Los trabajadores agrícolas migrantes que producen alimentos en una región clave que abastece a supermercados del Reino Unido y Europa, han sido desalojados de un asentamiento informal en Almería, España.
Ethical Consumer ha estado haciendo campaña, desde 2019, para que los supermercados asuman la responsabilidad de los derechos de los trabajadores en sus cadenas de suministro en España.
Desalojo dirigido a trabajadores agrícolas migrantes en región crucial para proveedores de supermercados del RU
En febrero de 2025, alrededor de 60 personas que vivían en el asentamiento informal de El Uno, incluidos nueve niños, fueron expulsadas de sus hogares tras otorgarse al propietario del terreno una orden de desalojo. Y a pesar de que se encargaron de despejar las viviendas improvisadas del terreno, según los informes, el ayuntamiento local de Níjar se negó a encontrar alojamiento alternativo para la comunidad, calificando el desplazamiento como una disputa entre particulares.
Muchos de los residentes, que trabajan largas jornadas cultivando tomates y otros productos frescos en una región que abastece a los principales supermercados británicos, ahora están sin hogar o en una situación de vivienda incierta.
El País informó que máquinas excavadoras derribaron los hogares del asentamiento informal —construidos con plásticos y palés rescatados de los invernaderos donde trabajaban los residentes— en cuestión de minutos.
Afuera, los antiguos ocupantes habían amontonado las pocas pertenencias que podían llevar consigo a sus lugares de trabajo —mantas, bolsas de ropa, ventiladores, herramientas y frigoríficos.
Dejaron atrás cajas de pertenencias, bidones, perchas, una pegatina de Peppa Pig y un juguete de cocina, dijo el periódico.
Los niños del asentamiento, el más pequeño de los cuales tiene dos años y medio, asisten todos a escuelas locales.
Algunos residentes se han trasladado a alojamientos provisionales proporcionados por ONG locales, mientras que otros se han ido de la zona. Pero muchos de los que aún buscan vivienda han recurrido a dormir en suelos y tejados cercanos. Las autoridades locales no han proporcionado viviendas alternativas. Y han tenido dificultades para conseguir alquileres en la zona debido a la reticencia de los propietarios locales a arrendar sus propiedades a trabajadores migrantes.
“Llevamos semanas buscando una casa, pero no hay nada en alquiler”, dijo al periódico uno de los antiguos residentes, Abdoul, de 33 años.
El Defensor del Pueblo de Andalucía, que es responsable de supervisar las normas de derechos humanos en la zona, emitió una solicitud al ayuntamiento de Nijar para que proporcionara alojamiento alternativo a los desalojados, señalando que se trataba de “familias extremadamente vulnerables”.
Un sindicato local, SOC-SAT Almería, y organizaciones de derechos humanos, entre ellas Anti-Slavery International y Ethical Consumer, también están pidiendo a los supermercados del Reino Unido y Europa que intervengan en nombre de los trabajadores agrícolas desplazados y sus familias, debido a la alta probabilidad de que algunos de estos trabajadores estén actualmente, o hayan estado anteriormente, empleados en granjas dentro de sus cadenas de suministro.
Adrià Cots Fernández, Coordinador de Alianzas de Empresas y Derechos Humanos en Anti-Slavery International, dijo: “Todo el mundo debe poder vivir con seguridad y dignidad. Independientemente de dónde viva alguien y del trabajo que haga, nadie debería ser obligado a abandonar su hogar. Los supermercados del Reino Unido deben usar su influencia con los proveedores para asegurarse de que los trabajadores cuyo trabajo sostiene nuestro sistema alimentario tengan viviendas seguras y adecuadas, empezando por las familias desalojadas la semana pasada en Nijar.”
Alimentos del Reino Unido cultivados en el sur de España
Durante los últimos cinco años, Ethical Consumer ha estado haciendo campaña para que los supermercados del Reino Unido utilicen su influencia en la región para mejorar las inaceptables condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores agrícolas en el sur de España. Un libro blanco (Produce of Exploitation) publicado por Ethical Consumer en 2023 concluyó que los nueve principales supermercados del Reino Unido —Aldi, Asda, Co-op, Lidl, Marks & Spencer, Morrisons, Sainsbury’s, Tesco y Waitrose— obtenían grandes cantidades de productos de granjas de la región.
