Las políticas de inmigración de la Comisión Europea y del Reino Unido, observadas a través de una lente despojada de sutilezas diplomáticas, revelan una realidad desconcertante, pues se corre el riesgo de descuidar el aspecto humanitario de la inmigración. Dichas políticas ejercen una influencia significativa en el tejido socioeconómico de las naciones.
Rola Zamzameh*
Recientemente, la Unión Europea (UE) y el Reino Unido (RU) introdujeron nuevas normativas de inmigración, cada una adaptada a los retos y oportunidades que plantea la inmigración. Desde luego, ello tiene implicaciones para las naciones involucradas y para la diáspora.
El planteamiento de la Comisión de la UE tiene en cuenta las preocupaciones humanitarias y el imperativo de un control eficaz de las fronteras, espoleado por la reciente crisis migratoria. Por ello ha puesto en marcha una amplia normativa para agilizar los procesos de inmigración. Un elemento central de estas políticas es el establecimiento de un sistema común de asilo, concebido para distribuir más equitativamente entre los Estados miembros las responsabilidades de acogida de refugiados.
Además, la UE hace hincapié en el refuerzo de los controles en las fronteras exteriores mediante una mayor cooperación con países no pertenecientes a la UE para abordar las causas profundas y reforzar la seguridad.
Los críticos argumentan que la naturaleza voluntaria del cumplimiento socava la eficacia de estas medidas, fomentando la preocupación por el parasitismo entre los Estados miembros.
No existen mandatos vinculantes, lo que pone en duda la capacidad de garantizar un reparto equitativo de la carga y puede hacer que la responsabilidad recaiga desproporcionadamente en los países de las fronteras exteriores.
Las asociaciones exteriores y los controles fronterizos, aunque abordan las causas profundas, son criticados por externalizar potencialmente la responsabilidad de ocuparse de los migrantes, permitiendo a las naciones más ricas distanciarse de los retos de primera línea. Persiste la preocupación sobre la capacidad de la UE para exigir el cumplimiento, dado el carácter voluntario del reparto de cargas y las posibles interpretaciones divergentes de las normas de asilo.
El carácter voluntario de estas medidas plantea dudas sobre su aplicabilidad y eficacia para lograr el nivel deseado de solidaridad entre las naciones.
Nueva políticas de inmigración en el RU
Simultáneamente, el Reino Unido ha experimentado un cambio significativo en su panorama de inmigración con las políticas posteriores al Brexit. (Muchos cuestionan esta nuevas políticas por considerarse muy duras para los inmigrantes)
Priorizando la migración cualificada, la nueva normativa británica establece un sistema basado en puntos que tiene en cuenta factores como la educación, la experiencia laboral y el dominio del inglés para atraer talento en consonancia con las necesidades económicas.
El abandono del principio de libre circulación supone un cambio de política respecto a la UE, que subraya la búsqueda por parte del RU de una mayor autonomía en la configuración de su destino en materia de inmigración.
Sin embargo, el cambio hacia un sistema basado en puntos ha suscitado críticas por las posibles desigualdades socioeconómicas, el descuido de los sectores menos cualificados y el riesgo de escasez de mano de obra en industrias esenciales.
Este enfoque selectivo puede crear lagunas en sectores como la sanidad y la agricultura, donde la mano de obra inmigrante desempeña un papel crucial. Además, unos criterios de entrada estrictos pueden obstaculizar la capacidad del Reino Unido para atraer una gama diversa de talento e innovación, limitando el dinamismo de la mano de obra. El abandono del principio de libre circulación, aunque proporciona autonomía, puede obstaculizar la colaboración, impidiendo el flujo transfronterizo de ideas, talento y recursos.
Comparación y crítica
La comparación de las políticas de la Comisión de la UE con la normativa del Reino Unido revela enfoques distintos que reflejan los retos y prioridades propios de cada entidad.
El énfasis de la UE en un sistema común de asilo y en el reparto de cargas demuestra un compromiso con la responsabilidad compartida y la interconexión. Sin embargo, el carácter voluntario de estas medidas plantea problemas de aplicabilidad y eficacia.
Por otra parte, el sistema de puntos del RU, aunque se ajusta a los objetivos económicos y a la migración selectiva, corre el riesgo de descuidar el aspecto humanitario de la inmigración.
Los críticos sostienen que este planteamiento puede provocar inadvertidamente escasez de mano de obra en determinados sectores que dependen en gran medida de trabajadores poco cualificados, lo que afectaría a industrias como la agricultura, la sanidad y la hostelería. Además, el abandono del principio de libre circulación refleja el deseo de soberanía del Reino Unido, pero puede obstaculizar las oportunidades de colaboración y acuerdos recíprocos con la UE. La posibilidad de que existan marcos normativos divergentes entre el Reino Unido y la UE suscita dudas sobre la eficacia de la cooperación transfronteriza y su repercusión en las empresas y los particulares.
La retórica de la UE sobre la responsabilidad compartida y la búsqueda por parte del Reino Unido de una migración centrada en la cualificación se revelan como débiles intentos que carecen de agallas para abordar los acuciantes problemas que se plantean.
Es hora de llamar a las cosas por su nombre y de reconocer las deficiencias de estas políticas, exigiendo una recalibración que sitúe el bienestar humano y la colaboración en primer plano.
Todo lo que no sea esto perpetúa un sistema que es fundamentalmente defectuoso, inhumano y, en última instancia, perjudicial para el tejido mismo de las sociedades que estas políticas pretenden proteger.
*Rola Zamzameh: Periodista senior de la Comisión y el Parlamento de la Unión Europea.
*La opinión del autor no expresa necesariamente la opinión de The Prisma.
(Traducido por Monica del Pilar Uribe Marin) – Fotos: Pixabay
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