La pregunta está en boca de muchos: ¿Cómo un pequeño país sudamericano, considerado hasta hace poco como una “isla de paz” ha llegado a la situación de violencia, corrupción y crimen organizado que actualmente vive?
Juan J. Paz-y-Miño Cepeda
Varios factores que contribuyen a comprender las nuevas realidades de inseguridad y violencia en el pais suramericano. Uno de ellos, el triunfo del modelo empresarial neoliberal.
Sus rasgos centrales quedaron definidos en las décadas finales del siglo XX, con gobiernos subordinados a los intereses privados y al capital transnacional. Su vigencia se interrumpió entre 2007-2017 con el modelo de economía social que afirmó el gobierno de Rafael Correa. Pero revivió con Lenín Moreno (2017-2021) y se profundizó con Guillermo Lasso (2021-2023), con quien el modelo asumió características oligárquicas.
Las condiciones humanas, sociales y laborales solo se deterioraron. Bajo el dogma de reducir el tamaño del Estado, cayeron el gasto y las inversiones estatales, las infraestructuras existentes fueron descuidadas y varias colapsaron, los servicios públicos se derrumbaron, afectando educación, salud y seguridad social.
Hay suficientes datos para comprobarlo en CEPAL, FMI, BM, PNUD, OIT y los informes y estadísticas nacionales. ¿Qué opciones tiene un 70% de la población activa ecuatoriana que es pobre, desocupada y subocupada para sobrevivir sin atención ni del Estado ni de la empresa privada? Aun asi, Moreno introdujo, además, la persecución al “correísmo” (simpatizantes de Rafael Correa), desmantelando cualquier herencia del anterior presidente.
La institucionalidad se desarticuló, lo que incluyó al sistema de seguridad ciudadana Las cárceles pasaron a ser controladas por bandas que disputaron poder, dirigían operaciones externas y buscaban control de territorios.
También hay que considerar el surgimiento y reordenamiento de las fuerzas delictivas.
De acuerdo con Fernando Carrión, reconocido académico en el tema, las condiciones para ese crecimiento se produjeron durante la pandemia del Covid-19, pues hubo: desplazamiento del negocio de la cocaína de Colombia al Ecuador, provisión de armas peruanas, integración de bandas locales a la “red global del crimen” (“holding”) con carteles y mafias (mexicana, albanesa, brasileña, italiana, etc.), migración de grupos delictivos al país, facilidades de la dolarización, “lavado” de dinero ilícito (representa unos 3.500 millones de dólares – 3% del PIB-, de los cuales el 75% va a la economía legal de bancos, construcciones, empresas, compra/venta de bienes.
Se calcula que 25 grupos integran a unas 50 mil personas. Jóvenes entre 15 y 24 años (un 20% de la población), que no tienen empleo ni estudian, son fácilmente captados por las mafias. Se suma el derrumbe del precio internacional de la cocaína por el desplazamiento que está produciendo el fentanilo.
De acuerdo con Jorge Paladines el problema estalló desde las masacres carcelarias; y para Regina García Cano, incluso existe una disputa por el control de los embarques de banano, producto de mayor agroexportación del Ecuador, con el propósito de camuflar el envío de drogas.
La coyuntura para el narco-golpe surgió cuando el gobierno de Noboa intentó controlar las cárceles, dos líderes de las organizaciones delictivas que fueron apresados lograron fugarse, y hubo el intento de traslado de reclusos a cárceles más seguras, contra todo lo cual reaccionaron las bandas.
En siete años la ciudadanía experimentó el crecimiento de los asaltos diarios, los secuestros, las “vacunas”, las extorsiones, los asesinatos, la indefensión e impotencia frente a gobiernos indolentes y un Estado incapaz de poner freno a la delincuencia. El anticorreísmo sostiene que todo es “herencia” del gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, los datos disponibles (INEC y Policía Nacional) y varias estadísticas dan cuenta del ascenso de muertes violentas de una tasa del 12.4 víctimas por 100 mil habitantes en 1997 hasta 17.1 en 2007 (primer ciclo neoliberal), para enseguida bajar sostenidamente hasta 5.8 en 2017 (ciclo progresista) y volver a ascender, en forma históricamente inédita, hasta 26.2 en 2022 y terminar en 46 en 2023 (segundo ciclo neoliberal), más de cinco veces frente al índice dejado por Correa.
