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Justicia tardía para un asesinato a sangre fría

El 17 marzo de 1982 cuatro periodistas fueron asesinados el 17 de por una patrulla que los emboscó cuando se dirigían a una zona controlada por la guerrilla durante su cobertura periodística para la cadena IKON TV. Sucedió en El Salvador. Tras 4 décadas de impunidad finalmente los culpables han sido  castigados.

 

Así lo hizo posible María Arguello, jueza de primera instancia de la ciudad Dulce Nombre de María (departamento de Chalatenango), al ordenar la aprehensión de los uniformados.

Lo ordeno estos días,  tras más de cuatro décadas de reclamos de justicia por el asesinato de Jan Cornelius Kuiper Joop, Koos Jacobus Andries Koster, Hans ter Laag y Joop Johannes Jan Willemsen, integrantes de un equipo de televisión.

Dichos reclamos se escucharon año tras año y ahora el exministro de la Defensa, general José Guillermo García, y el exdirector de la Policía de Hacienda (PH), coronel Francisco Antonio Morán, principales acusados del crimen de lesa humanidad, deberán responder por sus actos. El asesinato a sangre fría de los periodistas marcó la vida no solo de sus seres queridos, también de sus colegas, quienes evitaron que cayera en el olvido.

Otro de los presuntos culpables, el coronel Mario Adalberto Reyes Mena, excomandante de la cuarta brigada de infantería, también es requerido.

Fue cursada una orden de extradición pero como en muchos casos de criminales de la época, están protegidos y escondidos en Estados Unidos.

El exministro de la Defensa y el exjefe del Estado Mayor Conjunto son procesados por asesinato por omisión y el exdirector de la PH, y el excomandante de la cuarta brigada de infantería por ser autor mediato.

Los periodistas fueron asesinados el 17 de marzo de 1982 por una patrulla que los emboscó en Santa Rita, Chalatenango, cuando se dirigían a una zona controlada por la guerrilla durante su cobertura periodística para la cadena IKON TV.

En esa fecha de 2022 familiares de los cuatro neerlandeses exigieron un juicio ágil y transparente y solicitaron al gobierno y a las Fuerzas Armadas que reconozcan este crimen y faciliten los archivos para esclarecer los hechos.

Este proceso enfrentó durante años muchos obstáculos, e incluso cuando el tribunal de Dulce Nombre de María comenzó la indagatoria en 1982 la jueza que lo investigaba fue amenazada y se refugió en Canadá.

También, en 1993 la causa fue archivada por la Ley de Amnistía que perdonó los crímenes de guerra, pero en 2016 esa normativa fue declarada inconstitucional.

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