Corrupción, desfalco, secuestro, lavado de dinero y hasta asesinatos son algunas de las acusaciones sin pruebas contra líderes izquierdistas de América Latina. Mentiras, manipulación y montajes elaborados por el poder judicial y los grupos conservadores, apoyados por algunos medios de comunicación. El objetivo: impedir que haya una opción económica y política diferente a la tradicional.
Virginia Moreno Molina
En septiembre de 2016, Dilma Rousseff fue destituida de la presidencia de Brasil, condenada por haber manipulado el presupuesto público.
En abril de 2018, Lula da Silva, también en Brasil, fue condenado a 12 años de prisión por corrupción, encarcelado e inhabilitado para la reelección presidencial. En julio de 2018, un tribunal de Ecuador dictó una orden de captura internacional contra el ex presidente Rafael Correa. Y la lista de acusados continúa: Gustavo Petro en Colombia, Cristina Kirchner en Argentina, el vicepresidente Jorge Glas en Ecuador, Nicolás Maduro en Venezuela…
Uno a uno, como fichas de dominó, han ido cayendo dentro de esta estrategia conservadora que busca no solo el fallo en los tribunales sino también en la opinión pública.
Es lo que se conoce como ‘lawfare’, la guerra judicial que las fuerzas conservadoras de América Latina, apoyadas por los Estados Unidos y Europa, han utilizado para intentar frenar las vías progresistas.
Así lo explica Amauri Chamorro, consultor y analista político internacional, con más de dos décadas de experiencia en países como Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, El Salvador, Zimbabue y Noruega.
Chamorro, quien ha sido asesor de gobiernos y partidos progresistas del continente latinoamericano, habló con The Prisma sobre lo que significa el ‘lawfare’, su implementación, proceso y sus estrategias dentro de Latinoamérica.
¿Qué es el ‘lawfare’?
Es la guerra judicial que las fuerzas conservadoras de América Latina, apoyadas por los Estados Unidos y Europa, han utilizado para intentar frenar esta vía progresista que ha venido fortaleciéndose en Latinoamérica desde hace veinte años. Es la utilización de los mecanismos judiciales, en conjunto con los medios de comunicación, para crear una matriz informativa y judicial que condena previamente a los grandes líderes y movimientos progresistas del mundo.
Digo previamente porque condenan públicamente, no dentro de los tribunales, para que después, sin pruebas, sin el debido proceso y atropellando la Constitución, la justicia pueda actuar sabiendo que tendrá el apoyo de la opinión pública.
¿Cómo es la mecánica de ese proceso?
Las fiscalías comienzan a investigar cualquier información que ellos tengan, y la filtran de manera ilegal a los medios de comunicación. Se trata de información descontextualizada o pruebas falsas.
Así los medios de comunicación indican que hay muchas denuncias de corrupción o desfalco en la gestión de lo público.
Y a partir de eso los tribunales, en el momento en el que tengan que juzgar, simplemente tienen que firmar un fallo porque la condena pública ya ha ocurrido.
Esto pese a que esos fallos no tengan sustentación legal o pruebas, como es el caso del presidente Lula en Brasil o del vicepresidente Jorge Glas en Ecuador, ambos condenados sin pruebas materiales de que hayan cometido cualquier tipo de corrupción.
¿Qué elementos se necesitan para que se de esta práctica?
Son dos grandes pilares. Por un lado, el pilar judicial, único poder del Estado que no es electo por el pueblo. En la gran mayoría de países del mundo, la justicia, los jueces y los fiscales no son electos por la ciudadanía, sino que ganan por concursos públicos o nombramientos y se quedan en sus cargos hasta que mueren. También vienen de una casta elitista, en su gran mayoría han estudiado en los mejores colegios y universidades del mundo y vienen de familias adineradas. Por ende, también tienen una fuerte carga elitista sobre el mundo, son grupos específicos que se han conformado a partir de esa élite económica.
Y, por otro lado, están los medios de comunicación, que actúan en conjunto con el poder judicial con el objetivo claro de acusar sin pruebas.
Entonces se trata de un poder judicial que trabaja atropellando el proceso, y lo segundo, los medios de comunicación, que intentan dar un aire de normalidad a la ciudadanía y, pese a no tener pruebas o no estar sustentadas jurídicamente, tienen cierta veracidad.
