La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), una orden ejecutiva emitida por el expresidente Barack Obama cumplió diez años en medios de postergaciones y amenazas.
La iniciativa fue lanzada por la Casa Blanca para otorgar permisos de trabajo y amparo de la deportación a miles de jóvenes indocumentados que llegaron antes de 2007.
En años posteriores, el Congreso no reguló por ley lo que sería parte de una dilatada reforma migratoria, pues la última fue aprobada bajo el gobierno del republicano Ronald Reagan en 1986, o sea, que en noviembre serán 36 años sin que el poder legislativo se pronuncie.
Los Dreamers son los 2.1 millones de jóvenes en condición de indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y actualmente hay aproximadamente un millón de ellos que se benefician de esta acción diferida, establecida por Obama en 15 de junio de 2012, pero qué será de los otros, se preguntan hoy expertos y activistas comunitarios.
Recientemente, durante una excluyente Cumbre de las Américas, la Casa Blanca y 19 países firmaron un plan contra la inmigración irregular pero, como muchas de las cosas incluidas en ese foro limitado, son solo promesas de difícil concreción, más cuando en Estados Unidos hay una polarización política.
Analistas consideran que el Gobierno del presidente Joe Biden intenta detener la inmigración irregular bajo tres ejes: ofrecer más oportunidades, ampliar número de asilados y reforzar las fronteras, lo conseguirá o no, es dudoso.
Por otra parte, un reciente análisis suscrito por Maribel Hastings y David Torres, de American Voice, y publicado en el diario La Opinión, de Los Angeles, California, abordó el problema que enfrentan los llamados “soñadores”.
Una década después, DACA enfrenta muchos escollos legales y, de hecho, un fallo judicial lo limita a renovar permisos y a no aceptar nuevas solicitudes, agregan los expertos.
Son alrededor de 100 mil los jóvenes que se graduarán de preparatoria este año sin la posibilidad de obtener un permiso de trabajo, una situación que complica su realidad inmediata, la de sus familias y la de sus vecindarios.
En su análisis general en este aniversario de DACA, Hastings y Torres afirman que no hay sensibilidad en el Congreso.
Se citan mil estudios sobre los beneficios para el país de legalizar la mano de obra indocumentada; hay lamentos porque los llamados Soñadores siguen sin legalizarse y porque la protección temporal que recibieron hace una década está en la cuerda floja en los tribunales, aseguran.
Esas pesquisas recuerdan “que incluso las manos que recogen y procesan nuestros alimentos, los trabajadores agrícolas, no tienen documentación, en su mayoría”.
Los republicanos se van a la frontera a montar un teatro sobre la “crisis” que hay, aseguran que estamos siendo “invadidos”, pero son los primeros en bloquear proyectos de ley que buscan reformar las leyes de inmigración en sus diversas manifestaciones: frontera, asilo, indocumentados, entre otras, dijeron los expertos.
Esas posiciones promueven la agenda antiinmigrante, y hacen retroceder a EE.UU décadas los derechos civiles, para volver a invisibilizar a las minorías, sobre todo a los inmigrantes afrodescendientes. Pero, los dreamers tienen algo a su favor, aportan más de 40 mil millones de dólares al año al Producto Interno Bruto, lo cual se traduce en casi seis veces más que los siete mil millones de dólares que DACA le cuesta a Estados Unidos. (PL)
(Fotos: Pixabay)
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