Expuesto para depurar responsabilidades por la muerte de 130 personas en el centro del Mediterráneo. Reconstrucción de los hechos por parte de Border Forensic.
El 22 de abril, 130 personas perdieron la vida frente a las costas de Libia.
Para averiguar la posible relevancia penal de la conducta que configuró el naufragio, los representantes de algunas organizaciones y algunos abogados [el Comitato Nuovi Desaparecidos, la Fundación Open Arms, la Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione Asgi, Alarm Phone, Mediterranea Saving Humans, Arci, Progetto Diritti y, por su cuenta, el senador Gregorio De Falco, los abogados Alessandra Ballerini, Emiliano Benzi, Michele Calantropo, Stefano Greco, Serena Romano, Arturo Salerni] han presentado una denuncia dirigida a la Fiscalía de Roma.
Border Forensic ha reconstruido recientemente la historia en un documento recién publicado, que puede encontrar aquí.
Es fundamental centrarse en el papel específico de los actores públicos y privados, nacionales y europeos, que operan en el Mediterráneo central y que, con su comportamiento activo u omisivo, contribuyen de forma decisiva a configurar los naufragios. Es necesario repasar brevemente algunos de los hechos más destacados ocurridos entre el 21 y el 22 de abril para dar un sentido político a otra muerte colectiva en el mar y reflexionar sobre las responsabilidades de las instituciones implicadas.
Gracias a Alarm Phone hay noticias puntuales de las dificilísimas condiciones en las que, desde el 21 de abril, navegaba la embarcación con 130 personas a bordo.
A partir del primer contacto telefónico entre la embarcación y los activistas, los operadores de Alarm Phone realizaron múltiples intentos para que las autoridades actuaran para llegar a la balsa y salvar a las personas.
Siguió una dramática serie de llamadas telefónicas entre las personas a bordo y los operadores, en las que los migrantes relataban el rápido empeoramiento de las condiciones del mar, el pánico a bordo y el agotamiento de las baterías.
Alarm Phone trató incesantemente solicitar el rescate, pero las autoridades italianas y maltesas no tomaron ninguna medida funcional para el rescate, ni los llamados guardacostas libios rescataron a las personas. Alarm Phone también intentó ponerse en contacto con el armador del buque mercante M/V Bruna, que navegaba no muy lejos del bote, pero la embarcación privada tampoco acudió al rescate.
Al empeorar aún más las condiciones de navegación, Alarm Phone intentó solicitar la intervención de Frontex, que con su avión con base en Lampedusa podría facilitar la identificación de la lancha, pero una vez más la petición de los activistas no tuvo respuesta.
El agotamiento de las baterías impidió seguir comunicando con las 130 personas.
El barco Ocean Viking, que intervino para intentar el rescate, dio con los cuerpos perdidos en el mar el 22 de abril.
Es realmente difícil hablar de tragedia si el hecho final – 130 personas que yacen sin vida en el mar – es el producto preciso de la falta de intervención de múltiples actores, públicos y privados.
A la autoridad judicial le corresponde determinar la dimensión penal de las autoridades implicadas. A todos nosotros, sin embargo, nos corresponde la tarea igualmente importante de tomar posición ante otra muerte colectiva en el mar.
Este naufragio -como la larga serie de sucesos similares que lo precedieron- no es el resultado de la casualidad, no es políticamente neutral.
Es el producto preciso de las acciones y políticas de las instituciones italianas y europeas. Tenemos la responsabilidad histórica de seguir repitiéndolo en todos los foros útiles: es esencial invertir la lógica que gobierna el Mediterráneo central y preparar, rápida y eficazmente, operaciones de rescate estructural y público en el mar.
Artículo publicado por Alarma Phone.
(Traducido por Mónica del Pilar Uribe Marín) – Photos: Pixabay
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