No es casualidad que los hackers hayan escogido Costa Rica como blanco de sus ataques, pues esta nación es una de las más avanzadas en la región en cuanto a gobierno digital y penetración de las nuevas tecnologías.
Alejandro Gómez
Muchos de los servicios básicos que ofrece el gobierno costarricense tienen como base internet o su información se encuentra disponible a través de servidores.
El último índice de desarrollo de gobierno digital de las Naciones Unidas ubicó a Costa Rica por primera vez en la sección de “Muy alto nivel de desarrollo”, ocupando el puesto número siete de América y el 56 a nivel mundial.
El país cuenta desde 2021 con una Agencia Nacional de Gobierno Digital, creada por medio de la Ley 9943, cuyo objetivo es implementar los servicios y proyectos para las instituciones de la Administración Pública en la materia, proveyendo un acceso simple, ágil, inclusivo, transparente y seguro a la ciudadanía.
A finales de junio se inauguró también el primer Laboratorio de Innovación Comunitaria, ubicado en la Asociación de Comercio Justo Bosque (Ascojubo) en Guácimo de Limón, dirigido a niños, adolescentes, jóvenes que no trabajan o estudian, pequeñas y medianas empresas (pymes), emprendedores (as) con proyectos innovadores.
Lo cierto es que Costa Rica enfrenta la amenaza de los hackers (piratas informáticos) que secuestraron sitios web gubernamentales y exigen millonarias sumas a cambio de devolverlos.
Desde el pasado mes de abril, delincuentes cibernéticos atacaron casi 30 organismos estatales como el Ministerio de Hacienda y más recientemente la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), poniendo en riesgo servicios vitales para la población.
Según el expresidente Carlos Alvarado, los hackers exigieron millones de dólares a cambio de no filtrar la información obtenida y restablecer el funcionamiento de los servicios, pero las autoridades se negaron a ceder ante el chantaje.
Pocos días después de asumir el poder el 8 de mayo, el presidente Rodrigo Chaves declaró que Costa Rica estaba en «guerra» con los piratas informáticos y decretó estado de emergencia nacional. Chaves aseguró que los ciberterroristas no iban a doblegar a Costa Rica. El Ministerio de Hacienda fue una de las instituciones públicas más golpeadas por los hackeos. La salida de la plataforma Administración Tributaria Virtual ATV obligó a regresar a los formularios en papel y se hicieron largas filas en los bancos para cumplir con las obligaciones de los contribuyentes, algo que muchos no pudieron hacer ni con esa opción.
Asimismo, los piratas informáticos dañaron en mayo los accesos a los sistemas de la CCSS, atacaron 800 servidores y unas nueve mil terminales o dispositivos.
Como resultado, generaron serias complicaciones y cancelaciones de citas médicas y cirugías programadas, en medio del impacto de la Covid-19.
La recopilación de datos sobre nuevos casos de coronavirus se vio interrumpida y tampoco pudo determinarse cuántas personas fallecieron en esa etapa, lo que dejó a ciegas a las autoridades por más de una semana.
No obstante el presidente ejecutivo de la Caja, Álvaro Ramos, aseveró que los sistemas más críticos se pudieron conservar porque existía respaldo y añadió que la información perdida estaba controlada.
Aunque las autoridades siguen investigando el origen de los ataques, los datos apuntan a un grupo trasnacional identificado como Conti y especializado en los ataques ransomware -‘secuestro de datos’ en español.
En activo desde 2020, el modus operandi de ese grupo criminal es robar archivos y documentos importantes de servidores para luego encriptarlos y exigir un rescate a cambio de la liberación de la información.
De acuerdo con un informe del gigante de la ciberseguridad Kaspersky, el ransomware es un gran negocio y se calcula que afecta a una empresa cada once segundos. El daño económico de los ataques podría haber llegado a los 20 mil millones de dólares en 2021.
Si bien algunas organizaciones optan por pagar los rescates exigidos por el ransomware, generalmente no es lo recomendable, advierte Kaspersky.
Por un lado, no hay garantía de que el atacante vaya a devolverle a la víctima el acceso a los sistemas infectados y, por el otro, pagar es un modo de incentivar este tipo de acciones.
Pero la empresa de antivirus señala que muchas entidades no revelan los ataques de ransomware y, si lo hacen, no abundan sobre las exigencias del atacante. La cruzada contra las plataformas gubernamentales fue un recordatorio para la ciudadanía tica sobre el nivel de exposición que tienen sus datos en internet y la importancia de proteger esta información para la seguridad del país.
De ahí que la guerra declarada contra los hackers no sea solo para recuperar los datos robados, sino para garantizar un sector clave del desarrollo en el que el país centroamericano, y buena parte del mundo, tiene puestas las esperanzas de cara al futuro. PL
(Fotos: Pixabay)
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