La fascistización de la vida política y el debate mediático populista se extienden por el conjunto de Europa como si de una nueva pandemia se tratara. Y continuará creciendo hasta que afecte a la mayor parte del continente, o al conjunto de la comunidad internacional, y entre en una fase de agotamiento y debilidad.
Miguel Ángel Ferrís
(Corresponsal en París)
Tras los recientes contagios masivos en Italia, Grecia y España, ahora el contexto explosivo agravado durante décadas en Francia, pone en riesgo a la propia V República y, si no se halla el remedio adecuado, a la misma Unión Europea.
Después del asesinato de Nahel M, por pate de la policía francesa y de la previsible e inmediata respuesta de las mayoritarias poblaciones inmigrantes de origen magrebí y subsahariano de los barrios de la Banlieue de Paris, el Ministerio del Interior francés intentó fabricar una coartada que justificara lo que fue uno más de los últimos 16 homicidios legales ocurridos en controles policiales o persecuciones posteriores.
Estos “errores humanos” se han cuadruplicado desde que en 2017 se aprobó la Ley que permite ampliar y oscurecer las condiciones para el uso de armas de fuego por parte de los cuerpos de Seguridad Nacional.
Las imágenes grabadas por un testigo fortuito, inicialmente temeroso de las nuevas leyes que protegen la identidad de los agentes para acrecentar la impunidad legal, dieron un giro de 180 grados a la estrategia del gobierno de Macron. Primero se dio a la justificación mediática, luego la inculpación judicial de la víctima y de su compañero en paradero desconocido, y después una discreta represión de las manifestaciones públicas de protesta por todo el país.
El profundo malestar que existe en las cités y barrios populares, cuyos habitantes sufren la gentrificación y mala calidad de sus viviendas, la discriminación laboral y mayor tasa de desempleo, los controles “ad facies” arbitrarios en la calle y el desprecio del presidente Macron y de buena parte del arco político conservador francés y sus medios de difamación, ha provocado las condiciones adecuadas para la que se considera la mayor revuelta de los barrios periféricos desde 2005.
Tras los estallidos sucesivos de los Chalecos Amarillos, con miles de heridos, arrestados y encarcelados, y de las recientes protestas contra la reforma de las Pensiones, que se extendieron por más de 300 localidades durante tres meses con una durísima represión gubernamental, las brasas no fueron más que reavivadas por la dimensión racial de la violencia policial.
Hoy tanto el alcalde de Nanterre, como el tejido asociativo, los partidos de izquierda y la France Insoumise (FI), exigen que exista un proceso penal justo con un tribunal independiente, que se derogue inmediatamente la Ley antiterrorista de 2017 y que se convoque a la Asamblea Nacional para debatir a fondo los sucesos y las causas de la cólera social y se adopten verdaderas soluciones a los temas de fondo.
Por su parte, las derechas francesas -que repiten las tesis de la ultraderecha de Zemmour sobre el ‘Gran reemplazo’ (llamado también ‘genocidio blanco’)- están realizando, con la complicidad de los principales sindicatos policiales, llamamientos a una respuesta armada y civil que detenga las protestas.
Sin embargo, la respuesta del gobierno, tras la tempestad de las revueltas mayoritariamente de jóvenes de origen familiar o condición inmigrante, es la de llamar a la calma a través de reconocidos personajes mediáticos, pero al mismo tiempo activar el “modo represión”. Éste incluye medios de intervención militarizados que sólo se utilizan cuando se ha logrado construir el relato de un “enemigo interno”, como ha sido el caso de los atentados yihadistas o como en su día lo fueron las protestas pro-independentistas argelinas ahogadas a sangre y fuego en los años 50 e inicios de los 60.
En el complicado rompecabezas que constituye la realidad política francesa, las élites económicas que dirigen el país, en previsión de un mayor desgaste de su primera opción, la del desacreditado e impopular presidente Macron, se disponen a jugar la carta de un ascenso mediático y electoral de la ultraderecha, similar a lo que han promovido en otros países europeos.
Un buen símbolo de ello es la sustitución del director del prestigioso semanario Journal du Dimanche (JDD) por un periodista de la extrema derecha y autor de la propia biografía de Zemmour.
La huelga mantenida por la totalidad de la plantilla pretende evitar una nueva imposición de los intereses de grupos financieros conservadores sobre la profesionalidad de un medio periodístico de larga trayectoria.
En este tiempo se está desarrollando la “Crónica de una revuelta anunciada” en la que desde 2005 no se ha avanzado apenas para evitar su repetición.
El incremento a 240.000 efectivos policiales, decenas de miles de euros suplementarios en renovación de materiales antidisturbios, el aumento de las medidas legales y judiciales para reprimir las protestas y la persecución y estigmatización de las organizaciones antirracistas y ecologistas del país tratadas como verdaderas amenazas terroristas, no deja esperanza para una resolución de las grandes fisuras en la cohesión social y las libertades ciudadanas del país que alumbró en su día el mundo con los avances en Democracia y derechos colectivos más importantes del planeta.
(Photos: Pixabay)
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