Durante los meses de invierno, de diciembre a febrero, uno de cada seis tomates que se consumen en el Reino Unido probablemente procede de Almería. Y al menos seis de cada diez fresas entre enero y marzo probablemente provienen de la cercana Huelva.
Pero a pesar de su considerable poder de compra en la región, estas corporaciones no han abordado el patrón de desalojos forzosos y la privación de recursos y servicios vitales en los asentamientos que alojan a los trabajadores que producen gran parte de los productos frescos vendidos en los supermercados del Reino Unido.
La destrucción del asentamiento de El Uno es el cuarto desalojo de este tipo en Nijar en los últimos dos años.
En 2023, tras el desalojo de un asentamiento de 500 personas, el ayuntamiento de Nijar construyó una residencia con 62 microapartamentos para reubicar a trabajadores temporeros extranjeros. Pero este alojamiento permanece vacío, ya que el ayuntamiento aún no ha entregado la gestión de la propiedad a un proveedor de vivienda social.
Falta de acción por parte de los supermercados
“Los supermercados del Reino Unido son plenamente conscientes de que muchos de sus proveedores están ubicados en Almería y Nijar, y hay una alta probabilidad de que los desalojados hayan trabajado recogiendo verduras y fruta que han ayudado a abastecer sus estanterías”, dijo Jasmine Owens en Ethical Consumer. “Sin embargo, hacen la vista gorda ante las flagrantes violaciones de derechos humanos que estas personas soportan, y siguen comprando los productos, aunque podrían hacer mucho más con su influencia, como exigir que los propietarios de las granjas proporcionen hogares seguros y adecuados (y asegurarse de que los supermercados estén pagando lo suficiente para que esto sea realista), o presionar públicamente al gobierno local o nacional para que proporcione una vivienda adecuada.”
En noviembre de 2024, el ayuntamiento de Njiar redujo drásticamente el suministro de agua y electricidad en otro asentamiento de trabajadores agrícolas que alberga a cientos de trabajadores y sus familias.
Ethical Consumer y 18 organizaciones de la sociedad civil y sindicatos, entre ellos Anti-Slavery International, Landworkers’ Alliance, Focus on Labour Exploitation (FLEX) y Asociación Amigos del SOC, respondieron publicando una carta abierta en la que pedían a las autoridades locales que abordaran los cortes de agua en la comunidad.
Si bien la carta obtuvo atención en los medios españoles, el ayuntamiento local aún no ha restablecido el acceso completo al agua y negó las afirmaciones de los trabajadores de que cortó el acceso a este servicio en el asentamiento. La carta también pidió a los supermerc ados que solicitaran al ayuntamiento local restablecer el acceso al agua, dada la posibilidad de que algunos trabajadores del asentamiento formen parte de su cadena de suministro. Todos los principales supermercados del Reino Unido han respondido a la carta en el sitio web del Business & Human Rights Resource Centre, señalando diversas iniciativas de sostenibilidad que han introducido.
Pero ninguna de estas organizaciones aceptó tomar medidas significativas como contactar públicamente a las autoridades españolas, lo que aumentaría la presión sobre las autoridades para que actúen.
Según un informe de 2022 de la ONG local Andalucia Acoge, solo en Nijar hay 42 asentamientos informales que albergan hasta 1.200 residentes habituales. La Plataforma Derecho a Techo (The Right to Shelter Platform) estima que hay entre 3.000 y 4.000 jornaleros que viven en condiciones precarias en la región.
Hace veinticinco años, las autoridades locales y los grandes empleadores de la región se comprometieron a abordar estos problemas de vivienda.
Pero hasta ahora no han tomado ninguna medida para mejorar las condiciones de vida de sus empleados.
La Plataforma Derecho a Techo está organizando una protesta para mejorar las condiciones de vivienda de los jornaleros en la región el 13 de abril de 2025.
*Este artículo fue publicado originalmente en y por Ethical Consumer.
(Traducido por The Prisma – The Multicultural Newspaper) – Fotos tomadas de Ethical Consumer con su autorización. Fotos adicionales: Pixabay
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