La administración Trump persiste en denigrar, entorpecer y amenazar esta cooperación médica que lleva más de 55 años de solidaridad internacional y ha enviado más de 3.700 médicos a 39 países, entre ellos Italia, Francia y Reino Unido. Los ataques tienen una connotación muy preocupante en el contexto de la pandemia de Covid-19.
Aunque otros presidentes norteamericanos se empeñaron en sabotear esa colaboración con programas como el “Parole para Profesionales Médicos Cubanos” –que incentivaba la deserción de ese personal en servicio en el exterior–, Donald Trump incrementa las acciones y su diversidad.
El centro de la injuriosa campaña está enfocado en cuestionar la calidad de la formación profesional de los colaboradores cubanos, para horadar la confianza en estos y minar así los convenios internacionales establecidos, a la vez que califican los programas de cooperación como “trabajos forzados”, “esclavitud moderna” y “trata de personas”.
La acción mediática, dice la Cancillería, se combina con las presiones contra los Estados receptores de la ayuda sanitaria, para que prescindan de ella.
Como resultado, el Minrex señala el cese de los programas de cooperación en Brasil, Ecuador y Bolivia, que dejaron sin servicios de salud a millones de personas. Solo en Brasil, desde agosto de 2013 hasta noviembre de 2018, más de tres mil 600 municipios y 60 millones de brasileños se vieron afectados.
Según denuncio Minrex, en mayo de 2019, mientras se orquestaba una conferencia en la sede de la Organización de Estados Americanos, sobre los supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos por la isla en relación con la cooperación médica, la Embajada de Washington en Ecuador reclamaba información detallada sobre los convenios con Cuba. Cinco meses después, el Gobierno ecuatoriano término estos servicios de forma abrupta.
El golpe de Estado en Bolivia, en noviembre de ese año, puso en evidencia la instigación y participación de la Embajada estadounidense en La Paz, en actos hostiles contra los cooperantes cubanos, incluso de forma directa.
A todo se suma el haber incluido a Cuba, en junio de 2019, en la peor categoría del Informe sobre la Trata de Personas que elabora el Departamento de Estado norteamericano y la negativa de visas a funcionarios cubanos relacionados con la colaboración médica.
Con las elecciones presidenciales en EE.UU. en camino Cuba se convierte en un tema de campaña.
El Departamento de Estado y sus funcionarios no han cesado en sus ataques a la cooperación médica cubana, desde sus pronunciamientos en las redes sociales, en conferencias de prensa, documentos publicados y mediante acciones concretas.
En mayo se conoció que la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid), que suministra recursos a los programas de subversión contra el Gobierno de Cuba, destinaría 2 millones de dólares para proyectos dirigidos contra sus brigadas médicas.
Tal monto se uniría a los 3 millones aprobados en agosto de 2019.
En junio el secretario de Estado, Mike Pompeo, amenazó a la Organización Panamericana de la Salud, por su papel en los acuerdos del programa Más Médicos entre Brasil y Cuba; y presentó un proyecto de ley para castigar a los países que contraten servicios médicos cubanos.
La normativa, cuyo propósito es cortar los ingresos que por esa vía obtiene Cuba, considera a los Estados que mantienen esos vínculos como “cómplices de la trata de personas” y, por tanto, pueden ser sometidos a sanciones.
Ese paso vino acompañado de la inclusión de Cuba, nuevamente, en la lista de naciones que no hacen lo suficiente para luchar contra el tráfico humano. Pero dicho informe es elaborado en Washington por el Departamento de Estado sin la participación de organismos internacionales calificados, según denuncia La Habana.
Autoridades cubanas han declarado que técnicos y profesionales que participan en esos programas lo hacen “absolutamente de manera libre y voluntaria” y que durante ese tiempo continúan recibiendo íntegramente su salario en su país, además de un sueldo en el lugar donde laboran. (PL)
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