Las tensiones crecen en Chile. Desde octubre de 2019, la fuerza del pueblo hizo posible lo que muchos esperaron durante más de 30 años: la posibilidad de cambiar una constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Pierre Lebret*
Gustavo Gatica, un joven estudiante que perdió la vista cuando la policía le disparó durante una manifestación en noviembre de 2019 (como a casi 500 jóvenes chilenos), dijo a la agencia de noticias EFE: “Estoy decepcionado por la falta de condena internacional dado el nivel de represión que se viene gestando desde hace varios meses en nuestro país”. Este grito del corazón y de consternación debe hacernos reaccionar. No esperemos a que la situación se agrave aún más para condenar lo imperdonable. Hay que tener en cuenta que la carta magna heredada de la dictadura de Pinochet defiende un modelo neoliberal que ha hecho de Chile uno de los países más desiguales del mundo.
La elección de una Asamblea Constituyente y paritaria el 15 de mayo es un punto de inflexión histórico para el país.
Sin embargo, la represión nunca cesó. Desde la “primavera chilena”, las acusaciones por delitos comunes se volvieron sistemáticas para quienes se manifiestan contra el gobierno, estrategia digna de regímenes autoritarios.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y numerosas organizaciones de derechos humanos informaron y documentaron en repetidas ocasiones cientos de detenciones arbitrarias, decenas de casos de tortura y de violencia sexual cometidos por agentes de policía.
En un contexto de agudización de la crisis sanitaria, la oposición chilena pidió ayuda estatal directa y urgente para apoyar a las personas más vulnerables frente a la pandemia. El gobierno respondió negativamente, rechazando además para la población empobrecida la posibilidad de un tercer retiro anticipado de sus ahorros para la jubilación.
Con esta negativa que impide (sobre)vivir a miles de personas, el gobierno incluso va en contra de la intervención del Estado y sus subsidios, como se practica en otros países de la región.
Prohibir que los chilenos utilicen estos últimos recursos es servir a los intereses de los fondos de pensiones privados que los poseen, intereses a los cuales el presidente Sebastián Piñera y el gobierno están subordinados.
Los más vulnerables, por tanto, se encuentran aún más desfavorecidos. La falta de ayuda es vista como una injusticia más, contra la cual se moviliza el movimiento social.
La indolencia del gobierno ante un pueblo que sufre y el recrudecimiento de la represión no hacen más que profundizar la polarización política en el período previo a las elecciones, cuyo buen desarrollo es crucial para el futuro de la sociedad chilena.
Frente a esta situación denunciamos enérgicamente la represión del gobierno chileno contra su propio pueblo.
Asimismo rechazamos la incautación del dinero de los trabajadores por parte de los líderes del sistema de fondos de pensiones privatizado, lo cual está provocando una crisis humanitaria masiva que afecta al pueblo chileno. Exigimos que Francia, a través de su canciller Jean Yves Le Drian, condene enérgicamente las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Sebastián Piñera y las fuerzas policiales chilenas.
No defraudaremos a un pueblo amigo ante la brutalidad de un presidente que perdió la razón. Queremos expresar toda nuestra solidaridad con el pueblo chileno, como fue el caso durante la dictadura de Pinochet.
Firmaron la denuncia Olivier Faure, diputado y primer secretario del Partido Socialista de Francia; Jean Luc Romero, consejero, vicealcalde de París encargado de los derechos humanos, la integración y la lucha contra las discriminaciones y Ian Brossat, vocero del Partido Comunista Francés y vicealcalde de París.
También Mathilde Panot, diputada y vicepresidenta del grupo parlamentario La France Insoumise de la Asamblea Nacional; Geneviève Garrigos, consejera de París y Sergio Coronado, diputado.
Rubricamos la denuncia, entre los que me encuentro, además, Sylvain Pablo Rotelli, académico en sociología política IEDES París 1; Maria Paz Santibañez, pianista concertista, exagregada cultural de Chile en Francia (2014-2018); Vincent Ortiz, redactor jefe adjunto medio Le Vent Se Lève y Thomas Lalire, realizador del documental ‘La Résidence’.
Igualmente Olivier Compagnon, académico e historiador de la Universidad Sorbonne Nouvelle (IHEAL); Juan Pablo Pallamar, académico, doctor en Geopolítica París 13; Erika Campelo, responsable asociativa, copresidenta de Autres Brésils; Sebastien Gricourt, experto de la Fundación Jean Jaurès y Cédric Van Styvendael, alcalde de Villeurbanne.
* Pierre Lebret: Cientista político, latinoamericanista, experto en cooperación internacional. (PL)
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