Recientemente, representantes de más de 40 organismos defensores de los derechos humanos aseveraron que la democracia argentina, reestablecida hace 39 años, está nuevamente en riesgo.
Glenda Arcia
Durante 2022, la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, sufrió amenazas, ofensas, un intento de asesinato y una condena judicial, hechos que conmovieron a ciudadanos, organizaciones y líderes de varios países.
En menos de un año, integrantes de agrupaciones de extrema derecha, como Revolución Federal, lanzaron cocteles molotov contra la Casa Rosada, colocaron bolsas mortuorias con fotos suyas en los alrededores de la sede de Gobierno, aseguraron que la llevarían a la horca y lanzaron basura al Instituto Patria, fundado por ella. El 1 de septiembre, un hombre llamado Fernando Sabag trató de matarla con una pistola mientras ella saludaba a personas reunidas en las afueras de su domicilio en el capitalino barrio de Recoleta para expresarle su apoyo ante la constante persecución judicial.
Aunque apretó dos veces el gatillo, la bala no salió, lo cual fue considerado por muchos como un milagro.
Tras el ataque, comenzó un proceso investigativo, cuestionado por la exjefa de Estado por las irregularidades cometidas y la negativa de la jueza María Eugenia Capuchetti a continuar indagando cuando las pistas apuntaban a presuntos lazos entre tres detenidos, fuerzas extremistas, políticos opositores y empresarios vinculados al exmandatario Mauricio Macri (2015-2019).
Finalmente, el 6 de diciembre el Tribunal Oral Federal 2 impuso a Cristina Fernández una pena de seis años en prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por supuesta administración fraudulenta en perjuicio de la gestión pública.
Este veredicto corresponde a la llamada Causa Vialidad por presuntas irregularidades en la adjudicación de 51 obras en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, hechos que la expresidenta rechazó y desmintió durante tres años de audiencias.
La exjefa de Estado señaló la existencia de un Estado paralelo, una mafia y un partido judicial que la procesaron por delitos que no cometió.
Además, aseguró que su inhabilitación es la verdadera condena buscada por jueces, fiscales, empresarios y políticos contrarios al peronismo.
En varias oportunidades antes de la sentencia, Fernández advirtió estar ante un pelotón de fusilamiento y alertó sobre un partido judicial, reemplazante del militar que impedía expresar libremente la voluntad popular y condicionaba la democracia durante la dictadura. En ese contexto descartó ser candidata a presidenta en 2023 para no someter al peronismo a que lo maltraten en período electoral.
Las agresiones en su contra recibieron denuncias de agrupaciones políticas, sociales y sindicales, líderes de países como Brasil, Cuba, Bolivia y Venezuela, el Papa Francisco, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y organizaciones como el Grupo de Puebla.
El presidente Alberto Fernández, ministros, legisladores del Frente de Todos (FdT), embajadores y organismos como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo expresaron su indignación y desconcierto y condenaron los intentos de apartarla del escenario político poco antes de la cita en las urnas.
Es el escenario que propone el macrismo, donde ellos son los que digitan los candidatos. El peronismo es puesto otra vez en la misma disyuntiva.
Las opciones son: resignarse a moverse en el espacio estrecho que le asignan, donde no tiene posibilidad de generar ningún cambio, o abandonar el sistema.
La divulgación del veredicto coincidió con la revelación de un viaje de jueces, empresarios, exfuncionarios y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia a la mansión en Lago Escondido, Patagonia argentina, del magnate británico Joe Lewis. Entre los implicados, acusados de admisión de dádivas e incumplimiento de sus deberes, se encuentran Julián Ercolini, magistrado que instruyó la causa contra la vicepresidenta; ejecutivos del Grupo Clarín y personas vinculadas a Macri.
El presidente ordenó una investigación sobre el caso.
(Fotos: Pixabay)
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