El país latinoamericano es la encrucijada americana casi obligatoria del migrante del sur del río Bravo, cautivado por la opulencia deslumbrante de Estados Unidos y a quien espera generalmente, la miseria.
Luis Manuel Arce Isaac
Hay más de tres mil kilómetros de fronteras con Estados Unidos que pasan por los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Cada uno posee su laberinto de túneles y pasos controlados por traficantes de personas (coyotes), o puntos oficiales en los que prevalece la actividad comercial sobre la migratoria y el ser humano no cuenta mucho. Surgido por la inmigración como país, para Estados Unidos la mano de obra básica en las grandes fábricas y haciendas la surtió el extranjero, muy buena parte de ella del hemisferio, y nutrió sus centros científicos y de investigación de un robo de cerebros que no cesa. La migración no era entonces un problema para esa nación.
Ahora sí lo es y, además, uno de los más graves, complicados y polémicos porque a las causas de desarrollo económico y social de los grandes éxodos, se unió un aumento extraordinario de la distribución de la riqueza y una concentración de capitales a la que la potencia norteña no quiere renunciar.
La globalización económica cambió de tal manera las reglas del juego que el saqueo a la periferia se incrementó como nunca antes generando guerras de baja intensidad genocidas y de conquista como las de Afganistán, Irak, Siria que llenaron de violencia militar y social a amplias regiones y desataron crisis económicas globales como la de 2008, las cuales aumentaron de forma impresionante los flujos migratorios.
América Latina y el Caribe no escaparon al troglodismo neoliberal y aquel éxodo en la lejana África y el Medio Oriente comenzó a multiplicarse en esta región, mientras Naciones Unidas procuraba sin éxito lograr un nuevo enfoque en los objetivos del desarrollo sostenible como facilitar una migración ordenada, segura y regular mediante lo que se denominó un Pacto Mundial Migratorio (PMM), adoptado por la ONU en 2018.
Precisamente fue México, junto con Suiza, el país designado por la Asamblea General de la ONU para llevar adelante las negociaciones mediante las cuales se arribó al PMM.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018, la participación mexicana impulsó el nuevo enfoque que debería darse al fenómeno migratorio en la región para atacar el flujo desde sus causas.
Particularmente -de acuerdo con ese punto de vista- sería con una posición de rechazo y denuncia del neoliberalismo a partir de la propia experiencia de su emigración hacia Estados Unidos, en especial desde el sur-sureste, la zona más subdesarrollada y empobrecida.
El Gobierno de México, consciente de que lo que los migrantes hacen desde el sur del río Bravo no lo pueden emprender desde Canadá, lo cual sería la otra entrada por tierra a Estados Unidos, ni tampoco por las difíciles aguas atlánticas, les deja como única alternativa de ingreso la extensa franja fronteriza de territorio nacional.
Tal situación geográfica convirtió a México en el pasadizo ideal para cruzar a la orilla norte del río donde les espera otra odisea probablemente peor, sobre todo a partir de 1980, año que se toma como referencia de las primeras entradas masivas de centroamericanos desde Guatemala, según estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Como apuntan Katya Somohano y Pablo Yankelevich en el libro “El refugio en México. Entre la historia y los desafíos contemporáneos”, ya en el 2000 habían utilizado a este país en sus intentos más de 100 mil personas. Esos dígitos se quintuplicaron en estos primeros 20 años del siglo XXI.
En realidad, ninguno de los gobiernos neoliberales de México desde Miguel de la Madrid, hasta Enrique Peña Nieto, pasando por Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, tuvo una política migratoria independiente ni de apoyo a esas personas. No hubo apoyo pese a la presencia de organizaciones especializadas y oficinas de la Agencia de las Naciones Unidas de Apoyo a los Refugiados (ACNUR).
Aun así, y pese a la indiferencia de esos gobiernos ante el trato denigrante que se les daba a los braceros y obreros mexicanos radicados en Estados Unidos, bajo el gobierno del demócrata William Clinton (1993-2001) comenzó a aplicarse la idea del muro fronterizo.
Desde entonces cada presidente levantó su parte, aunque el momento de mayor auge publicitario fue con Donald Trump.
La frontera norte fue la papa caliente de López Obrador por las presiones a grados máximos de la administración republicana para que acorralara en el sur las caravanas procedentes del triángulo norte centroamericano y no las dejara llegar al norte, y amenazó con una guerra comercial arancelaria que hubiese sido devastadora para la economía mexicana.
Tapachula, en la frontera con Guatemala, se convirtió en el epicentro de la migración en lugar de Tijuana, en el linde californiano.
Trump, además, aprovechó la circunstancia de la pandemia del Covid-19, muy mal manejada por su gobierno, para declarar emergencia sanitaria en el territorio sur con un decreto que denominó Título 42, el cual le sirvió de bastón para apoyar su política de obligar al migrante esperar en territorio mexicano los resultados de su gestión de ingreso legal al país.
La política de Quédate en México fue un bochorno para un país de inmigrantes como Estados Unidos y en irrespeto a la soberanía mexicana.
Una diáspora creciente
Todas esas trabas facilitaron la creación de condiciones para que se organizaran desde lo más profundo de Centroamérica las cada vez más multitudinarias caravanas de migrantes y el éxodo rompiera cualquier barrera conocida.
El denominado Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) se hizo tristemente famoso como expresión de la diáspora provocada por el hambre, la miseria y la violencia.
Las caravanas se convirtieron en un mecanismo de defensa de decenas de miles de personas para protegerse de las adversidades y fortalecerse ante las amenazas y crímenes de las bandas delincuenciales que prosperaron en las rutas escogidas por los migrantes para llegar al río Bravo, como explicara uno de sus organizadores, Luis García Villagrán.
Sin embargo, las presiones de esos contingentes recayeron sobre el Gobierno de México y no del de Estados Unidos.
Pero lamentablemente no les va bien la idea de las caravanas, pues cuando concluyen ya diezmados y adoloridos, el largo recorrido, muy pocos logran pasar a las oficinas migratorias estadounidenses para intentar regularizar su situación.
Otros mueren en las aguas del río Bravo tratando de atravesarlo a nado, los senderos de los coyotes, o asfixiados como en el tráiler de Texas, como admitió el Instituto Nacional de Migración de México (INM).
Tensiones entre México y EE.UU.
Para México las causas más profundas del éxodo están claras y el presidente López Obrador no se cansa de repetirlas, primero a Trump, y después a Joe Biden, pero ninguno de los dos hizo algo para combatirlas y todas las respuestas, de uno y otro, son pura retórica.
En varias de sus conferencias matutinas, López Obrador insiste en que, si no se les da trabajo permanente, protección frente a la violencia criminal, seguridad alimentaria, médicos y medicinas, educación y esparcimiento, garantías de integridad física del individuo y la familia, no discriminación de ningún tipo, respeto y dignidad, la migración nunca será una opción voluntaria, sino un acto de desesperación.
El gobernante mexicano propuso a Estados Unidos en la época de Trump y ahora con Biden, invertir en los países del Triángulo Norte y el sur mexicano en obras de desarrollo económico y social, crear empleo y satisfacer las necesidades más perentorias del ser humano para que la gente no se vaya de su lugar de origen y la migración sea una opción, no una obligación.
Más aún, propuso un plan de acción de grandes proporciones consistente en organizar y controlar la migración en función de las potencialidades productivas de Estados Unidos para proveer de mano de obra sus industrias manufactureras, construcción y producción agropecuaria, con el otorgamiento de visas temporales que podrían convertirse posteriormente en permanentes, según las necesidades laborales del país. (PL)
(Fotos: Pixabay)
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