La ley que convirtió a El Salvador en el primer país del mundo en desterrar la minería metálica está amenazada por presuntos intentos de retornar esa práctica. Quienes quieren revertir la norma desdeñan las luchas sociales que costaron la vida de quienes lograron que esta actividad fuera prohibida.
En una nación de mucha concentración poblacional dado su pequeño tamaño, la preocupación es mayor pues el agua está amenazada, de ahí que muchas protestas hoy tienen como lema central “El oro no se toma, el agua sí”, una alerta para poner fin a los intentos de condenar a miles de personas.
La preocupación surge porque se escuchan presuntos planes de revivir la minería metálica, algo prohibido por ley el 29 de marzo de 2017 y que convirtió a El Salvador en el primer país en desterrar la actividad extractiva por motivos ambientales. Pedro Cabezas, directivo de la Alianza Centroamericana frente a la Minería (Acafremin), ha dicho que dentro de los numerosos problemas que enfrenta el este país, entre ellos desforestación, estrés hídrico y desertificación, hay señales de que algunos sectores vinculados al gobierno salvadoreño empeñan esfuerzos en revertir la ley.
“Los testimonios de las personas son serios, cuando dicen que la vida acuática de algunos ríos ya no existe, en ese sentido estamos sintiendo la vulnerabilidad ecológica en el país y la degradación del medio ambiente, y encima de esto tener la minería como una industria clave sería desastroso”, le dijo Cabezas a varios medios locales.
Cito casos como lo que ocurre en la mina de San Sebastián en el municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, que todavía genera drenaje ácido y acaba con la vida acuática. Ademas existen más “de 15 pasivos mineros identificados por el Ministerio de Medio Ambiente (Marn) que deben cerrarse de manera técnica y no se hizo aún”.
Otra amenaza es la mina Cerro Blanco (Guatemala), la cual, pese a no estar funcionando, produce descargas de aguas con altos contenidos de arsénico con afectaciones a la cuenca del río Ostúa.
Este es parte de la cuenca del lago de Güija (Metapán) que alimenta al río Lempa, el cual abastece de agua a dos tercios de la población salvadoreña antes de desembocar su caudal en el océano Pacífico.
La situación, según los opositores, se complica con el Foro Intergubernamental de Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, pues lo identifican como una organización fachada de empresas mineras, las mismas que quieren revertir las prohibiciones a la minería asesina.
En opinión de Cabezas, reabrir el debate de la minería sería desastroso, no solo para el ambiente, también en lo social porque muchas comunidades y poblaciones estarían opuestas a esto y en pie de lucha para que no ocurra.
En los últimos años son evidentes los planes de quienes pretenden retornar a la explotación minera y abrir las tierras del país a compañías de Canadá y Estados Unidos, entre otras, interesadas en extraer los recursos del subsuelo aun a costa de la vida de muchos salvadoreños.
Criminalización de la protesta
En cuanto a la criminalización de las personas defensoras y la aplicación del régimen de excepción, no hay mejor ejemplo que la detención de activistas y líderes comunitarios a inicios de este año mediante absurdo argumentos de “crímenes” durante la guerra de los 80. Los casos de los líderes comunitarios Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas, y los directivos de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta, Teodoro Antonio Pacheco (director) y Saúl Agustín Rivas, muestran los intentos de acallar las voces de protestas.
Los arrestados son acusados de un crimen de difícil probatoria y que ahora son esgrimidos para sacarlos de las protestas.
Luis Parada, abogado salvadoreño que ganó el juicio a la minera canadiense Pacific Rim e impidió que esta contaminara al río Lempa.
Parada ha dicho que “es más que evidente que el arresto y detención prolongada de los líderes ambientalistas de Santa Marta (excombatientes del FMLN) no busca justicia. Es parte del macabro plan del presidente Nayib Bukele de reabrir El Salvador a la devastadora minería metálica”.
Sin embargo, el fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, ha dicho que las detenciones están relacionadas con un presunto asesinato cometido hace más de 30 años durante la brutal guerra civil. Pero estas acusaciones, según el diario La Jornada, de México, tienen fines políticos, aseveró La Jornada. Al respecto, 250 organizaciones sociales y civiles de 29 países recuerdan que nadie se preocupa en el gobierno salvadoreño por procesar a los militares responsables de decenas de violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil, incluso en la propia Santa Marta, y las que ocurren ahora con miles de personas presuntamente inocentes acusadas de ser pandilleros.
Esos grupos resaltaron “las dudas sobre si la verdadera motivación del fiscal general es intentar silenciar a estos defensores del agua, especialmente tomando en cuenta la cruzada de la administración actual para criminalizar, perseguir y desmovilizar a sus oponentes políticos”.
Según los ambientalistas, el gobierno salvadoreño estaría colaborando con empresas mineras trasnacionales, con miras a anular la ley que prohíbe la minería.
Futuro de las aguas
Informes elaborados por gobiernos en años anteriores indican que las aguas que recorren el departamento de Cabañas, las cuales presuntamente se quieren abrir a la explotación de las mineras, son vitales para el país.
Son importantes en términos de suministro de agua, tanto para uso humano como para la agricultura y la generación de energía. Informes del Ministerio de Medio Ambiente atestiguan que la calidad del agua en esta zona es mejor que en el resto del país y si no se protege terminará por sumarse al alto porcentaje de ríos nacionales cuyos fluidos no pueden ser tratados para convertirse en fuentes utilizables.
Es bien conocido que los procesos de extracción de oro, una de las aspiraciones de las mineras, requieren que los remanentes de la mina sean tratados con grandes cantidades de agua y este procedimiento a menudo conduce a una mezcla venenosa liberada en las fuentes de abasto, las cuales terminan percibiendo niveles altísimos de elementos como arsénico, mercurio, plomo, cadmio y hierro. (PL)
(Fotos: Pixabay)
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