En tres décadas 450.664 personas fueron asesinadas y 7’752.964 fueron víctimas de desplazamiento forzado por culpa del conflicto armado. Masacres, desapariciones, secuestros, violaciones sexuales y despojo de tierras tuvieron como autores a paramilitares, guerrillas y miembros de las Fuerzas Armadas, entre otros. El Estado también porta su propia culpa. La Comisión de la Verdad documentó esa realidad.
Monica del Pilar Uribe Marin
Las increíbles -por inaceptables- cifras no terminan ahí: en esos treinta años (comprendidos entre 1985-2018) las fuerzas militares asesinaron a 6.402 civiles fueron (pero dijeron que habían muerto en combates), alrededor de 30.000 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por los grupos armados y más 50.770 personas fueron secuestradas.
También existieron miles de casos de violencia sexual, tortura, desaparición forzada, amenazas de muerte, masacres, detenciones arbitrarias, despojos, ataques a bienes protegidos, confinamientos, trabajos forzosos, extorsiones, atentados y otros delitos que se dieron en una Colombia cuyos campos sembrados con minas antipersona mutilaron o cegaron la vida de cientos de colombianos. Una Colombia donde las comunidades estuvieron amedrentadas, escondidas, despojadas de sus casas y sus tierras, llevadas a la miseria.
Esta realidad violenta transcurrida entre 1985 y 2017/18, es producto del conflicto armado vivido en Colombia y hoy está documentada de manera muy rigurosa en el informe final “Hay futuro si hay verdad” presentado por la Comisión de la Verdad la semana pasada en el país suramericano.
Dicho informe es histórico por ser el primer gran esfuerzo para lograr la verdad y buscar la reconciliación en un país inmerso en la violencia. Una violencia que se remonta a comienzos de los 60 y que continúa en nuestros días, así diferentes gobiernos se obstinen en el negacionismo, sobre todo cuando hablan del país en los escenarios internacionales.
Creada en 2017 en el marco del Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno de Colombia y las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, dedicó más de tres años para documentar los hechos, actores y razones de esta violencia y produjo un libro de más de cerca de 900 páginas, que incluye hallazgos, conclusiones y recomendaciones.
Para ello, como lo contó el día la presentación del informe el presidente de la Comisión, el padre Francisco de Roux, escucharon a más de 30 mil víctimas en testimonios individuales y encuentros colectivos “en 28 lugares donde establecimos Casas de la Verdad, en resguardos y comunidades afrocolombianas, en kumpañy gitanos y entre los raizales, así como en el exilio en 24 países.”
Realizaron 14.000 entrevistas y recibieron más de mil informes de la sociedad civil organizada. También escucharon a los expresidentes, intelectuales, periodistas, artistas, políticos, obispos, sacerdotes, pastores, fuerzas militares y comparecientes ante la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP). Además tuvieron reuniones “y actos de reconocimiento con los excombatientes de las FARC-EP, los miembros partido Comunes, exintegrantes de las demás guerrillas, los ex paramilitares del Pacto de Railito y otros responsables que están en las cárceles.”
El informe lo efectuaron junto a lo que la Comisión denomina sus aliados: víctimas y organizaciones de víctimas, comunidades, colectivos, instituciones públicas, organizaciones sociales y privadas, autoridades étnico-territoriales, comunidad internacional y personas provenientes de distintos sectores, profesiones y lugares. Un total de más de 3.300 aliados que se entregaron a fondo a hacer posible esa búsqueda de la verdad.
Del extenso documento, al que hay que dedicar buen tiempo de lectura y que posee testimonios desgarradores, además de declaraciones, datos necesarios y recomendaciones, se desprende que la gran víctima de este conflicto ha sido la población civil puesto que de cada 10 personas que murieron, ocho no tienen nada que ver con esa guerra, jamás habían empuñado un arma ni pertenecido a un grupo armado o al ejército.
También se desprende que según su pobreza, su género, su educación, su raza, su etnia y su geografía la violencia los golpeó con más brutalidad, sobre todo a las mujeres y, en general, a las minorías étnicas, los líderes sociales y los sindicalistas. Igualmente fueron víctimas ganaderos, policías, soldados, estudiantes y empresarios. Ellos sufrieron todas las violencias.
Dice de Roux que ante toda esa violencia el país no reaccionó. Y tiene razón. En Colombia no ha existido una sola generación que haya vivido en un país en paz y quizás por ello la muerte se volvió una costumbre, como lo es el que los autores directos o indirectos de tantos crímenes no solo los nieguen, sino que también hayan hecho lo posible para que la verdad siga oculta.
