El Salvador entró en la lista de los países menos peligrosos del mundo luego de varios años de encabezar estadísticas por razones contrarias. Su presidente, Nayib Bukele, es quien, en medio de grandes críticas, ha hecho esto posible.
Los pandilleros, o maras como también se les conoce, son el resultado de la extradición de miles de inmigrantes desde territorio estadounidense. MS-13 y Barrio 18 nacieron en la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos y pese a la expulsión de muchos mareros, su influencia hoy se registra en varios estados de EE.UU.
Según estudios revelados por el diario La Opinión, inmigrantes salvadoreños que huyeron de la guerra, formaron en los Ángeles ambas bandas, pero cuando se inició una política de deportación, miles de salvadoreños fueron devueltos y se asentaron en las dos pandillas en El Salvador y Honduras. Como un cáncer, se extendieron por la región, principalmente en el triangulo El Salvador, Honduras y Guatemala, controlaron barrios, municipios, departamentos y algunos expertos estiman que penetraron las esferas del poder.
Las maras operaban cobrando la cuota periódica (extorsión) a gran parte de la población, amenazaban por medio de linchamientos y asesinatos, controlaban la organización local comunitaria y vigilaban de manera exhaustiva a la población, para aumentar las extorsiones y amenazas.
Según estudios revelados por autoridades las bandas tenían ganancias anuales superiores a los 740 millones de dólares obtenidos mediante extorsión, asesinatos, tráfico de drogas y otros negocios ilícitos que pusieron al gobierno de Nayib Bukele en jaque y obligaron a acciones para detener el flagelo de la violencia armada y los homicidios.
La decision
Hoy, al parecer, todo es historia pasada. En 2016, por ejemplo, el país cerró con 5.278 homicidios, 14,4 diarios, muchos de ellos realizados por esos grupos. Hoy, la media de homicidios es de menos de uno por jornada y desde julio hasta noviembre los días sin víctimas fatales fueron cerca de 20 por mes.
Todo explotó el último fin de semana de marzo de este año cuando, al menos 87 salvadoreños perdieron la vida por acciones atribuidas a grupos que el estado califica de terroristas por las acciones que ejecutan contra el resto de la sociedad.
Eso llevó a que la lucha contra las maras (Salvatruchas M-13, 18 sureños y 18 revolucionarios) se convirtiera en política oficial encaminada a crear un ambiente de seguridad que permitiera avanzar en los planes de desarrollo turístico y garantizar la seguridad de la población que durante años fue rehén de la violencia desatada por esos grupos.
De hecho, este año el mandatario ha despertado intensas controversias por la gran cantidad de temas que inciden en su plan para limpiar de homicidios y violencia las calles del país.
Entre las medidas destacadas está la aplicación del estado de excepción aprobado por el Poder Legislativo a solicitud del gobierno que suspendió la libre asociación y manifestación, el derecho a la defensa, permite intervenir telecomunicaciones y correspondencia, y amplía a 15 días la detención administrativa “para dar tiempo a los fiscales a investigar”.
A pocas semanas de concluir 2022, la Asamblea Legislativa (Parlamento) extendió por octava ocasión el régimen de excepción que sin dudas sirvió para enfrentar a los pandilleros y permitió al gobierno avanzar con resultados en una política a la que pocos daban márgenes de éxito, dado el poder de las pandillas.
Nuevas cifras
Pero, recientemente, una nueva evaluación del número de pandilleros existentes creo nuevas interrogantes.
Ya no son 76.000, como dijo a Prensa Latina el vicepresidente del país, Félix Ulloa. Entonces aseguró que habría estado de excepción hasta poner tras las rejas al último terrorista.
La novedad anunciada por el comisionado David Reyes Palacios, subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), durante un informe al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas que sesionó en Ginebra, Suiza, en su 75 periodo, abre interrogantes sobre hasta cuándo se extenderá la medida que muchos estiman inconstitucional.
Esto es porque la nueva cifra dada a conocer es de 118 mil terroristas (como los denominan las autoridades gubernamentales), por lo que necesariamente se prorrogará el estado de excepción y todo el despliegue de tecnología y logística usado por el gobierno en su combate.
Reyes Palacios explicó que existen pandilleros en 14 departamentos y que el 80% de los homicidios son causados por las acciones de esos individuos aunque este año ese volumen de víctimas, aseguró, se verá reducido en un 50% con relación al año anterior a causa de la ofensiva gubernamental para poner tras las rejas hasta el último miembro de las maras.
Al respecto, declaraciones de los más altos cargos del país sostienen que el estado excepcional imperante no llegará a su fin hasta que el último de estos sujetos esté en prisión, para quienes el gobierno construye una cárcel con cerca de 40 mil capacidades.
Opositores al gobierno ven con preocupación cómo los buenos resultados en seguridad se convierten en un sólido argumento para que el presidente busque su reelección en 2024.
Como sea, lo cierto es que la nueva realidad de la seguridad pública en El Salvador se ve reflejada en los más de 231 días sin homicidios bajo la administración de Bukele. (PL)
(Fotos: Pixabay)
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