El Establecimiento colombiano está en mora de auto depurarse, si quieren sus más visibles miembros recuperar la Casa de Nariño en 2026.
German Ayala Osorio*
Más allá de si el gobierno del presidente Gustavo Petro saca adelante las reformas sociales propuestas en su campaña electoral, se viene consolidando una narrativa que expone a la derecha como responsable de la incontenible corrupción público-privada, resultado de la previa captura mafiosa del Estado.
A la derecha le va a quedar muy difícil anular los impactos psico-sociales y culturales que ya deja en la conciencia colectiva esa narrativa que Petro y sus más fieles escuderos construyeron para legitimarse y develar la historia de un país cuyas autoridades civiles, militares, académicas y eclesiásticas vienen operando de la mano de un naturalizado ethos mafioso.
Quizás vaya a resultar exagerada la promesa del cambio que enarboló el petrismo en la medida en que modificar lo que ha estado mal durante más de 30 años es un imposible institucional, pero sobre todo, cultural.
Lo que no se puede ocultar es que hay una toma de conciencia en una parte importante de los colombianos alrededor de que la pobreza, la inequidad, la corrupción, la informalidad, la inseguridad en las calles y la violencia política es fruto de una derecha mezquina y corrupta que al capturar el Estado, dispuso de todas sus instituciones e instancias del poder para convertir al país en una finca al servicio de unos pocos.
En 2022 perdieron la Presidencia, pero conservaron instituciones públicas gracias a las redes clientelares que han venido tejiendo de tiempo atrás, lo que les permitió a sus agentes políticos y congresistas, manejar el erario a su antojo ante la ceguera de los organismos de control que han actuado sigilosamente para asegurar la vigencia de los clanes políticos tradicionales que suelen defender sus propios miembros, sus abyectos congresistas, con el concurso de la gran prensa colombiana.
Tienen aún en su poder a la Procuraduría General de la República, sectores de la Fiscalía General de la Nación y lo más probable es que tengan algunas fichas claves en las tres altas Cortes, en particular en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Cuentan, además, con las empresas mediáticas que apunta de tergiversaciones y mentiras le hacen creer a la opinión pública que antes del triunfo de Petro, vivíamos en un paraíso, algo así como la «Suiza de América Latina». Y, por supuesto, cuentan con el poder económico de los mecenas que por largos años financiaron las campañas al Congreso de quienes legislaron en contra de los derechos colectivos y en beneficio de particulares que se fueron quedando con las empresas del Estado.
La Fiscalía de Luz Adriana Camargo Garzón está en mora de retomar los procesos que acumulan polvo, en los que están involucrados poderosos agentes sociales, económicos y políticos inmersos en actos de corrupción y en crímenes asociados al fenómeno paramilitar.
La condena a la multinacional Chiquita Brands por parte de la justicia norteamericana debería servir de impulso para que la Fiscalía tome la iniciativa de acelerar todos los procesos relacionados con esos hechos que reposan en sus propias manos, así como los que están en los modelos de justicia transicional Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Lo mismo debería de suceder con el caso de Odebrecht, en el que están involucrados poderosos agentes sociales, económicos y políticos. Está claro que el actual gobierno no acudirá a la ONU para conformar la comisión internacional que investigue los casos más emblemáticos de corrupción público-privada acaecidos en el país en los últimos años. El Establecimiento estaría dispuesto a sacar del poder al presidente de la República, si de verdad está empeñado en cumplir con lo que prometió en campaña. Colombia no es Guatemala, aunque le urge vivir la experiencia que en su momento lideró el hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez.
Quizás para las elecciones de 2026 resulte valioso y de gran impacto electoral que una fuerza política agite la bandera de la revolución cultural soportada en la urgente necesidad de depurar la operación del Estado, la reconstrucción de una idea distinta de la que hasta al momento tenemos los colombianos de lo que son las instituciones públicas, muchas de estas puestas al servicio de los más privilegiados.
Una revolución cultural que de la mano de la industrialización del país y de unas relaciones distintas con los ecosistemas naturales, tracen los caminos que lleven a la sociedad a alcanzar la esquiva modernidad.
Plantear nuevamente la lucha contra la corrupción como bandera electoral será un error. Es una lástima que no haya un Centro político en el país capaz de confrontar al Establecimiento y que esté interesado en dar continuidad a las políticas sociales que dejará este gobierno progresista, al igual que los procesos que dejará caminando en torno a potenciar el campo y el tren como instrumento de un desarrollo sostenible que aún es tarea pendiente. Si ese Centro aparece y se consolida, deberá hacerlo sobre la base de que el Establecimiento debe auto depurarse si de verdad quieren sus fichas más visibles, recuperar la Casa de Nariño.
*German Ayala Oosorio: Periodista, escritor y politólogo, PhD en Regiones Sostenibles. Autor del blog La otra tribuna.
(Potos: Pixabay)
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