El expresidente brasilero acumula investigaciones y procesos judiciales que van desde ofensas contra el sistema electivo y el funesto desempeño de su gobierno durante la pandemia de Covid-19 hasta los actos golpistas del 8 de enero.
Osvaldo Cardosa
El pasado 20 de octubre Policía Federal (PF) comenzó una operación sobre el supuesto espionaje contra miles de personas, incluidos magistrados, políticos, opositores y comunicadores, que habría sucedido durante el Gobierno de Bolsonaro (2019-2022).
Teniendo en cuenta una orden del Supremo Tribunal Federal (STF), la Operación Última Milla de la PF emitió 25 órdenes de búsqueda y otras dos de prisión preventiva contra dos exagentes de la estatal Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) Rodrigo Colli y Eduardo Arthur Yzycky. Otros cinco trabajadores de la ABIN, entre ellos, el tres en la jefatura (Paulo Maurício Fortunato Pinto), fueron separados de sus cargos mientras se investiga el origen de cerca de 172 mil dólares que les fueron decomisados.
La cruzada indaga el uso indebido, por funcionarios de la ABIN, del sistema de geolocalización de dispositivos móviles sin autorización judicial.
Por el momento, la fuerza del orden público aclaró que Bolsonaro no es blanco de escudriñamiento en el caso, pero los medios piden esperar a que termine de «halarse toda la soga».
El político ultraderechista perdió las elecciones de octubre pasado frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y, entre varios procesos, responde actualmente como sospechoso por alentar a partidarios, bajo gritos de intervención militar, a invadir y depredar el 8 de enero las sedes capitalinas del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto (sede del Poder Ejecutivo).
La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre estos episodios antidemocráticos aprobó el 18 de octubre la solicitud de enjuiciamiento de Bolsonaro y 60 más personas por la intentona golpista.
El contenido demanda que Bolsonaro sea acusado de los delitos de asociación criminal, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, de deponer gobierno legítimamente constituido y el empleo de medidas para impedir el libre ejercicio de derechos políticos.
«La democracia fue atacada. Las masas fueron manipuladas con discursos de odio. Milicianos digitales fueron empleados para diseminar el miedo, descalificar adversarios y promover ataques al sistema electoral», denunció Gama durante la lectura del informe.
Aseguró que «se intentó corromper, obstruir y anular las elecciones. Y usan la libertad de expresión para ahogarla».
El escrito apunta que Bolsonaro resulta «el autor intelectual y moral» de los hechos perpetrados contra instituciones en esa fecha, marcada en negro en la historia nacional.
Pese a que recientemente en el Tribunal Superior Electoral (TSE) se archivó el juicio de tres acciones contra Bolsonaro, el exuniformado sigue siendo objeto de otros 12 expedientes en curso en ese juzgado, además de haber sido condenado en un caso.
El frente legal del exmandatario en el TSE incluye 16 procesos en total. Por cinco votos a dos, la corte condenó en junio a Bolsonaro por abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación.
Durante una reunión con embajadores en julio de 2022 en el Palacio de la Alvorada (residencia oficial de la Presidencia), mintió acerca del sistema electoral y atacó sin pruebas a las urnas electrónicas.
La inelegibilidad por ocho años de Bolsonaro (hasta el 2030), determinada en aquella ocasión por el TSE, robusteció la posibilidad de que sea igualmente condenado por otros delitos. También se investiga si el exgobernante puso en jaque el resultado de las pasadas elecciones, antes y después del sufragio. Al uso de residencias oficiales con finalidad electiva, se añaden otras tres acciones que se tramitan en conjunto y analizan si el entonces presidente utilizó alguna durante la conmemoración oficial del Bicentenario de la Independencia en 2022, para promover su candidatura a la reelección. PL
(Fotos: Pixabay)
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