En Paraguay se agudizan las condiciones de vulnerabilidad a la niñez. Pero no se trata de un fenómeno aislado, ni siquiera de reciente aparición. En los últimos cinco años contabilizaron más de 16 mil casos de abuso sexual en infantes. En 2022 ya existen más de mil víctimas.
Lourdes Pérez Navarro
En el quinquenio, 2019 fue el año con mayor número de víctimas registradas: 3.284, seguido de 2021 (con 2.957) y 2020, con 2.672.
Estos datos preocupantes están consignados en un informe del Ministerio Público que muestra cómo solo en mayo pasado se reportaron 12 denuncias diarias por estos hechos y en abril fueron atendidas 1.151 víctimas.
Los especialistas alertan de que la disminución detectada en 2020 y 2021 no significó una reducción de casos, sino que se debió a la ausencia de las redes de apoyo que denuncian (maestros, parientes, círculos de amistades y agentes comunitarios), debido a las medidas de restricción y cuarentenas impuestas para enfrentar el Covid-19.
De acuerdo con la Fiscalía, las zonas recurrentes con más registros son Central, Alto Paraná, Asunción, Itapúa, Caaguazú, San Pedro y Cordillera.
En 2004 una menor de 11 años, de nombre Felicita y que vendía mandarinas, fue violada y asesinada al pie del cerro Yaguarón. Fue encontrada sin signos de vida y con rastros de haber sido abusada sexualmente, luego de un día de estar desaparecida. Iba al primer grado de la escuela y por las tardes vendía mandarinas para poder sobrevivir.
Después del hecho la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, y la Red por el Derecho a la Educación de Paraguay, emitieron un comunicado en el cual dijeron que las instituciones estatales, y sobre todo las educativas, deben ser espacios de protección y seguridad para los estudiantes.
Alertaron sobre la urgencia de elaborar una política pública de Educación Integral de la Sexualidad, truncada desde 2011, y exigieron avances decididos para su implementación, ya que enseña a cuidarse y a no dañar a las demás personas.
Según la Coordinadora, la ausencia de dicha política expone a niños y adolescentes a diferentes formas de abuso, violencia sexual y discriminación.
Por ello, consideraron importante brindar mayor formación a los equipos docentes, técnicos y directivos del sistema educativo para lograr un efectivo abordaje integral de esta temática con los estudiantes, sus familias y comunidades.
En esto coincidió Carlos Flecha, educador de la organización Callescuela, para quien la información es fundamental en la lucha contra el terrible problema de la violencia que padecen los menores.
Señaló que esa violencia se da generalmente en un entorno familiar y comunitario justamente por la falta de información y participación de los niños en conocer sus derechos y ser escuchados.
Flecha dijo que una de las causas es la violencia estructural que el Estado genera por la falta de apoyo y acompañamiento a la educación necesaria, dejando en condiciones de mayor vulnerabilidad a la niñez.
Sin embargo, estos reclamos no tienen como fundamento la orfandad legislativa, pues Paraguay cuenta con leyes propicias para velar por la protección integral de los menores, pero ¿son aplicadas?
Ejemplo de ello es el Código de la Niñez y la Adolescencia, que reconoce la importancia de la educación integral de la sexualidad, normativa que no corrió por buen cauce pues en 2011 las autoridades frenaron su implementación.
A esto se añadió otro obstáculo: en 2017 el Ministerio de Educación y Ciencias prohibió la difusión y uso de materiales referentes a la teoría o ideología de género en instituciones educativas.
También está vigente la Ley número 6202 de 2018, dirigida a prevenir el abuso sexual y garantizar la atención integral a niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, pero la ruta para su ejecución no fue finalizada. Paraguay tiene así el reto de encaminar acciones sólidas y viables para enfrentar este fenómeno, que sean capaces de involucrar a toda la sociedad y a las instituciones, en pos de proteger a los que hoy son el futuro del país. (PL)
(Fotos: Pixabay)
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