En Guatemala, al igual que sucede en la mayoría de países latinoamericanos, por una sumatoria de causas, muchas mujeres jóvenes de todos los estratos sociales quedan embarazadas como producto de una violación.
Marcelo Colussi
Esas violaciones se dan en un alto grado de casos (alrededor de un 80%) en el seno familiar, siendo un varón cercano- familiar o amigo de la familia- el autor.
Ello constituye un círculo vicioso, porque esos embarazos tienen un peso psicosocial y cultural no fácil de sobrellevar: se viven con culpa, como problema, pues los padres biológicos en la gran mayoría de los casos constituyen parte del entorno directo de la futura joven madre. Y esto es un serio obstáculo a la hora de denunciar o actuar legalmente, por los sentimientos de culpa que surgen. La cultura del silencio y la sumisión se impone.
¿Por qué ocurren estos embarazos forzados? Por una sumatoria de factores donde lo primero que destaca, sin duda, es la cultura patriarcal dominante, que permite esa práctica. A ello se suma la carencia de legislación en el asunto, más una notoria falta de información, mitos y prejuicios, y el machismo como patrón “normalizado”.
Todo ello bendecido por la moral (religiosa) dominante, siempre misógina y patriarcal. Solo para no olvidar: durante la Guerra de los Balcanes, donde fueron violadas cantidad de mujeres, el entonces papa Juan Pablo II dijo a las mismas que no abortaran y que transformaran ese niño en camino en un “acto de amor” (SIC).
Que en un país muchas de sus niñas y jóvenes salgan embarazadas como producto de prácticas de violencia de género y por una tradicional cultura que lo tolera, no deja de ser un grave problema de salud pública, un problema socio-epidemiológico.
El problema no es la “maldad intrínseca” de los varones machistas sino un patrón cultural milenario que se sigue reproduciendo día a día, donde un “macho”, para sentirse tal, debe repetir los arquetipos dominantes, y donde las mujeres son marginadas, muchas veces a base de golpes, para que no abandonen su papel de sumisión. Guatemala presenta datos preocupantes en este campo.Según informes del Ministerio de Salud y Asistencia Social, supera los 50 mil embarazos no deseados en niñas y adolescentes cada año. Un buen porcentaje se debe a prácticas violatorias.
El ser un tema tabú impide contar con datos fidedignos en la materia: se denuncian muchísimos menos hechos de los que ocurren.
Pareciera que las instancias decisorias a nivel gubernamental no tienen mayor interés en promoverlo. Por el contrario, están buscando generar leyes que castiguen la interrupción del embarazo, aun cuando sea en circunstancias de violación, satanizan las parejas homosexuales o cualquier expresión de diversidad sexual. La mentalidad medieval no ha desaparecido del todo.
Todo esto ocurre junto a temas siempre silenciados, como el incesto y el aborto, o el arreglo de matrimonios sin consentimiento de las mujeres. Sobre estas problemáticas prácticamente no hay datos, mucho menos políticas públicas eficientes y racionales que los aborden.
Los daños que ocasiona un embarazo no deseado producto de una violación en niñas y jóvenes son numerosos y muy profundos.
Aparte de los daños físicos, la salud psicológica de esas niñas/ jóvenes madres se afecta grandemente. De hecho, además de la violación propiamente dicha, el embarazo también funciona en ese sentido como un trauma. Y cualquier trauma es, siempre y en cualquier contexto, un elemento negativo, perturbador.
Afecta la propia imagen y puede producir ansiedad, trastornos psicosomáticos varios, sentimientos de culpa, eventualmente puede disparar reacciones psicóticas, y en casos extremos puede llevar al suicidio.
A ello se suman todas las enfermedades y trastornos de orden biomédico que el mismo pueda traer aparejado, entre los que no se puede evitar mencionar las enfermedades de transmisión sexual, en cuenta el VIH, la más grave.
En tanto no se lo vea como serio problema de salud de toda la comunidad, se podrá seguir repitiendo, y con ello, alimentando la cultura machista y autoritaria. PL
(Fotos: Pixabay)
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