El 14 de mayo de 2024, tras años de negociación, la Unión Europea adoptó el «Pacto de Migración y Asilo». Este paquete legal, que incluye una decena de reglamentos y directivas, está diseñado para crear un sistema coordinado de gestión de la migración y el asilo en toda la Unión. La plena aplicación de estas leyes comenzará en 2026.
Rola Zamzameh*
El nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE, aunque pretende agilizar y mejorar los procesos migratorios, ha sido objeto de críticas generalizadas por parte de organizaciones de derechos humanos, expertos y activistas de la sociedad civil.
En lugar de dar una respuesta humana a la crisis migratoria, el pacto se basa en gran medida en enfoques restrictivos y centrados en la seguridad. Este pacto amenaza con violar los derechos humanos y el principio fundamental de no devolución. Al permitir la detención en las fronteras y aplicar procedimientos rápidos en centros cerrados, existe el riesgo de que los solicitantes de asilo sean devueltos a países donde se enfrentan a graves peligros sin acceso efectivo a asistencia letrada o a un juicio justo. Acelerar la tramitación de los casos puede sacrificar la justicia en favor de la conveniencia.
En virtud de la política de «solidaridad obligatoria», los países que no estén dispuestos a aceptar solicitantes de asilo pueden eludir sus obligaciones pagando una tasa (20.000 euros por persona).
Este mecanismo convierte de hecho la responsabilidad humana en una transacción financiera y socava los valores de solidaridad de la UE.
El nuevo pacto ordena la tramitación acelerada de los solicitantes de asilo procedentes de países con bajos índices de aceptación. Este enfoque, contrario a los principios de evaluación individual y justa de los casos, priva a muchos solicitantes del acceso a un proceso justo.
Las políticas institucionalizan un enfoque de la migración basado en la seguridad y la vigilancia. Al centrarse en el control y la detención en lugar de en la integración y el apoyo a los migrantes, fomenta una atmósfera de desconfianza y hostilidad hacia los solicitantes de asilo, lo que puede reforzar los discursos de extrema derecha.
El pacto no aborda las causas fundamentales de la migración, como la guerra, las crisis climáticas, la corrupción o la represión política. Las políticas presentadas son más bien reactivas y a corto plazo, con el único objetivo de gestionar y contener la migración en lugar de abordar sus causas profundas.
Además, a pesar de la postura previa de la UE contra la detención de niños, el nuevo pacto permite la detención de niños y familias en centros fronterizos.
Esta medida contradice la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y podría provocar importantes daños psicológicos y sociales a los niños migrantes.
Estas políticas crean cada vez más distinciones entre los solicitantes de asilo. Mientras que los ciudadanos ucranianos reciben apoyo y alojamiento rápidos, los solicitantes de asilo de países africanos o de Oriente Medio son sometidos a procedimientos fronterizos más severos. Esta discriminación estructural socava los principios de igualdad y dignidad humana. Al centrar la tramitación en los centros fronterizos, se limitan las posibilidades de supervisión independiente por parte de ONG, medios de comunicación y grupos de derechos humanos. La menor transparencia de los procesos de asilo aumenta el riesgo de que aumenten los abusos, los malos tratos o las violaciones sistemáticas de los derechos de los refugiados.
Esto también disminuye la confianza pública en el sistema de migración, presentando una imagen sombría de los compromisos humanitarios de la UE.
*Rola Zamzameh: Periodista titular en la Comisión y el Parlamento Europeos.
(Traducido por Mónica del Pilar Uribe) – Imágenes suministradas por el autor y autorizadas par su libre publicación en The Prisma
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