), financiada por la NED, admitiendo que estos recursos se habían desplegado para sentar “las bases de la insurrección”: “Al reflexionar sobre los acontecimientos de los últimos meses, ahora es bastante evidente que el gobierno de Estados Unidos ayudó activamente a construir el espacio político y la capacidad de la sociedad nicaragüense para el levantamiento social que se desarrolla en la actualidad”.

Además, millones de dólares provenientes de los impuestos pagados por estadounidenses también se destinaron a financiar un medio de comunicación golpista nicaragüense.

Los ingredientes de las operaciones de “cambio de régimen” de Estados Unidos se refuerzan con medidas coercitivas unilaterales ilegales (también conocidas como sanciones) destinadas a aislar internacionalmente al gobierno objetivo y a causar tantos estragos como sea posible en su economía para desestabilizarlo, provocando así una crisis que conduzca al derrocamiento del gobierno y a una transición dirigida por Estados Unidos.

Por ejemplo, desde 2016-17, Estados Unidos ha aplicado 431 y 243 sanciones contra Venezuela y Cuba, respectivamente. Con el Decreto NICA y el proyecto de ley RENACER, Estados Unidos está acumulando sanciones contra la economía de Nicaragua y los funcionarios del gobierno del FSLN. La estrategia se complementa invariablemente con una campaña de demonización mediática corporativa a nivel mundial, que intoxica a todo el mundo, etiquetando a estos gobiernos como “autoritarios” y “dictatoriales”, llegando a veces a acusarlos de “fascistas” y, en el caso de Nicaragua, incluso de “Somocismo”.

Esta técnica se ha utilizado en los esfuerzos por derrocar de forma violenta al gobierno de Venezuela (incluyendo el reconocimiento de Juan Guaidó como “presidente interino”), y también en el reciente impulso violento para derrocar al gobierno en Cuba5. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, identificó como objetivos a derrocar a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua (“una troika de tiranía”). En el discurso (1 de noviembre de 2018), también elogió a Bolsonaro como una de las “señales positivas para el futuro de la región”.

La guerra de Estados Unidos contra la democracia latinoamericana

Se han escrito montones de artículos sobre las intervenciones de Estados Unidos en América Latina (y en el mundo), tanto por parte de sus aduladores como de sus detractores, quienes, a pesar de sus puntos de vista antípodas, coinciden en que, a pesar de los pronunciamientos altruistas de los funcionarios estadounidenses y sus cómplices, nunca han conducido al establecimiento de la democracia y, en la mayoría de los casos, como en el Chile de Salvador Allende, terminaron en su total destrucción. Así, la invasión militar estadounidense de Guatemala en 1954, que condujo al derrocamiento violento del presidente democráticamente elegido Jacobo Arbenz, fue celebrada por el presidente estadounidense Eisenhower como un “esfuerzo magnífico” y una “devoción a la causa de la libertad”, un acontecimiento al que siguieron décadas de matanza de más de 200.000 guatemaltecos apoyada y patrocinada por Estados Unidos.

El Salvador no tuvo el “beneficio” de una invasión militar estadounidense, pero en la década de 1980, escuadrones de la muerte financiados, entrenados y armados por Estados Unidos, masacrarían a unos 80.000 civiles, en su mayoría inocentes.

Nicaragua ha sido objeto de muchas intervenciones estadounidenses, la mayor de las cuales fue la invasión militar de 1926-1933 que fue resistida heroicamente por la guerrilla del general Sandino. No condujo a nada parecido a la democracia, sino a la dictadura de Somoza que duró 43 años y que terminó en 1979, cuando la revolución sandinista implantó la democracia por primera vez en la historia del país. Lamentablemente, Estados Unidos trató de impedir que Nicaragua siguiera un camino alternativo, democrático y soberano desencadenando una guerra destructiva por poderes mediante la organización, financiación, entrenamiento, armamento y dirección de los Contras bajo las administraciones de Reagan y Bush padre. La guerra llevó a la destrucción de la economía, a la derrota electoral del FSLN en 1990 y a la muerte de más de 40.000 personas. Los sandinistas respetaron el resultado electoral –a pesar de que se había obtenido bajo condiciones de guerra dirigidas por Estados Unidos–, no se involucraron en enfrentamientos violentos durante los 16 años de gobiernos neoliberales (1990-2006), y participaron en todos los procesos electorales durante ese período, reconociendo obedientemente los resultados electorales desfavorables en 1990, 1996 y 2001.

El neoliberalismo en Nicaragua fue social y económicamente desastroso: en 2005, el 62% de la población estaba por debajo de la línea de pobreza con altos niveles de pobreza extrema (14% en 2009); el 85% no tenía acceso a los sistemas de salud; el 64% de los económicamente activos estaban en el sector informal sin cobertura de pensiones o de salud; el nivel de analfabetismo era del 22% a pesar de que había sido erradicado durante el gobierno sandinista de 1979-1990, y así sucesivamente, reflejando la ruina neoliberal en otros lugares de la región.

No es de extrañar que el FSLN cobrara fuerza electoral: ganó la presidencia con el 38% en 2006; fue reelegido en 2011 con el 63% y de nuevo con el 72% en 2016. El regreso del FSLN al gobierno en 2006 permitió reducir la pobreza al 24.9% y la pobreza extrema al 7% en 2016, sobre la base de una tasa media de crecimiento económico del 4,7%, una de las más altas de la región. La economía social del país, impulsada principalmente por el sector informal, recibió un gigantesco impulso que hizo que Nicaragua fuera autosuficiente en alimentos en un 90% (un sueño para las naciones asediadas por Estados Unidos, como Cuba y Venezuela). Para 2018-19 la pobreza se había reducido a la mitad, 1,2 millones de niños salieron de la pobreza alimentaria, se construyeron 27.378 nuevas aulas, se contrataron 11.000 nuevos maestros, se crearon 353 nuevas unidades de salud, incluyendo 109 centros de atención a la natalidad y a la infancia, 229 centros de salud, 15 hospitales primarios, además de viviendas sociales, seguridad social, la inclusión masiva de las mujeres que le valió a la nación el 5º puesto mundial en igualdad de género, y mucho más. Entonces, ¿por qué el FSLN, que goza de un apoyo electoral de más del 70%, recurre a la violencia de Estado en 2018 cuando la economía va bien, los índices sociales mejoran y el nivel de vida sube? ¿Por qué el FSLN se volvería vilmente contra su propio pueblo convirtiéndose en una dictadura de la noche a la mañana?

*(Articulo publicado en Public Reading Books) .Próxima semana: Demonización, el preludio de la agresión)

(Traducido por Claudia Lillo – Email: lillo@usal.es) Fotos: Pixabay

 

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