América Latina en un mundo post-Covid
La firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 suscitó la esperanza de una paz duradera en Colombia tras un conflicto de décadas. Sin embargo, la pandemia ha supuesto una oportunidad para que las organizaciones del crimen organizado refuercen su legitimidad.
Nicolás Forsans*
En la ciudad portuaria de Tumaco, en el suroeste del país y cerca de la frontera colombiana con Ecuador, varios grupos armados, entre ellos ex disidentes de las FARC, tienen una presencia permanente en los barrios de bajos ingresos.
Poco después de que Covid llegara a Colombia, el «Frente Siniestro Oliver» anunció un toque de queda entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana.
Un toque de queda acompañado de «sanciones» para los comercios que desafiaran las órdenes del grupo.
Con él llegó la amenaza explícita para los que «no cumplan» de convertirse en «objetivos militares».
Después de décadas de guerra civil y conflictos con el narcotráfico, Colombia ha realizado algunos cambios en materia de seguridad en todo el país.
En su informe final, publicado este verano, la Comisión de la Verdad calculaba que el conflicto había costado la vida de al menos medio millón de personas desde 1985 y había desplazado a otros 7,7 millones.
En la actualidad, 121.768 personas siguen desaparecidas.
El gobierno de Duque, en el poder hasta julio de 2022, fue ampliamente criticado por la falta de convicción y de voluntad política para aplicar el acuerdo de paz en su totalidad. Las pandillas han seguido siendo una amenaza para la autoridad del Estado, especialmente en los barrios de bajos ingresos y en las zonas rurales desatendidas.
Refuerzo del poder sobre comunidades locales
En las regiones del norte de Colombia, el covid-19 trajo consigo un sistema de cogobierno local. En los periódicos abundan los informes sobre organizaciones criminales (paramilitares y narcotraficantes) que aumentan su poder sobre las comunidades locales imponiendo toques de queda, ordenando a los lugareños que permanezcan en sus casas y controlando la distribución del apoyo gubernamental.
A pesar de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un «cese del fuego de un mes como gesto humanitario hacia el pueblo colombiano, que está sufriendo la pandemia, sus combatientes en Bolívar, en el norte de Colombia, afirmaron en un panfleto que se sentirían «obligados a matar gente para preservar vidas» si la población no respetaba las órdenes para evitar el Covid.
Sólo «las personas que trabajan en tiendas de alimentos, panaderías y farmacias» podían trabajar, mientras que los demás debían «permanecer dentro de sus casas», afirmaba el panfleto.
Sin embargo, las respuestas de las bandas a la pandemia variaron mucho de un barrio a otro.
La presencia de bandas criminales es común en Medellín, Antioquia, donde la mayoría de los barrios pobres y de ingresos medios están gobernados, en mayor o menor medida, por 350 combos.
Mientras que el núcleo urbano de Medellín se beneficia de una fuerte presencia del Estado, la situación es algo diferente en la periferia de la ciudad. En los barrios del noreste, centro-este y extremo oeste de Medellín, los combos siguen siendo los proveedores de servicios dominantes.
Un sistema local de co-gobierno
Un equipo de investigadores de la Universidad EAFIT de Medellín dedicó cuatro años a estudiar los grupos delictivos de la ciudad. Su trabajo demuestra que en Medellín «la mayor parte del apoyo asistencial provino del Estado, más que de las bandas», y que las autoridades estatales desempeñaron «un papel mucho más importante en la prestación de asistencia social y en la aplicación del Estado de Derecho» durante el primer año de la pandemia.
Sin embargo, señalan que un pequeño número de bandas en un reducido número de barrios estuvieron muy implicadas en la prestación de asistencia social y en la imposición de cierres.
Como en La Loma, un corredor geográficamente estratégico para el tráfico de drogas y armas en Medellín, donde una «frontera invisible» divide el barrio en territorios criminales.
Allí, todos los combos (grupos al margen de la ley) aplicaron toques de queda y ordenaron ceses del fuego, y en una semana las bandas locales empezaron a ir de puerta en puerta ofreciendo desinfectante de manos, medicinas y paquetes de comida donde la gente recibía «poca ayuda» de las autoridades locales.
Aún más reveladores son los informes de que las autoridades de Medellín están «consultando con diferentes combos de toda la ciudad» la mejor manera de proporcionar una asistencia similar a otros barrios, «coordinando la distribución y el suministro de la ayuda oficial».
Lo ocurrido en La Loma no es exclusivo de La Loma. Tampoco es exclusivo de Colombia. En México, el Clan del Golfo proporcionó ayuda en forma de paquetes de alimentos, medicinas, dinero y mascarillas a los residentes de Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas.
Pero lo que llama la atención en ambos países es que se optó por «acciones de solidaridad y cuidado, en lugar de la tradicional coerción violenta«. Este enfoque aumentó la legitimidad, el poder y el capital social de las bandas y los cárteles de la droga, ayudándoles a «cooptar a la sociedad social y al Estado para apoyar sus operaciones delictivas».
El crimen organizado como órgano de gobierno
Las organizaciones del crimen organizado han trabajado en asociación con el Estado, o a veces lo han sustituido, durante la pandemia cuando la presencia del Estado es débil o disfuncional.
Lo hicieron apelando a las «emociones positivas» para reforzar su legitimidad y poder. Allí donde las desigualdades y la pobreza siguen definiendo a Colombia y México, estas organizaciones argumentaron que el Estado no sólo es ineficaz, sino que además no es necesario.
Las organizaciones criminales obtienen su fuente última de poder del control que ejercen sobre los territorios y las personas que los habitan. En algunas zonas, cooptan parcialmente al Estado y realizan sobre el terreno algunas de sus funciones básicas. Sólo las alianzas sólidas entre ambas partes promoverán la paz y la participación del Estado.
* Nicolás Forsans: Profesor de Gestión y Director del MBA en la Universidad de Essex, Reino Unido. Codirector del Centre for Latin American & Caribbean Studies y miembro de numerosas sociedades y grupos de reflexión latinoamericanos, Nicolás investiga los retos económicos y sociales de la región en general, y de Colombia en particular.
(Traducido por Mónica del Pilar Uribe Marin) – Fotos: Pixabay
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