Las leyes sobre violación en las Américas son insuficientes, inconsistentes y no se aplican sistemáticamente, lo que deja a las mujeres en mayor riesgo de violencia sexual.
Un nuevo informe de la organización internacional de derechos humanos Equality Now revela cómo las leyes sobre violación en todo el continente americano son insuficientes, incoherentes y no se aplican sistemáticamente, y exponen a las mujeres, adolescentes y niñas a un mayor riesgo de violencia sexual.
Muchas sobrevivientes de violaciones no pueden acceder a la justicia debido a la discriminación por sexo, género, clase y raza.
El problema se ve exacerbado por los dañinos estereotipos de género que culpan a las víctimas, normalizan la violencia sexual y alimentan la falta de denuncia de los casos. Mientras tanto, los agresores escapan al castigo debido a las lagunas en la protección, los vacíos legales, las deficiencias en la aplicación y el fracaso generalizado del sistema de justicia penal para procesar adecuadamente los casos de violencia sexual.
El informe “La falta de protección: Cómo las leyes y prácticas discriminatorias contra la violencia sexual están perjudicando a las mujeres, las niñas y las adolescentes en las Américas” analiza las leyes y políticas sobre violación específicas de cada país en 43 jurisdicciones de América del Norte, América Central, América del Sur y el Caribe, y pide a los gobiernos que adopten medidas urgentes para mejorar el acceso a la justicia de las sobrevivientes y poner fin a la impunidad de los autores.
Un análisis en profundidad realizado por Equality Now revela que la mayoría de las leyes sobre violación en las Américas no cumplen con las normas internacionales de derechos humanos y que hay un fracaso reiterado en la aplicación de las leyes y protocolos que sí existen para proteger a las mujeres y las niñas.
En consecuencia, las sobrevivientes de la violencia sexual no tienen un acceso adecuado a la justicia.
Es fundamental que las lagunas en la protección jurídica en toda la región dejen a las adolescentes especialmente expuestas a ser presas y a la discriminación.
Una de las formas más comunes de esto es el estupro, un tipo de disposición que se aplica en circunstancias en las que los adultos violan o abusan sexualmente de adolescentes por encima de la edad legal de consentimiento mediante “engaño o seducción”.
Esta ley discriminatoria califica erróneamente la violación y da lugar a penas que no se corresponden con la gravedad del delito y que son muy inferiores a las aplicables a la violación. Normalmente, este tipo de disposiciones se encuentran en lugares en los que la definición de violación se basa en el uso de la fuerza, en lugar de en la falta de consentimiento; ambos problemas deben abordarse también.
El estupro y otras disposiciones similares, arraigadas en percepciones anticuadas sobre la castidad, la moralidad y la sexualidad femenina, se encontraron en 17 de las 43 jurisdicciones analizadas en el informe.
La pena por violar a una persona menor de 14 años y mayor de 18 en Bolivia es de 15 a 20 años, para adolescentes de 14 a 18 años la pena por estupro es de tres a seis años.
En Paraguay, no hay pena de prisión para la violación de un adolescente de 14-16 años según las leyes de estupro, para niños y adultos la violación tiene una pena de cuatro a quince años.
En el estado norteamericano de Virginia, el «conocimiento carnal» de un niño de entre 13 y 15 años sin el uso de la fuerza está clasificado como un delito distinto a la violación, con una sentencia potencial de dos a 10 años de prisión frente a los cinco años a la vida.
Además de las leyes discriminatorias contra los adolescentes, los debates en profundidad llevados a cabo por los investigadores con supervivientes, activistas y abogados identificaron los siguientes obstáculos: Definiciones limitadas de violación que exigen pruebas de violencia o lucha; Escasez de definiciones de violación basadas en el consentimiento (sólo seis de 43 jurisdicciones tienen definiciones completas basadas en el consentimiento); Falta de tipificación plena de la violación en el matrimonio o en la pareja; Las leyes de prescripción que acortan el tiempo en el que se pueden presentar los casos de violación; y falta de aplicación efectiva de las leyes sobre violencia sexual.
“Las leyes discriminatorias en materia de violación no sólo impiden el acceso de las mujeres y las niñas a la justicia, sino que refuerzan los estereotipos perjudiciales sobre las víctimas de la violencia sexual”, afirma Bárbara Jiménez-Santiago, representante para América Latina y el Caribe de Equality Now y una de las principales autoras del informe. “Los gobiernos de las Américas deben actuar ahora para garantizar que las mujeres, adolescentes y niñas no se vean agobiadas por leyes discriminatorias”.
El informe hace un llamamiento a los gobiernos de las Américas para que apliquen medidas integrales e inclusivas que aborden eficazmente la violencia sexual y de género, entre ellas el mejorar las protecciones en la ley: Incluyendo una definición clara de violación que se base en el consentimiento y no en la presencia de fuerza, y la eliminación de las disposiciones de estupro y similares al estupro.
También habla de mejorar el acceso a la justicia según la ley: permitir que los menores presenten denuncias por violencia sexual bajo su propia autoridad; clasificar todos los delitos sexuales como delitos públicos; y una revisión integral de las leyes que afectan a las mujeres y las niñas, como las leyes relativas al matrimonio infantil y la atención sanitaria reproductiva.
Igualmente, el informe expresa la necesidad de mejorar la aplicación, la rendición de cuentas y la accesibilidad a la justicia: Incluyendo la formación de los profesionales de la justicia penal sobre cómo superar los estereotipos de género y tratar los casos de violencia sexual, la recopilación de datos estadísticos desglosados y la asignación de recursos estatales suficientes para prevenir y abordar la violencia sexual. Finalmente, habla de desafiar los estereotipos negativos y mejorar la comprensión pública de la violencia sexual: Incluyendo programas de educación sexual y relacional adecuados a la edad en las escuelas, y campañas de concienciación pública para hacer frente a la culpabilización de las víctimas y a la impunidad de los agresores.
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