La OCDE pidió investigar abusos contra los derechos humanos cometidos por los propietarios de la mina de carbón de Cerrejón, BHP, Anglo American y Glencore. También se presentaron denuncias paralelas en Irlanda contra una empresa de propiedad estatal para la compra de carbón y contra la sección de ventas de una empresa minera con sede en Dublín.
Múltiples Puntos Nacionales de Contacto (PNC) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) comenzarán el proceso de investigación de tres gigantes mineros internacionales, registrados en la Bolsa de Valores de Londres, BHP, Anglo American y Glencore y la empresa estatal de energía de Irlanda, la ESB, por graves abusos de los derechos humanos y una devastadora contaminación ambiental en la mina de carbón de Cerrejón en Colombia.
Se presentaron denuncias paralelas simultáneamente en Australia, Irlanda, Suiza y el Reino Unido por la Global Legal Action Network (GLAN) con el apoyo de una coalición de ONG colombianas, irlandesas e internacionales de derechos humanos y ambientales: Christian Aid, ABColombia, ASK, el Colectivo de Abogados ‘José Álvaro Restrepo’, CAJAR, la ONG jesuita Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente (AIDA).
Si tienen éxito, las tres empresas que conjuntamente son propietarias de la mina del Cerrejón tendrán que tomar medidas para cumplir con las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, incluyendo el cierre progresivo de la mina en su totalidad, y la restauración del medio ambiente.
En las denuncias contra los gigantes mineros también se pide la plena indemnización de las comunidades por los daños que han sufrido.
En las reclamaciones se expone la forma en que la mina del Cerrejón, una de las mayores minas a cielo abierto del mundo, está vinculada a la reubicación forzosa de comunidades indígenas y afrocolombianas y a la contaminación generalizada, persistente y extrema del aire y el agua en los alrededores de la mina.
La Corte Constitucional de Colombia determinó que existen altas concentraciones de metales nocivos, que pueden causar enfermedades como el cáncer, en la sangre de las personas que viven en las cercanías.
Las denuncias apuntan al incumplimiento por parte de Cerrejón de múltiples sentencias judiciales colombianas en su contra.
En septiembre, varios destacados expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas pidieron que se suspendieran algunas de las operaciones de la mina a raíz de una solicitud de intervención del pueblo indígena wayuu.
Los reclamos alegan que las empresas matrices de la mina Cerrejón, como sus copropietarios, son responsables, según las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, de los daños causados por sus operaciones.
También se han presentado denuncias separadas contra la Coal Marketing Company (CMC), con sede en Dublín, que es la comercializadora exclusiva del carbón de la mina colombiana, así como contra la Junta de Suministro de Electricidad de Irlanda (ESB), que ha sido una de las principales compradoras del carbón de la mina. En 2019, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial recomendó que Irlanda «considerara la posibilidad de dejar de comprar carbón de la mina del Cerrejón».
Las cinco denuncias se han presentado ante los Puntos Nacionales de Contacto pertinentes de la OCDE, que tienen la tarea de garantizar que las empresas cumplan las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.
El director de GLAN, el Dr. Gearóid Ó Cuinn, dijo: «Estas quejas paralelas en cuatro países diferentes apuntan a un incumplimiento sistemático de las normas básicas de derechos humanos desde la extracción, la comercialización y la compra de carbón del Cerrejón.»
Y agregó que «Los abusos de larga data en la mina han sido tan atroces que no hay forma de que las empresas respeten la legislación de derechos humanos y hagan negocios con el Cerrejón».
Sorley McCaughey de Christian Aid Ireland dijo: «Vemos el impacto que los abusos de los derechos humanos de las empresas están teniendo en todos los rincones del mundo y el caso de Cerrejón subraya la insuficiencia de las directrices voluntarias para las empresas multinacionales. Los gobiernos de todo el mundo, incluidos los del Reino Unido e Irlanda, deben introducir legislación obligatoria sobre derechos humanos y sobre la debida diligencia ambiental para que las empresas se aseguren de no socavar los derechos humanos de los trabajadores o de las comunidades en las que trabajan».
Rosa María Mateus Parra, abogada de CAJAR, una organización colombiana de derechos humanos y signataria de las denuncias, dijo: «Este es un ejemplo sorprendente del papel que desempeñan las grandes empresas multinacionales en el fomento de la injusticia. Los habitantes de La Guajira han soportado los enormes costos sociales y ambientales de la mina, mientras que el perjudicial carbón combustible fósil se exporta a todo el mundo en medio de la crisis climática y un pequeño número de empresas registran enormes beneficios».
Si se sostienen las denuncias presentadas en Australia, Suiza y el Reino Unido, se exigiría a los copropietarios BHP, Glencore y Anglo American que cierren la mina del Cerrejón y compensen a las comunidades afectadas por los daños que ha causado. Si se sostiene la denuncia separada en Irlanda contra la CMC, con sede en Dublín, se le exigiría que dejara de vender el carbón del Cerrejón. La denuncia fue presentada por Global Legal Action Network (GLAN), apoyada por Christian Aid Ireland, el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP), Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ (CAJAR), la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente (AIDA), ABColombia y ASK – Arbeitsgruppe Schweiz Kolumbien.
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