El Gobierno actual introdujo la política de Paz Total, con el objetivo de entablar un diálogo con todos los grupos armados restantes. Estos grupos ilegales libran una lucha armada por el control de territorios y economías ilícitas con la población civil atrapada en medio. Se calcula que en 2022 el 15% de la población colombiana vivía en zonas bajo el control de uno o varios de los grupos armados ilegales.
Claudia Navarro*
El 19 de septiembre de 2023, el Gobierno colombiano y el Estado Mayor Central (EMC) anunciaron que iniciarían conversaciones de paz y un alto el fuego bilateral a partir del 8 de octubre de 2023.
El EMC es el segundo grupo armado que opera en Colombia que ha aceptado iniciar negociaciones de paz con el Gobierno en el marco de la Política de Paz Total aprobada por el Congreso a finales de 2022.
Son el segundo grupo que ha establecido conversaciones de paz con el Gobierno colombiano, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue el primero, declararon un cese al fuego bilateral temporal nacional que comenzó el 3 de agosto de 2023.
El EMC son disidentes de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se negaron a firmar el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC. A pesar del Acuerdo de Paz de 2016 con la mayor guerrilla de Colombia, el conflicto continuó con los disidentes de las EMC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados paramilitares y criminales de derecha.
Lo que es claro, como afirma Jomary Ortegon, abogada colombiana, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, es que el “movimiento de derechos humanos apoya los esfuerzos de paz del Gobierno, al tiempo que pide que se garantice la participación de las mujeres, las comunidades étnicas y las víctimas en todas las negociaciones de paz.”
El Gobierno actual introdujo la política de Paz Total, con el objetivo de entablar un diálogo con todos los grupos armados restantes. Estos grupos ilegales libran una lucha armada por el control de territorios y economías ilícitas con la población civil atrapada en medio. Se calcula que en 2022 el 15% de la población colombiana vivía en zonas bajo el control de uno o varios de los grupos armados ilegales.
La inseguridad afecta a una gran parte de la población y los civiles, tanto en zonas rurales como urbanas, están sufriendo un aumento de los niveles de violencia por parte de los actores armados, incluidos asesinatos, desapariciones, violencia sexual y desplazamientos y confinamientos forzosos, que afectan especialmente a las comunidades afrocolombianas e indígenas, con profundas repercusiones en las mujeres. El año pasado murieron 169 defensores de los derechos humanos en Colombia.
Según Louise Winstanley, Directora de Programas e Incidencia Política, ABColombia, “Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para ser defensor de los derechos humanos medioambientales. Los líderes comunitarios que defienden sus tierras y territorios y los derechos de sus comunidades, a menudo en zonas donde empresas multinacionales explotan recursos naturales, son quienes más a menudo corren peligro”.
La impunidad estructural ha contribuido a los continuos ataques contra los defensores de los derechos humanos, siendo insuficientes las medidas de protección proporcionadas por el Estado.
La Procuraduría General de la República recibió 43.394 denuncias por violencia sexual en 2021 y 114.727 denuncias por violencia intrafamiliar. La impunidad de los delitos contra las mujeres sólo sirve para perpetuar aún más la situación de violencia, y delitos como el feminicidio muchas veces no se registran, de los casos registrados más del 90% quedan en la impunidad.
Sin embargo, existen energías renovadas para implementar el Acuerdo de Paz de 2016, esto incluye un presupuesto específico para la Paz en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que es 36% más alto que en el gobierno anterior. También ha introducido una nueva política de Estado denominada Paz Total, que define la paz desde la perspectiva de la seguridad humana, centrándose en el desarrollo humano, la protección de las personas frente a amenazas como: la violencia, la delincuencia, el hambre, el desempleo, la represión, los riesgos ambientales, de acuerdo con la garantía de los derechos humanos que debe proporcionar el Estado.
*Claudia Navarro, responsable de Comunicaciones de ABColombia.
(Fotos: Pixabay)
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