Ausencia de garantías, desconocimiento de pruebas practicadas por la Corte Suprema de Justicia durante la investigación por fraude procesal y soborno a testigos contra el expresidente colombiano, y lo que parece un intento por judicializar a quien es la víctima (senador Iván Cepeda), han sido algunas de las razones que motivaron esta vigilancia que quiere evitar la impunidad.
Los extraños giros que ha dado la investigación por fraude procesal y soborno a testigos contra el exmandatario han puesto en duda la objetividad y justicia con que se pueda resolver este caso que, inicialmente, estuviera en manos de la Corte Suprema de Justicia.
Dentro de lo que ha ocurrido durante dicha investigación penal, Uribe estuvo más de dos meses bajo detención domiciliaria por decisión, el 4 de agosto de 2020, de la Corte Suprema por encontrar “posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos…” Catorce días después, el 18 de agosto, renunció a su curul en el Senado buscando así salir de la jurisdicción de la Corte Suprema y que fuera otro ente el que le investigara.
Entonces el caso pasó a la Fiscalía general de la Nación. El fiscal, Francisco Barbosa, no solo es amigo del actual presidente de Colombia, Ivan Duque Escobar, sino también un simpatizante de lo que en Colombia se denomina el uribismo, corriente política de ultraderecha liderada por Uribe Vélez.
Tan pronto el caso llegó a la fiscalía, este fue designado al fiscal Gabriel Jaimes, quien ha pedido la libertad de Uribe, tal como lo han hecho los miembros del partido de ultraderecha Centro democrático. Incluso el mismo presidente de la República salió en su defensa, lo cual le ha generado duras críticas por extralimitarse en sus competencias.
A ello se suma no solo que la derecha controle a gran parte de los entes de control y mecanismo de supervisión, sino que además algunos medios de comunicación, abiertamente a favor del expresidente, han creado un ambiente en la opinión pública donde se ha cuestionado a la misma Corte Suprema y a quienes esperan que el político no quede en la impunidad.
Todo lo anterior ha hecho que la verdadera víctima del proceso, el senador Iván Cepeda, sienta que no posee las garantías procesales. (Iván Cepeda es defensor de los derechos humanos y activista por la paz que ha dedicado gran parte de su vida a los derechos para todos. También es representante de las víctimas y una de las autoridades morales más influyentes de la izquierda del país).
Sus temores son compartidos por juristas, políticos y activistas de derechos humanos dentro y fuera del país. Por ende, han surgido iniciativas que creen en la urgencia de vigilar de cerca el proceso para que el caso no se termine archivando y que Cepeda resulte judicializado.
Dentro de las iniciativas pueden, entonces, mencionarse una petición en Change.org solicitando “a la Corte Penal Internacional que investigue a Álvaro Uribe Vélez”, el hashtag #UribeDebeResponder, #NadiePorEncimaDeLaJusticia, diálogos con diferentes países y la conformación de una veeduría ciudadana en Colombia. Estas son, entre otras, algunas de las iniciativas que buscan impedir que el exsenador y expresidente colombiano quede en la impunidad.
A esta especie de movimiento, espontáneo y creciente, se suma ahora una Carta pública enviada al Fiscal General de Colombia anunciándole que diversas personas y organizaciones radicadas en diferentes países, se han constituido en una vigilancia internacional, frente al proceso que adelanta el ente acusador al exsenador Álvaro Uribe Vélez.
La misiva, fechada el 20 de febrero de este año, señala que “dada la trascendencia de este proceso, nos sumamos desde el exterior a la solicitud de plenas garantías para las víctimas reconocidas en este proceso, protección de los testigos, valoración de las pruebas entregadas a la Fiscalía por la Corte Suprema de Justicia y, por supuesto, aplicación de debida justicia.”
En la misiva le expresan «al señor Fiscal de Colombia que esta vigilancia internacional se ejercerá en función de evitar la impunidad y de asegurar la legalidad como principios esenciales y universales del ejercicio de la justicia”.
La iniciativa (que tiene el apoyo de la campaña Let’s Defend Colombia) ha surgido en diferentes segmentos de la sociedad colombiana e internacional, como dice una fuente, “cansados de ver que todo lo que atañe una investigación al exsenador, expresidente Uribe, como por arte de magia queda en impunidad. Son más de 200 casos con acusaciones en su contra que están congelados o a punto de precluir”. Al momento de escribir esta nota, la carta de veeduría ciudadana internacional había recogido cerca de 500 firmas de ciudadanos colombianos y extranjeros y diversas organizaciones, en tres continentes.
Dice la carta:
“Señor Francisco Barbosa
Fiscal General de la Nación
En nuestra condición de abogados, académicos, parlamentarios, religiosos, representantes de diversas organizaciones y demócratas de varios países del mundo, nos dirigimos a usted para informarle que nos hemos constituido en una vigilancia internacional al proceso que se adelanta en la Fiscalía contra el ex senador Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.
Dada la trascendencia de este proceso, nos sumamos desde el exterior a la solicitud de plenas garantías para las víctimas reconocidas en este proceso, protección de los testigos, valoración de las pruebas entregadas a la Fiscalía por la Corte Suprema de Justicia y, por supuesto, aplicación de debida justicia. Le expresamos al señor Fiscal de Colombia que esta vigilancia internacional se ejercerá en función de evitar la impunidad y de asegurar la legalidad como principios esenciales y universales del ejercicio de la justicia.”
(Siguen firmas)
Como reseña Página 12, el caso contra Uribe se remonta a 2012: “Durante un debate parlamentario el senador Iván Cepeda del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo relacionó a Uribe con el surgimiento del paramilitarismo en Antioquia y el auge del narcotráfico en el país. Ante esas acusaciones, el expresidente denunció a Cepeda ante la Corte Suprema por el presunto uso de falsos testigos. Sostuvo que había buscado a exparamilitares en las cárceles y los había convencido para que declararan en su contra. El entonces magistrado auxiliar de la Sala Penal de Colombia, José Luis Barceló, decidió en febrero de 2018 archivar la denuncia. Sin embargo, consideró que había elementos para abrir una investigación a Uribe por supuesta manipulación de testigos contra Cepeda”.
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