Los resultados tras la medida excepcional aprobada por el Parlamento de El Salvador el 27 de marzo de 2022, como respuesta a un fin de semana con más de 80 asesinatos vinculados a pandillas, son innegables y positivos. La población se siente más tranquila, pero también hay preocupación.
Luis Beaton
La gente ya no siente temor a ser asesinada, extorsionada y presa en su propio país por la violencia. Por ello muchos recibieron con alegría cuando hace unos días la Asamblea Legislativa votó prorrogar el régimen de excepción por vigésima quinta ocasión. Además, al gobierno de Nayib Bukele le permitirá lograr su meta: acabar hasta con el último pandillero.
El salvadoreño común, el de a pie apoya esta acción aunque algunos lamentan que en su aplicación se vulneran derechos.
La presencia policial y militar aumentó durante su aplicación que suprime tres derechos constitucionales que tienen que ver con las telecomunicaciones y el derecho de defensa pero que, a la vez, permitió el arresto de cerca de 79 mil presuntos pandilleros y colaboradores de un total cercano a los 120 mil.
Las garantías “limitadas” permiten al Estado intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial, prolongar la detención sin audiencia de 72 horas a 15 días y no informar sobre las razones de capturas o restringir el derecho de defensa del detenido.
En su empeño por acabar con el fenómeno que afectó la vida de la población, contrajo la economía y colocó a El Salvador como uno de los países más violentos del mundo, el Legislativo reformó el Código Penal para aumentar de nueve a 45 años de prisión la pena máxima por pertenecer a pandillas.
El 26 de marzo de 2023, la Asamblea fijó reformas a la Ley contra el Crimen Organizado para que los cabecillas de pandillas puedan ser condenados a un máximo de 60 años de prisión y ya no a 45 años, algo que para analistas fue una señal de que se terminaron los presuntos “diálogos” con las cúpulas delincuenciales. Pese a la efectividad de la medida existen criterios de opositores y organizaciones de la sociedad civil contrario a su mantenimiento.
La organización Cristosal, por ejemplo, habla de más de 3.500 denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas supuestamente durante el régimen, entre capturas arbitrarias, torturas y otras agresiones.
Otros expresan preocupación por la ocurrencia durante de supuestas desapariciones forzadas, torturas y muertes arbitrarias bajo la custodia del Estado, tratos crueles e inhumanos, hacinamiento carcelario y criminalización de las personas que viven en la pobreza y sus efectos colaterales como gasto de la familia ante el encarcelamiento de parientes.
También hay quienes plantean que el régimen es una herramienta política para acallar a los opositores al gobierno, entre estos el sacerdote jesuita Rodolfo Cardenal, un crítico constante a través de Radio Ysuca, en la Universidad Centroamericana donde es director del Centro Monseñor Romero.
Cardenal ejemplifica que el ultimo cerco militar de miles de soldados y policías, en Chalatenango, “en realidad, es un escarmiento a una población desafecta al oficialismo. El motivo no es la seguridad, sino humillar y atemorizar. Los presuntos homicidas fueron capturados antes de tender el cerco y la zona bajo asedio está libre de pandillas desde hace bastante tiempo”, dijo.
A juicio Cardenal, el modelo de Bukele no persigue el crimen, sino disciplinar a una población insumisa. No pretende devolver una tranquilidad no alterada, sino inculcar miedo, criterio en el que coinciden otros expertos y analistas salvadoreños. PL
(Fotos: Pixabay)
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