Fue en 2020 cuando Ecuador pasó a ser uno de los más peligrosos y violentos del mundo. La penetración en el Estado subió a tal punto que el embajador de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, llegó a señalar que el narco ha penetrado en el sector público, la justicia, sectores privados, e incluso habló de “narcogenerales”.
Otro factor es político.
El anticorreísmo no ha dejado de culpar al gobierno de Correa de haber “pactado” con las mafias, permitir su desarrollo y el negocio narco.
Pero la historia va por otro lado.
A quienes vivieron la época y pueden comparar lo que sucedía antes y después se suman los datos empíricos, el reconocimiento por los resultados antidrogas, diversos estudios, artículos académicos y tesis universitarias. Entre otros, también hay un informe del BID analizando las razones determinantes para la reducción de los homicidios en un 63% durante el “correísmo”. Es un mito que la base de Manta (1999-2009) era un apoyo irrenunciable y esencial, pues durante su vigencia los índices de crímenes violentos fluctuaron entre 18.2, la tasa más alta, y 13.8, la más baja (INEC/MDI, Dir. Evaluación y Economía de la Seguridad) y servía más a los objetivos del “Plan Colombia”.
Desde luego, no se trata de suponer un “paraíso” correísta, ni mucho menos, pero es evidente que durante los gobiernos de Moreno y Lasso quedó afectada la democracia y rota la economía social, la seguridad interna y la institucionalidad basada en la Constitución de 2008. Al presidente Daniel Noboa le tocó afrontar el estallido de la delincuencia, convertido en noticia mundial.
Noboa acudió primero al Estado de Excepción y, ante la insurgencia de hace dos semanas, dictó el Decreto 111 (9/Ene/2024) que reconoce la existencia de un “conflicto armado interno”, enumerando a 22 organizaciones “terroristas” que pasan a ser objetivos militares.
Pero los ubica como “actores no estatales beligerantes”, lo que ha provocado serios cuestionamientos jurídicos, pues implica que, paradójicamente, se sujetan a normas internacionales relativas a la guerra.
Al mismo tiempo, no hay dudas en el país sobre la necesidad del combate a una delincuencia que desborda amenazas, acciones y viola derechos humanos.
Por eso, invocando la necesidad de “unidad nacional”, en respaldo a Noboa han acudido las diversas funciones del Estado, las fuerzas políticas y las organizaciones sociales. Recibió el apoyo de distintos gobiernos. Y captó un contundente y generalizado apoyo ciudadano, donde florece la ilusión por contar con un “Bukele” sudamericano.
Hoy toman mayor sentido y alcance las conocidas declaraciones de la jefa del Comando Sur y las perspectivas de “colaboración” militar con Ecuador, utilizando un acuerdo reservado suscrito con el gobierno de Lasso en octubre/2023 (todavía sujeto al pronunciamiento de la Corte Constitucional), que incluso facultaría el envío de tropas para combatir al narcotráfico, bajo condiciones absolutamente privilegiadas. Se revive el concepto de “guerra interna” (propio de la doctrina de la Seguridad Nacional del pasado) para dirigirlo contra el crimen organizado, pero con el peligro de que lleve a un conflicto interminable, que podría derivar en “falsos positivos” o a la extensión de la idea de “enemigos” a otros sectores, especialmente populares, bajo un ambiente de militarización generalizado contra cualquier “terrorismo”.
La estrategia asumida por el gobierno de Noboa es la de “mano dura”. Sin embargo, las experiencias en México, Colombia o El Salvador dan cuenta de que eso no basta.
El país requiere, paralelamente y en forma urgente, una “mano sabia”, capaz de abatir el abismo entre ricos y pobres, promover el trabajo digno, redistribuir la riqueza, fortalecer al Estado, universalizar servicios de educación, salud y seguridad social, cobrar impuestos a los ricos y a los evasores, sujetar la empresa privada a los intereses nacionales, desarrollar políticas soberanas y latinoamericanistas. PL
(Fotos: Pixabay)
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