Los atropellos a los que han sido sometidos centenares de jóvenes venezolanos en violación de su debido proceso, contradicen las normas del Derecho Internacional y Humanitario, de los Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas y de cuanta regulación establecida sobre la movilidad humana. Crecen las voces que condenan la arbitraria acción de Trump.
Juan Carlos Díaz Guerrero
El secuestro de los 238 migrantes deportados por el Gobierno de Estados Unidos a El Salvador ha sido calificado por autoridades y la justicia de Venezuela como un crimen de lesa humanidad.
Esta invocación del presidente estadounidense, Donald Trump, de la Ley del Enemigo Extranjero de 1798, a través de una orden ejecutiva, contradijo las propias normas legales de EE.UU, al punto de quedar inoperativa de forma temporal por decisión del juez federal Brian E. Murphy. La jueza Patricia Millett, del Tribunal de Apelaciones para el Circuito de Washington, fue más explícita al decir que “los nazis recibieron un mejor trato bajo la Ley de Enemigos Extranjeros que lo que ha ocurrido aquí”, en referencia a los venezolanos deportados por supuestos vínculos con el Tren de Aragua.
Esa Ley del siglo XVII solo fue utilizada por Estados Unidos durante la conflagración interna de 1812 y las guerras Primera y Segunda, que permitió en este último caso el internamiento en campos de detención de 30 mil personas de origen alemán, italiano y japonés.
Analistas y expertos consideran su aplicación actual fuera del contexto que se vive en el país norteño, al tratarse de una disposición creada para tiempos de guerra.
Los argumentos utilizados por Washington para ponerla en vigor se sustentaron en “una invasión o incursión predatoria contra el territorio de Estados Unidos”, en la que los venezolanos fueron todos acusados, sin pruebas, de ser miembros del Tren de Aragua, organización que, inclusive, resultó acusada de terrorista.
La orden de Trump alcanzó hasta los venezolanos de 14 años para que sean “detenidos, asegurados y expulsados por ser enemigos extranjeros”.
Pero la realidad demostró, a partir de testimonios de migrantes que regresaron a la República Bolivariana mediante el plan de gobierno Vuelta a la Patria, que la medida afectó a menores de edad, a quienes entraron en forma legal a ese país y se encontraban en proceso de trámites y a residentes.
El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela, Jorge Rodríguez, denunció que con la implementación de esa Ley los migrantes venezolanos “son detenidos, segregados y trasladados a otros países”.
Los niños están siendo secuestrados salvajemente sin que medien los derechos establecidos por las Naciones Unidas para los infantes, a quienes “les arrebatan sus celulares, son sacados de las escuelas, de las iglesias y los sitios públicos” sin conocerse a donde son llevados, denunció.
Condena universal
La proclama estadounidense, en base a Ley del Enemigo Extranjero de 1798, constituye una “acción absolutamente ilegal” que violenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha dicho Rodriguez. Por ello, ha también dicho, que como Estado establecerán “todos los mecanismos posibles y mandaremos los aviones que haya que mandar a Estados Unidos para el regreso a sus hogares”, de los compatriotas.
Por todo ello es que inició una campaña nacional e internacional de denuncia para traer a los migrantes secuestrados que hasta el momento, ha abarcado aspectos legales con la contratación de bufetes de abogados en El Salvador y en el orden diplomático. Paralelo a ello, se han organizado actos y movilizaciones con cientos de miles de personas en las calles y plazas de todo el país, para apoyar a los familiares.
También se han dado conversaciones telefónicas entre el presidente Nicolás Maduro y el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y el Alto Representante de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.
Ambos diálogos por separado, el 26 y el 28 de marzo, respectivamente, versaron sobre la solicitud para “asegurar la liberación inmediata y sin condiciones de los compatriotas injustamente detenidos en los campos de concentración de El Salvador”.
Los altos funcionarios de la ONU expresaron su compromiso de “activar todos los mecanismos disponibles para restablecer, lo antes posible, los derechos flagrantemente violados de los migrantes venezolanos”, de acuerdo con el texto oficial.
El gobierno Venezolano ha dicho que no descansará “hasta garantizar el regreso seguro a la patria de cada compatriota, injustamente encarcelado”.
Otro elemento importante ha sido el apoyo y condena unánime de los cancilleres y altas autoridades de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos, en la reciente XXV Reunión del Consejo Político, celebrada en Caracas. También se suman innumerables mensajes y comunicados de solidaridad de gobiernos, partidos políticos, movimientos populares, sociales y religiosos de diversas partes del mundo.
En Venezuela, más allá de las contradicciones políticas, una reciente encuesta de la empresa Hinterlaces reveló que el 89% de los entrevistados rechazó la invocación de la Ley del Enemigo Extranjero, y el 91% señaló que viola profundamente los derechos humanos.
Asimismo, un 85% dijo estar de acuerdo con el programa de Gobierno del plan Vuelta a la Patria.
Un sentimiento casi generalizado lo expresó el legislador por la bancada opositora Jesús Brito, quien convocó desde la Asamblea Nacional a la unidad “para defender los derechos de estos hermanos nuestros”.
“Ahora no se trata de ser del chavismo o de la oposición, sino de acompañar desde este Parlamento, ambas bancadas, esta lucha”, enfatizó. PL
(Fotos: Pixabay)
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