De hecho, el informe desató la ira de la ultraderecha en Colombia que lo ha tildado de sesgado, de no haber entrevistado a las víctimas de todos los lados (algo que no es cierto puesto que se recogieron testimonios de víctimas de guerrillas, paramilitares y ejército) y de buscar el desprestigio de las fuerzas armadas.
Esa posición viene del mismo presidente Duque quien dijo que él y el Gobierno nacional esperaban que el informe no estuviera “cargado de posverdad” y que “en el país no existen asesinatos de derecha ni de izquierda”. (Duque ha sido criticado por no haber asistido al lanzamiento, pese a la importancia histórica que este representaba. Estaba de viaje)
Las afirmaciones de Duque, así como los detractores de la Comisión de la Verdad, pierden peso precisamente con los resultados que arrojó el análisis que la Comisión realizó junto con la JEP y el Grupo de Análisis de Datos sobre Derechos Humanos (Hrdag). Para realizar un estudio riguroso cruzaron 112 bases de datos de distintas entidades para estimar el número de víctimas por desaparición y desplazamiento forzados, homicidios, secuestro y reclutamiento de menores. En ese trabajo investigativo también se estudiaron los patrones bajos los cuales se cometieron los crímenes. (Del Estado se tomó información de 17 de instituciones, entre ellas el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización; el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; JEP, la Procuraduría General de la Nación (PGN); la Policía Nacional y el Registro Único de Víctimas).
Dicho análisis permitió ver, por ejemplo, que las detenciones arbitrarias fueron dirigidas a un supuesto “enemigo interno”, a líderes sociales y a sindicalistas, quienes fueron objeto de persecución, amenazas y asesinatos.
Por otro lado, y como otro hallazgo, es claro que el narcotráfico lo ha transversalizado todo, y que es el que alimenta la guerra e impide que acabe, pues ha permeado a los paramilitares y grupos guerrilleros, a las actuales disidencias de las Farc, a los grupos delincuenciales, a los contrabandistas, a la banca, al mundo empresarial, a la política y a sus políticos.
El informe de la verdad contiene, como dijo de Roux, “verdades incómodas que desafían nuestra dignidad, un mensaje para todas y todos como seres humanos, más allá de las opciones políticas o ideológicas, de las culturas y las creencias religiosas, de las etnias y del género”.
Y también contiene recomendaciones, todas valiosas y ojala sean escuchadas. Algunas de ellas: Reconocer a las víctimas del conflicto armado en su dolor, dignidad y resistencias, reconocer la injusticia de lo vivido, y el trauma colectivo que compartimos como sociedad; construir la paz sobre la base de la implementación integral del Acuerdo Final de Paz; replantear el problema del narcotráfico y encontrar los caminos políticos, económicos, éticos y jurídicos de salida que permitan avanzar en la regulación del mercado de drogas y superar el prohibicionismo; y establecer una nueva visión de la seguridad para la construcción de paz.
Los integrantes de la Comisión han expresado su deseo de que se tome su legado, materializado en sus hallazgos, recomendaciones y aprendizajes, «como base de la reflexión y de la acción social y política respecto a asuntos fundamentales de la historia, del presente y de la posibilidad de la vida en comunidad hacia el futuro.»
Instan a ello porque ante un horror prolongado surgen preguntas definitivas, que plantea de Roux y que son las mismas que millones de colombianos se hacen: ¿Por qué el país no se detuvo para exigir a las guerrillas y al Estado parar la guerra política desde temprano y negociar una paz integral? ¿Cuál fue el Estado y las instituciones que no impidieron y más bien promovieron el conflicto armado? ¿Dónde estaba el Congreso, dónde los partidos políticos? ¿Hasta dónde los que tomaron las armas contra el Estado calcularon las consecuencias brutales y macabras de su decisión? ¿Nunca entendieron que el orden armado que imponían sobre los pueblos y comunidades que decían proteger los destruía, y luego los abandonaba en manos de verdugos paramilitares? ¿Qué hicieron ante esta crisis del espíritu lo líderes religiosos? ¿Qué hicieron los educadores? ¿Qué dicen los jueces y fiscales que dejaron acumular impunidad? ¿Qué papel jugaron los formadores de opinión y los medios de comunicación?
¿Cómo nos atrevimos a dejar que esto pasara y nos atrevemos a dejar que siga ocurriendo?
El informe final se puede leer en el portal de la Comisión de la Verdad.
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