El actual presidente de Colombia (el primer progresista en la historia de ese país) enfrenta, incluso desde antes de posesionarse, todos los ataques desde las filas de la oposición, decididas a impedirle gobernar. Por ello debe y puede, dentro de ciertos límites, proceder a debilitar aquellos factores de riesgo inminente.
Juan Diego García
Gustavo Petro, llegó a la presidencia de Colombia el con el apoyo de muy variadas fuerzas políticas, dentro y fuera de su misma coalición.
Sin embargo, el poder judicial heredado del anterior gobierno de extrema derecha no es precisamente un factor tranquilizante.
En cuanto al poder legislativo, pese al debilitamiento de la extrema derecha, tampoco garantiza una gestión fácil de las leyes que den forma a los proyectos de reforma que tiene el primer gobierno progresista en la historia de este país. El panorama del aparato estatal no es muy diferente. El Estado es pequeño, premoderno y bastante incapaz frente a los desafíos de la modernidad y con un peso muy limitado en el tejido económico, fruto sobre todo de las políticas neoliberales que han disminuido el sector público, limitando en extremo la capacidad de quien gobierne para intervenir en el funcionamiento de la economía. Dentro del Estado, debe señalarse en papel de las fuerzas armadas, la policía y los cuerpos de seguridad, de dimensiones exageradas para un país de algo más de 50 millones de habitantes y una economía modesta (si se la compara con Brasil o México, por ejemplo) y con unos vínculos con potencias extranjeras (Estados Unidos, sobre todo) que suponen un lastre para cualquier gobierno que desee hacer efectiva la soberanía nacional.
Tales factores institucionales imponen, en gran medida, tareas difíciles al gobierno de Petro, pues sin avanzar en este escenario parece muy difícil hacer reales los proyectos de su gobierno.
Y más difícil es adelantar una estrategia de superación del actual modelo neoliberal, no solo por lo que atañe a los intereses locales (la oligarquía criolla) sino, sobre todo, por lo que resulta más decisivo: los estrechos vínculos del país en el mercado mundial y las complicaciones que supone alcanzar unas relaciones internacionales que permitan hacer real el ejercicio de la soberanía.
Los casos de Cuba y de Venezuela muestran los enormes riesgos que trae consigo proponerse salir de la condición de naciones periféricas, condenadas a ser tan solo proveedoras de materias primas y mano de obra barata en beneficio de las economías metropolitanas.
En lo que concierne a la cuestión institucional, el gobierno de Petro tiene, necesariamente, que impulsar la reforma del Estado mismo, no solo en términos de su modernización sino sobre todo de su democratización. Lo más urgente es conseguir que el poder ejecutivo funcione realmente como un equipo plenamente identificado con los objetivos del gobierno, algo que exige mayor cohesión en las fuerzas propias y una solidez similar con las fuerzas aliadas.
En términos tradicionales, Petro necesita avanzar mucho en la consolidación de su propio partido sobre la base de un programa (inmediato y de largo plazo) que sea el referente ideológico indispensable.
Además de una acción contundente contra las conspiraciones menores (falsas noticias, exageraciones interesadas de los errores del gobierno, etc.) y que ahora se denominan «golpe blando», y de los avances necesarios en la modernización del aparato estatal, el gobierno de Petro debe y puede, dentro de ciertos límites, proceder a debilitar aquellos factores de riesgo inminente.
Un primer paso es impulsar cambios en los cuarteles: perseguir los ya muchos casos de corrupción que día a día son denunciados; excluir de filas sobre todo a oficiales y suboficiales comprometidos en acciones ilegales («falsos positivos» y similares), suspender el llamado servicio militar obligatorio, con lo cual se disminuye notoriamente el gasto público, y empezar una modernización de las fuerzas armadas para que garanticen realmente la soberanía nacional.
Es decir, lograr un ejército y una policía con capacidad real de hacer frente a los desafíos modernos (defensa área, de fronteras, defensa cibernática, de inteligencia artificial) para lo cual basta con cien mil militares, altamente formados en las nuevas tecnologías y para nada en la lucha tradicional de combate a guerrillas. Es probable que haya un grupo suficientemente grande de oficiales dispuestos a apostar por un ejército nuevo, realmente nacional, que elimine el peligro del golpe.
Impulsar una dura lucha contra la corrupción – sobre todo el robo del erario público- permite disminuir enormemente la fuente de financiación de partidos políticos que sin esos fondos desaparecerían, despejando mucho el panorama.
Sería una medida muy popular para recuperar la confianza en la política. En tantos casos, eliminar la fuente de financiación resulta la medida más eficaz, algo que vale igualmente para combatir a muchas de las actividades ilegales vinculadas al tráfico de drogas. Si el Estado adelanta medidas de legalización de estos productos, tal como se hace ya en algunas naciones (y en algunos estados de USA), las mafias se quedan sin su fuente de ingresos.
Si el Estado compra la cocaína y el opio a los campesinos productores, con esa materia prima puede impulsar una industria nacional de opioides para uso medicinal (lo hace India, sin problemas).
La enorme capacidad manipuladora de los medios de comunicación -prácticamente todos en manos de la burguesía local y de empresas extranjeras- se puede compensar con el impulso de los medios públicos (radio y televisión), no menos que con el contacto directo con las organizaciones de masas y con las gentes en general, para que el mensaje salga de los despachos.
(Fotos: Pixabay)
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