Según cifras oficiales, entre 2016 y los primeros meses de 2020, 191 mujeres fueron asesinadas bajo distintas circunstancias. Pero 87 casos despertaron el interés de autoridades y expertos por el grado de crueldad a la hora de perpetrar el crimen. Memorias de The Prisma.
Nubia Piqueras Grosso
A esta realidad se suma el grado de participación que cada vez más tienen las mujeres dentro del crimen organizado, fenómeno que por año cobra como promedio más de 400 vidas en la nación centroamericana, según un artículo del diario Panamá América.
La directora del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, Bélgica Bernal, sostiene que algunas de esas muertes violentas son resultado de la correlación que ellas tienen con algún miembro de grupos delincuenciales. De acuerdo con la especialista, el surgimiento de pequeñas organizaciones femeninas, especializadas en delitos como fraudes bancarios, clonación de tarjetas y extorsión telefónica, entre otros, está asociado al concepto de empoderamiento, igualdad y competencia con el hombre.
Sin embargo, la realidad es que muchas de las que están tras las rejas son utilizadas para pagar condenas de su pareja o familiares, al tiempo que otras son asesinadas en medio de un ciclo de venganzas por guardar relación con personas vinculadas a delitos, precisa la sicóloga.
Datos de la Dirección General del Sistema Penitenciario revelan que solo el 20% de la población delincuencial en Panamá son mujeres, pero cerca del 80% están arrestadas por trasiego de drogas, esconder mercancías, participar del menudeo y estar vinculadas a un miembro activo de un grupo criminal. “Si delinquen, les va peor, y son victimizadas doblemente, porque tienen hijos que no pueden criar y parejas que no pueden atender por estar cumpliendo condenas”, afirma Bernal.
El investigador social Gilberto Toro, asegura que las mujeres no son miembros activos ni importantes dentro de la estructura delincuencial, “son hermanas, madres, esposas o vecinas que tienen un valor sentimental para los miembros de las pandillas, lo que las hace blanco para venganza o mensajes de advertencias entre enemigos”.
Y es que en medio de la guerra entre bandas, ellas se llevan la peor suerte como el caso ocurrido en abril último al oeste de la capital panameña, donde una mujer y su hijo de tres meses fueron asesinados en medio de un ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales, a uno de los cuales pertenecía su pareja sentimental.
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stadísticas de la unidad de homicidio del Ministerio Público (MP) develan que las edades de las mujeres asesinadas en los últimos años oscilan entre los 18 y 36 años, porque “ser la pareja de un miembro prominente de una pandilla o del crimen organizado es atractivo para las jóvenes, sobre todo en aquellas que buscan reconocimiento sobre otras mujeres”.
Por otro lado está la violencia las acecha hasta dentro de sus propios hogares, el feminicidio, un fenómeno de vieja data en Panamá acrecentado en medio de la pandemia de Covid-19, que entre enero y junio del actual año acumuló 23 casos, 11 más con relación a igual periodo de 2019, según el MP. De esta forma, el 2020 se ubica como el segundo año con más víctimas fatales por violencia de género.
Más de 400 mujeres, entre ellas 200 por violencia doméstica, recibieron ayuda en Panamá desde el inicio de la cuarentena obligatoria por la Covid-19 el pasado 25 de marzo.
Según la jefa de asesoría legal del Instituto Nacional de la Mujer, Omaris Martinau, esta medida obligó a las víctimas a convivir con sus agresores, de ahí que la entidad habilitó dos líneas telefónicas para atender las denuncias y ofrecer orientación.
Ante la posibilidad de un aumento de estos casos, la Defensoría del Pueblo desarrolló la campaña informativa “Cuarentena sin violencia”, donde alertaron sobre la vulnerabilidad que pueden enfrentar mujeres y niñas en el hogar en medio del confinamiento domiciliario.
El ‘vacío legal’ impuesto por el Covid, tras las medidas de restricciones y cierres, dejó desamparadas a las víctimas de la violencia, y a muchas de ellas embarazadas con contratos suspendidos, trabajadoras informales o desempleadas. (PL) Octubre 2020.
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