Una delegación parlamentaria del Reino Unido e Irlanda viajó a Colombia, a un lugar habitado por indígenas Wayuu y comunidades afrocolombianas y en cual una empresa minera adelanta trabajos que están imapactando negativamente los derechos de dichas comunidades.
La delegación de Reino Unido e Irlanda de los miembros del Parlamento del Reino Unido y el Dáil irlandés, Brendan O’Hara MP, Claire Hanna MP y Gary Gannon TD, estuvieron en Colombia del 1 al 7 de abril de 2022.
Allí se reunieron con Carbones del Cerrejón minero (Cerrejón) en La Guajira, y con las comunidades indígenas wayuu y afrocolombianas, cuyos derechos están siendo afectados negativamente por El Cerrejón.
El Cerrejón es la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina, que hasta marzo de 2022 era propiedad conjunta de las gigantes multinacionales Anglo American (británica) BHP (australiana) y Glencore (suiza). Luego de una intensa explotación por más de 20 años, en enero de 2022, Anglo American y BHP concretaron la venta de sus acciones en Cerrejón a Glencore, que había sido anunciada el 28 de junio de 2021.
Según lo informado por ABColombia, la delegación de Reino Unido e Irlanda ha expresado su profunda preocupación de que tras la decisión de la Corte Constitucional de Colombia, anunciada el 6 de abril de 2022, de reabrir la Sentencia SU698/17 sobre el Caso Arroyo Bruno y reasumir la supervisión del cumplimiento y la finalización de las órdenes dictadas en la sentencia, la Mesa Técnica Interinstitucional de la que forma parte Cerrejón, diera a conocer que Cerrejón había cumplido con la Quinta orden de la Sentencia correspondiente al estudio de las incertidumbres (emitida por la Corte mediante sentencia SU-698/17) y que podría empezar a explotar el cauce del Arroyo Bruno.
Según las ONG Nacionales que acompañan este caso, las órdenes emitidas por la Corte en esta sentencia no se han cumplido incluyendo la de asegurar las garantías de participación de las comunidades demandantes de La Gran Parada y Paradero, motivo por el cual solicitaron la reapertura del caso por parte de la Corte Constitucional.
La decisión tomada por las instituciones del Estado destruirá el cauce natural del Arroyo Bruno en el Sur de la Guajira, que los Pueblos Indígenas Wayuu y las comunidades afrocolombianas han estado luchando por proteger a través de la ley. Numerosos estudios señalan que la minería del carbón en general, y Cerrejón en particular, ha acelerado el cambio climático y generado riesgos e impactos en las reservas de agua subterránea.
En 2014, el Instituto colombiano de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) identificó a la península de la Guajira como una de las zonas más vulnerables a la variabilidad climática en el país, además de que sus altos niveles de aridez la convierten en una de las regiones con mayor déficit hídrico. La monopolización del agua por parte de Cerrejón para sus actividades mineras ya está restringiendo el acceso al agua que tienen las comunidades locales, situación que sólo se agravará con la destrucción del cauce natural del Arroyo Bruno.
Las operaciones de Cerrejón han sido denunciadas por varios destacados expertos en derechos humanos de la ONU.
El Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente definió el caso como “una de las situaciones más inquietantes” con las que había trabajado durante su permanencia en el cargo.
Es alarmante que la Mesa Técnica Interinstitucional haya tomado una decisión que le permitiría al Cerrejón destruir el cauce natural del Arroyo Bruno cuando aún está en curso un Caso de la Corte Constitucional.
Desafortunadamente, esto es una repetición de lo sucedido cuando justo antes de que la Corte Constitucional anunciara su fallo sobre el Arroyo Bruno, la empresa (Cerrejón) desvió el cauce.
Acción que iba en contra de la sentencia de la Corte que señalaba que Cerrejón no había cumplido con todos los requisitos legales y técnicos previstos en la legislación colombiana para redirigir el Arroyo Bruno.
Existe, por lo tanto, un grave riesgo de que la Compañía destruya el cauce natural del Arroyo Bruno antes de que las autoridades judiciales se pronuncien en firme y se consulte a todas las comunidades. Los pueblos de La Gran Parada y Paradero han reiterado la ausencia de garantías para su participación en el proceso de consulta.
La decisión de la Corte Constitucional de reabrir el Caso Arroyo Bruno (Sentencia SU698/17), para reasumir la supervisión del cumplimiento de las órdenes dictadas en la sentencia, debe permitirse y tomar una decisión antes de que se produzca cualquier destrucción del cauce natural del Arroyo Bruno.
Por todo lo anterior los miembros de la delegación urgen “a la Procur aduría General (Inspector General), a tomar Acciones Provisionales Urgentes para evitar que la empresa destruya definitivamente el cauce natural y el arroyo. También hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la República de Colombia a actuar como órganos de control competentes para dar seguimiento a las instituciones integrantes de la Mesa Interinstitucional, así como garantizar la participación de las comunidades en dicho proceso de toma de decisiones.”
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