Según los informes de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Colombia ocupa el penoso lugar 134 en la escala de países que valoran el respeto a la Libertad de Prensa en el mundo, subiendo cada año varios puestos.
Teresa Galindo y Miguel Angel Ferris
La acreditada ONG internacional denuncia un ambiente nocivo para el periodismo en Colombia y pide a las autoridades que respeten el trabajo de la prensa.
En 2019, dos periodistas de The New York Times tuvieron que huir de Colombia ante las amenazas de muerte vertidas por paramilitares y simpatizantes del expresidente Álvaro Uribe, ante la publicación de un reportaje que comprometía al ejército colombiano en diversas acciones sangrientas injustificables. El entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, involucrado en varios escándalos, dimitió meses después.
En mayo de 2020, la Asociación de Prensa Internacional en Colombia (APIC) y RSF internacional manifestaron su enérgico rechazo a los seguimientos, escuchas, interceptaciones y vigilancia a periodistas nacionales y extranjeros por parte del Ejército Colombiano.
Durante las recientes movilizaciones populares y el Paro Nacional convocado el 28 de abril del 2021, y que se extendió por todas las regiones, con bloqueo de las principales vías de transporte y suministro, las fuerzas policiales y grupos paramilitares provocaron más de 90 víctimas por disparos y centenares de desaparecidos, sobre los que no han sido llevadas a cabo investigaciones concluyentes de la Fiscalía ni otros organismos judiciales, a pesar de las denuncias de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) sobre la gravedad e impunidad de los hechos.
Periodistas como el director de Canal 2 de televisión local de Cali, epicentro de la revuelta social y juvenil del país, fue amenazado de muerte en emisión en directo por policías miembros del Esmad (Escuadrones Móviles Antidisturbios), teniendo que solicitar la Oposición en el Parlamento al gobierno su protección personal.
La Fundación para la Libertad de Prensa y RSF contabilizaron cerca de 68 casos de ataques a periodistas en los meses más intensos de movilización popular, tan solo en la región del Cauca.
Es en este contexto, con una total complicidad entre los sectores económicos y políticos enemigos de las libertades de prensa y expresión, los aparatos represivos del estado y los actores armados de grupos paramilitares, en el que se produce y difunde la serie “Matarife”, por la cual el periodista y criminólogo Daniel Mendoza ha tenido que aceptar el estatuto de “asilado” que le ofreció Francia para evitar un nuevo capítulo de la “Crónica de una muerte anunciada” que sacude al periodismo libre y de investigación en Colombia.
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