El avance de las fuerzas sociales y políticas progresistas en Latinoamérica y el Caribe parece confirmarse. A los gobiernos de Argentina, México, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba se añadirían pronto gobiernos de tendencia similar en Ecuador, Perú, Colombia y Brasil, tras el regreso de Lula.
Es una incógnita el futuro de Chile que aprobará una Carta Magna resultado de un intenso y prolongado movimiento popular contra el gobierno de Piñera y la actual constitución dejada por Pinochet.
No menos incierto es el panorama en Honduras tras las acusaciones de narcotráfico contra su actual mandatario aliado de Washington o el resultado final de las revueltas en Haití, apenas registradas en los medios de comunicación. Cualquier gobierno progresista en este continente tiene ante si complicados dilemas que resolver cuando se trate de decidir qué y cómo producir y, en consecuencia, cómo resolver el problema del consumo.
En el fondo, se trata de determinar hasta dónde es posible la democracia, es decir, que las decisiones gubernamentales satisfagan las exigencias de las mayoría sociales, en todos los órdenes.
Mantener, reformar o eliminar por completo el vínculo actual de estos países con el orden capitalista mundial es sin duda uno de los retos decisivos que determinan si el ejercicio de la soberanía nacional es factible o si estos países están condenados a ser una suerte de neo-colonias de las metrópolis.
Se trata de superar su condición de naciones periféricas, sometidas a una dependencia de los centros metropolitanos que las condenan a la pobreza y el atraso.
Se trata de que dejen de ser países prescindibles y sometidos a la voluntad de las transnacionales y al mandato de los países ricos y de las instituciones internacionales en la esfera política (la OEA y la misma ONU, por ejemplo), en la esfera económica (FMI, OMC, BM, etc.) y en la cuestión militar (OTAN, TIAR, y otras similares).
Si la correlación de fuerzas no es favorable lo normal es que esa relación neocolonial (la nueva forma de la globalización del capitalismo) apenas cambie.
Pero si esa correlación de fuerzas es ventajosa se genera un margen de acción que permite avanzar en el desmantelamiento del llamado “extractivismo” y superar la condición de simples suministradores de materias primas sin elaborar y de mano de obra barata a las economías centrales.
Revisar o eliminar los actuales tratados de libre comercio y dar prioridad a medidas proteccionistas es posible e indispensable. La hegemonía de Occidente está rota y nuevas potencias como China ofrecen la posibilidad de buscar nuevas relaciones económicas y mayor autonomía a la hora de tomar decisiones.
Estos países pueden y deben aprovechar las diferencias entre las potencias tradicionales y las emergentes.
En realidad el proteccionismo, en diversas formas, nunca fue abandonado por completo por los mismos países que han impuesto a los demás el moderno libre cambio; lo han practicado siempre y lo hacen ahora con mayor vigor.
Pero impulsar el mercado interno con un renovado “desarrollismo” no sería esta vez la tarea histórica de una fracción progresista de la gran burguesía criolla como sucedió en el pasado.
Lo sería de las clases asalariadas de la industria, el comercio y los servicios en alianza con la mediana y pequeña propiedad privada local, igualmente afectada por el modelo neoliberal pero sin dimensiones ni proyectos suficientes para encabezar este propósito nacional.
Los obstáculos no son pequeños debido al poder enorme de las metrópolis capitalistas y la activa oposición de la gran burguesía criolla y sus sectores sociales adherentes. Pero se trata de minorías que no pasan del 30% del electorado pero que se imponen, por un lado por la insuficiente organización de los sectores populares. Y por otro, por su inmenso control del sistema electoral y de los medios de comunicación, y porque cuentan con el apoyo de los cuarteles para reprimir la protesta social y para derribar gobiernos populares.
Sin embargo no es imposible conseguir que militares y policías se sumen a un proyecto nacional de progreso y democracia pues, excluyendo a ciertas capas de los militares, la inmensa mayoría de los uniformados pertenecen precisamente a los sectores populares.
La cuestión reside entonces en poder decidir qué producir en mayor volumen para satisfacer necesidades elementales de la población; qué producir menos, incluyendo una estrategia para sustituir (o excluir) paulatinamente aquellos que impactan negativamente en la naturaleza.
Desde esta perspectiva resulta esencial alcanzar con urgencia la soberanía alimentaria, diseñar una nueva política de relación con el mercado mundial, imponer limitaciones estrictas al consumismo (sobre todo de las clases adineradas y medias), y una gestión diferente de los recursos naturales, priorizando su reserva sobre su exportación masiva para garantizar que en el futuro dichos recursos estén disponibles para el propio desarrollo.
¿Por qué países metropolitanos, ricos en recursos como el petróleo, buscan por todos los medios hacerse con ellos en los países periféricos cuando ellos poseen inmensa reservas de los mismos? Una nueva y radical orientación en la producción también implica cambios drásticos en el consumo. A esto habría que agregar que este proyecto nacional de desarrollo va a ser objeto de enormes presiones por parte de los países metropolitanos del sistema aunque sus objetivos, en términos generales, no se aparten del modelo capitalista.
Pero, como no podía ser de otra manera, sí abren perspectivas nuevas para superar el capitalismo.
¿Acaso si las fuerzas sociales asalariadas y en general del trabajo nacional dirigen este proyecto lo deben hacer para favorecer un sistema que es la razón principal de su dura condición de vida y el origen mismo del atraso y la pobreza de las mayorías?
La democracia real sería, en primer lugar, que las mayorías sociales puedan decidir qué se debe producir y, en consecuencia, qué se ha de consumir para alcanzar la real emancipación nacional y la modernidad.
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