La universalización de la educación fue logro del expresidente Evo Morales en Bolivia y ahora, mediante un decreto supremo aprobado por el gobierno de facto, no beneficiará a toda la población.
La universalización de la educación constituía uno de los 13 pilares de la Agenda del Bicentenario (2025), programa político presentado por el Movimiento Al Socialismo, liderado por Evo Morales, para las elecciones del 20 de octubre de 2019 y por la que votó la mayoría de los bolivianos.
El presupuesto del Estado pasó de unos 500 millones de dólares en 2005, a alrededor de tres mil millones de dólares en 2018, según datos del Ministerio de Educación durante el gobierno del líder aymara. Especialistas aseguraron que ese incremento de la inversión le permitió a la nación sudamericana posicionarse entre los primeros países de la región que más invierte en el tema educativo.
De acuerdo con un informe de la gestión gubernamental de los últimos 12 años, en 2017 el gasto ejecutado en ese sector alcanzó el 9% del Producto Interno Bruto, el segundo más alto en América Latina y el Caribe después de Cuba (12,8%).
Asimismo, la tasa de analfabetismo se redujo luego de la aplicación de los programas de alfabetización y postalfabetización. De 2009 a 2017, ambos proyectos beneficiaron a 126 mil 709 personas.
Por otra parte, hasta octubre pasado, un total de 19 mil adultos mayores de 60 años fueron beneficiados con esos programas educativos donde cumplían una doble función al ser estudiantes y a la vez convertirse en maestros porque con sus saberes y conocimientos abordaban temas de salud, medio ambiente y producción. Sobresalía también que 430 niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad grave y muy grave eran atendidos por el programa gubernamental ‘Educación Socio-Comunitaria en Casa para Personas con Discapacidad’, integrado por profesores con computadora y material escolar.
Datos oficiales revelaron que esa iniciativa fue creada mediante el Decreto Supremo 2980, del 21 de septiembre de 2016, y entre las materias impartidas estaba lenguaje, matemáticas, historia y ciencias naturales.
En 2002 la matrícula de estudiantes con discapacidad en Bolivia era de cuatro mil 252 y, al cierre de 2018 esa cifra se incrementó a 22 mil 251, entre ellos 500 personas que recibían clases en sus viviendas.
Pero hoy todo ha cambiado
El Reglamento General de la enseñanza a distancia como una de las medidas para enfrentar la pandemia de la Covid-19 fue aprobado el 6 de junio pasado como Decreto Supremo 4260 y en sus 11 artículos deja al descubierto las ineficiencias de las actuales autoridades en el sector.
Para Luis Alberto Callapino López, profesor en Políticas de Formación Docente, es evidente la falta de coordinación del Ministerio de Educación con sus diferentes instancias para producir textos y materiales audiovisuales con vistas a la distribución, teniendo en cuenta las limitaciones tecnológicas y de acceso a internet en algunos lugares. Callapino López dijo al diario La Razón que según lo establecido en el artículo ocho de la cuestionada normativa, los estudiantes tendrán que seguir esperando por el resultado de la obra intelectual de maestros e incluso de sus mismos compañeros.
Lamenta que la plataforma educativa para la educación virtual entre sus exigencias mínimas requiera de un servidor, software de gestión académica, foro de educación, entre otras, que en la actual crisis económica que presenta el país es difícil de implementar.
Señala el académico que el Ministerio se quita toda responsabilidad de garantizar el acceso a la educación de calidad e igualdad de oportunidades, y deja esa decisión a las autoridades departamentales y distritales del sector, así como a las gobernaciones y alcaldías.
Falta un marco jurídico para respaldar las evaluaciones de los maestros en la modalidad a distancia y la rigidez en la superación profesional, donde sólo es válida la capacitación promovida y autorizada por el Ministerio de Educación.
El descontento del magisterio y la gente en general en ciudades y zonas rurales es evidente: cientos de bolivianos marcharon en contra del decreto supremo y de otras políticas gubernamentales. (PL)
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