Lo que empezó como una protesta por la reforma fiscal y otras medidas similares en educación y salud, de corte claramente neoliberal, se ha convertido en una verdadera tempestad de ira e indignación, de lucha contra una pobreza que estas reformas no hacen más que incrementar.
El amplio movimiento de protesta que se produce en estos momentos en Colombia ha tenido su origen inmediato en una reforma fiscal que afectaba profundamente a los sectores populares. También afectaba a los sectores medios de la población, pero beneficiaba a las grandes fortunas y a las empresas transnacionales que saquean las riquezas del país.
Convocado principalmente por las centrales sindicales para el día 28 de abril el paro nacional produjo una amplia movilización que reunió a obreros, campesinos, estudiantes, pequeños y medianos propietarios, comunidades indígenas y afrodescendientes, movimientos ecologistas y defensores de derechos humanos.
El paro también propició además la movilización espontánea de millones de personas en las barriadas, donde residen la gente pobre ,que ya alcanzan al menos el 50% de la población del país.
El paro nacional convocado por las centrales sindicales devino en una protesta multitudinaria que ha sobrepasado todas las previsiones y se mantiene, pese a que el gobierno retiró el proyecto de la Reforma tributaria… “para mejorarla”.
Al momento de escribir este artículo, la consigna que reinaba en las calles y casas era: “El paro continua”. De hecho, desde el 28 de abril las protestas no han cesado.
La ciudadanía está indignada por mil motivos: la escandalosa corrupción de funcionarios y políticos que saquean impunemente el presupuesto nacional, los salarios de hambre, el enorme desempleo, la gestión torpe y clasista de la pandemia, los miles de desaparecidos y ejecutados por militares, paramilitares y policías y la agresividad de los “guardianas del orden” que someten a la población a formas brutales de represión, incluidas la violación de mujeres y niñas (sobre todo en el campo y en las comisarías).
Colombia registra hoy uno de los porcentajes más altos del planeta en masacres que se suceden a diario, en el asesinato de líderes y activistas sociales, en el genocidio de las minorías étnicas, en el exterminio sistemático de los guerrilleros que se acogieron al Acuerdo de Paz, un acuerdo solemnemente firmado para poner fin a la guerra, pero que el actual gobierno se niega a cumplir.
Son miles los exilados y millones los desplazados internos que apenas registra la prensa internacional y minimizan los medios locales.
El colombiano es un pueblo al cual se le niegan sus derechos más elementales; un pueblo que no puede gozar de los frutos de un país rico en recursos mientras sus capas dominantes se deleita en el lujo y la indolencia y venden al mundo la imagen de una democracia sólida.
No sorprende entonces que la protesta haya llenado plazas y avenidas desafiando la represión y hasta la muerte.
Aunque el gobierno ha retirado la reforma fiscal (que no tuvo ni siquiera el respaldo de los congresistas del partido de gobierno) no renuncia a proponer otra que cumpla los mismos objetivos.
Duque espera que este retiro y la renuncia del ministro de Hacienda le quiten fuerza a la protesta y conseguir en el futuro otra reforma igualmente contraria a los intereses de las mayorías sociales. Espera hacer lo mismo con el resto de las reformas que han desatado la indignación general.
Pero el Comité del Paro, que reúne ahora a diversas organizaciones sociales e interpreta el amplio clamor espontaneo de la población, mantiene la movilización y las reivindicaciones que han sacado a las calles a millones de personas.
La intención de los convocantes y de la gente en general parece ser ahora no contentarse con promesas que el gobierno jamás satisface sino conseguir su debido cumplimiento.
Las manifestaciones populares que han tenido en Cali su ejemplo más destacado ya se extienden por todo el territorio nacional.
Ni las promesas mentirosas del gobierno de Duque, ni las maniobras oportunistas de tantos políticos tradicionales que ahora intentan aprovechar la coyuntura para mejorar su deteriorada imagen, ni la acción saboteadora de infiltrados de la policía y el paramilitarismo que causan incidentes y desórdenes para desprestigiar al movimiento, ni la brutal represión oficial que según datos confiables hasta el martes ya se había cobrado la vida de 31 personas, parecen estar en condiciones de detener esta avalancha popular.
Esta avalancha que también es un grito de los humillados y ofendidos de siempre que se levantan a reivindicar lo que en justicia les pertenece.
El pueblo de Colombia espera que la gente de muchos países, en una muestra de solidaridad internacional, le respalden en su lucha y que exijan a sus autoridades respectivas una condena clara al gobierno de Duque.
Se han escuchado diversas voces de respaldo al pueblo de Colombia, incluidas las de Naciones Unidas y la Unión Europea exigiendo a Bogotá que ponga fin a la masacre.
Son voces que piden que se que controle a las llamadas eufemísticamente “fuerzas del orden”, en especial a esos destacamentos de represión especializada formados y asesorados por Estados Unidos, Israel y algunos gobiernos de Europa. Estos cuerpos policiales se distinguen por su ferocidad y por sus maneras de violar sistemática e impunemente los derechos más elementales.
Hasta voces de la misma burguesía local le indican al gobierno de Duque que su proceder no solo es torpe sino incendiario y que las consecuencias pueden resultar catastróficas considerando la crisis general del sistema.
Esta burguesía habla en particular de unas elecciones presidenciales próximas en las cuales la izquierda y los movimientos de protesta ciudadana pueden adelantar un programa de reforma profunda que conviertan a Colombia en un gobiernos nacionalistas y progresista, como otros que parecen consolidarse en el continente.
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