Conflicto armado interno en Colombia: teoría vs. hechos

Este concepto fue vaciando de sentido y ya no sirve para dar cuenta de lo que realmente está sucediendo en la Colombia del postacuerdo de La Habana.

Germán Ayala Osorio*

El reconocimiento del conflicto armado interno en Colombia impuso a los actores armados (Paramilitares, Guerrillas y fuerzas estatales) unas condiciones ético-políticas a través de las cuales fue posible enmarcar, explicar, dar sentido académico, justificar políticamente o hacer encajar las operaciones militares, las tomas guerrilleras y en general todas las actividades hostiles, propias de ese escenario de conflictividad, en la categoría política, militar y académica Conflicto Armado Interno.

Es decir, esa nomenclatura construyó un “deber ser de la guerra” del que se fueron alejando unos y otros, bien por la penetración del narcotráfico a las filas de los combatientes, la imposibilidad de alcanzar el triunfo político y militar fijado como único norte posible: llegar a ser gobierno, tumbando el régimen de poder; y, por último, por el tratado de paz que firmaron el Estado con las entonces Farc-Ep.

Este último armisticio fue un duro llamado a la dirigencia del Comando Central (Coce) a abandonar sus históricas posturas intransigentes. De igual manera, haber desmontado gran parte de la estructura subversiva de las Farc-Ep hizo pensar a gran parte de la opinión pública que el conflicto armado con la guerrilla más grande había terminado.

Con el paso del tiempo, las hostilidades y las operaciones militares de los ya señalados grupos armados entraron en un fuerte e irreversible proceso de degradación misional (moral).

Como consecuencia de ello, el concepto de Conflicto Armado Interno (CAI) empezó a perder sentido ético-político, a pesar de la vigencia de las causas objetivas que legitimaron el levantamiento armado en los años 60, reconocidas en su momento por el presidente Belisario Betancur Cuartas (1982-1986).

Gonzalo Sánchez, en entrevista al diario El Espectador, sostiene que “en líneas gruesas hemos transitado de un conflicto Estado-insurgencias, a un conflicto multidimensional con intersecciones a menudo refractarias al deslinde. El conflicto hoy es mucho más extendido, más heterogéneo e intrincado. Y no es solo contra el Estado. Este ha sido permeado a través de complicidades, drenaje de recursos para la guerra, redes de apoyo internacionales…”

La firma del fin del conflicto entre las Farc-Ep y el Estado colombiano es una “ruptura” en el devenir del conflicto armado y en la manera de entender sus dinámicas. A ese quiebre se suman circunstancias contextuales que, en lugar de legitimar la lucha armada, le restan legitimidad, hasta el punto de que hoy, en varios sectores de la sociedad, la operación del ELN (Ejército de Liberación Nacional), único grupo en armas, es considerada como anacrónica e improcedente, al igual que la operación de las disidencias farianas.

Las conversaciones de paz que hoy sostienen con el gobierno de Gustavo Petro le devuelven a los miembros del ELN algo de la legitimidad perdida, al tiempo que le dan un respiro a la moribunda nomenclatura Conflicto Armado Interno.

Dentro de esas circunstancias de lo que llamo “ruptura” se encuentran el estallido social de 2021, la misma pandemia y sus efectos sociales, económicos y los que dejó en la psiquis colectiva ese complejo escenario sanitario, así como la acentuación del carácter periférico del ELN y de su lucha territorial anclada exclusivamente al control de rutas del narcotráfico.

También, la aparición de nuevas agrupaciones armadas (disidencias y demás) que lo único que prueban es que el uso de las armas se convirtió para muchos de los integrantes de esas organizaciones armadas ilegales en modus vivendi, en una forma de ganarse la vida.

Atrás quedaron las auto valoraciones de lo que sus comandantes llaman el reconocimiento social del control militar de zonas como el Chocó, el Catatumbo y el Cauca, entre otras zonas. Lo cierto es que la pretendida liberación de un pueblo sometido a un régimen oprobioso, gracias a la acción armada de los grupos guerrilleros, fue un sueño quimérico del que aún no parecen despertar los ‘elenos’ (como se llama a los miembros del ELN).

Gonzalo Sánchez, en la misma entrevista señala que “la promesa de transformación por la vía de las armas perdió momentum en todo el continente. Negarse a reconocerlo puede costar derramamiento inútil de mucha sangre. Pero aclaremos, si el modus operandi perdió vigencia, el contenido, las demandas y tareas aplazadas se tornan aún más urgentes. Algo que también deberían entender las elites políticas, sociales y económicas del país”.

Así las cosas, creo que va siendo tiempo de proponer un cambio en la manera de explicar y llamar a lo que sucede hoy en Colombia, en virtud de las circunstancias señaladas líneas atrás.

El concepto de Conflicto Armado Interno se fue vaciando de sentido y ya no sirve para dar cuenta de lo que realmente está sucediendo en la Colombia del postacuerdo de La Habana.

Propongo hablar de Conflictividades del Posacuerdo (CP), o quizás Escenario de Múltiples y Asimétricas Violencias (EMAV), Escenario Anómico del Posacuerdo (EAP) o Violencias Intestinas Despolitizadas (VID).

Es importante “rebautizar” lo que sucede en el país con el objetivo de poner el foco y al atención en aquellos poderes políticos y económicos, legales e ilegales, que se benefician de la permanencia de agrupaciones al margen de la ley y de su operación en territorios en los que la lucha por la tierra, el control de las riquezas del subsuelo y las rutas del narcotráfico son factores definitivos para la permanencia de las condiciones premodernas en las que nacieron las guerrillas y las que insisten en extender en el tiempo las élites económicas, sociales y políticas.

Las decisiones de política económica que viene adoptando el actual gobierno nacional, el haber Gustavo Petro militado en una de las guerrillas (M-19) ya desmovilizadas y las acciones encaminadas a lograr la Paz Total, en lugar de darle un segundo aire al conflicto armado como muchos pueden pensar, van camino a restarle sentido y legitimidad.

Adenda: lo propuesto aquí, no puede leerse y entenderse como una negación del conflicto que dejó más de 500 mil víctimas, millones de desplazados y cientos de desaparecidos.