A raíz de eso, acorralan a los gobiernos progresistas que acaban perdiendo apoyo o teniendo un proceso de desestabilización como el caso de Nicaragua o de Brasil, con el impedimento de una disputa equitativa electoral.
Entre los factores que intervienen en este proceso hablamos del poder judicial, los partidos conservadores y los medios de comunicación. ¿Existe algún otro parámetro?
Tenemos una configuración importante en estos tres pilares que son poderes que no tienen contrapoderes. En la gran mayoría de países no existe una entidad que controle el funcionamiento de la justicia y que no permita que los jueces y los fiscales actúen de manera politizada. En realidad, en los gobiernos mundiales no existen prácticamente contrapoderes que reglamenten o fiscalicen el funcionamiento de los medios de comunicación.
Hay una falsa sensación, creada por los mismos medios, de la necesidad de una libertad de expresión que es inexistente. Todos los medios y periodistas actúan conforme los intereses de los jefes de dichos medios.
De esta manera, los jueces comienzan a asumir funciones ajenas a su rol como deliberar sobre temas políticos, sociales y morales de los países. El juez y el fiscal deben actuar sobre la ley, y no sobre las disputas sociales y políticas que ocurren en los países, ya que para eso tenemos las elecciones o los partidos políticos.
¿Cuándo surge el ‘lawfare’?
El concepto nace en Sudáfrica con el proceso del Apartheid y los juicios en contra de los líderes, entre ellos Mandela. Fueron acusados y enjuiciados para impedir que su capacidad y fuerza política pudiese participar en las elecciones presidenciales o del gobierno.
Es un mecanismo de creación de ese ambiente jurídico y comunicacional para impedir esa participación de sectores más progresistas.
¿Cuándo se dio el primer caso de esta práctica en América Latina?
El primero que presencié fue el de Gustavo Petro, en Colombia. Él era alcalde y fue denunciado. La justicia colombiana obligaba a las alcaldías a asumir – sin contratar empresas privadas – los servicios de acueducto, alcantarillado y recolección de basura.
Cuando Petro ganó las elecciones, uno de los primeros decretos que firmó fue el de la estatización de la recolección de la basura.
Esto obligaba a las empresas de recolección a entregar sus equipos a la alcaldía. Entonces dichas empresas organizaron una acción con los medios de comunicación para boicotear la recolección de basura: desaparecieron los camiones y dejaron de recolectar durante varios días.
Por ello, los medios fueron a las calles a tomar fotos, grabar y hacer noticia indicando que la mala gestión de Petro había generado esa situación.
¿Cómo empieza el enjuiciamiento?
El eje jurídico ‘quedó a cargo’ del entonces procurador Alejandro Ordoñez (actual embajador de Colombia en la Organización de los Estados Americanos, OEA). Inició un juicio político contra Petro, lo destituyó del cargo de alcalde y le quitó el derecho, durante 20 años, de participar en cualquier tipo de elecciones.
(La procuraduría, que solo existe en Colombia, es una institución que puede acusar, juzgar, derrocar de un plumazo a personas electas por el pueblo, y retirar derechos políticos).
Pero se dio una gran movilización social a favor de Petro y una gran presión ante la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos para que se respetara la voluntad popular. Después de un mes, Petro regresó a la alcaldía.
En esta situación, Ordoñez era padrino del matrimonio de la hija de uno de los dueños de las empresas de recolección de basura que perdía la concesión de un negocio multimillonario. A su vez, los dueños de los medios de comunicación son dueños de grupos económicos que también eran propietarios de las empresas de recolección de basura de Bogotá.
Vemos la utilización del mecanismo judicial en contra de un movimiento progresista para defender los intereses económicos.
A su vez, los medios de comunicación, en vez de informar, tergiversaron la información para que la población saliera a las calles a pedir la destitución del alcalde.
Además, dieron cierta legitimidad a Ordoñez para que pudiera romper la ley y, no obstante, tuviera apoyo de la población.
¿Entonces la finalidad del ‘lawfare’ es desprestigiar a una persona o a todo un movimiento?
Sí. En el caso de Ecuador, si hay un gran líder como Rafael Correa o como Lula, lo primero que se hace es atacar a esos líderes para impedir que no puedan participar en las elecciones presidenciales.
Pero esto siempre acompañado de una gran acción para desprestigiar y destruir la moral, tachando de corruptos a todo un movimiento. No hay pruebas, pero los medios de comunicación hacen ese trabajo de atacar constantemente a la izquierda.
(Fotos: Pixabay)
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