Los inmigrantes sentirán el impacto de las normas de inmigración más estrictas a partir de ahora, y para quienes están en el poder —en el Parlamento y en el gobierno— son la forma más segura de protegerse de las consecuencias que estos cambios puedan tener. Pero, ¿hasta qué punto entienden ellos el sufrimiento de la diáspora en el Reino Unido?
Pablo Muñoz
En el Reino Unido, cualquier ley o norma que aprueba el gobierno va de la mano de cuán receptivos sean los diputados del Parlamento a aceptar y votar, ya sea a favor o en contra de una política. En la década de 1960, se necesitaron dieciocho meses, y una victoria electoral aplastante de los laboristas en 1966, para aprobar la Ley del Aborto de 1967, el punto culminante de la «sociedad civilizada» de Harold Wilson.
En 2004, los laboristas lograron aprobar la Ley de Uniones Civiles con apoyo transversal gracias a que la oposición —el Partido Conservador de Michael Howard— estuvo dispuesta a permitir una votación libre entre sus filas, con jóvenes estrellas emergentes como David Cameron votando a favor del proyecto de ley. De hecho, fue el gobierno de coalición liderado por Cameron y Nick Clegg el que aprobó la Ley de Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo de 2013. El entonces primer ministro declaró que «me parece extraordinario que el Estado pueda negar a dos personas que se aman el derecho a casarse».
Al igual que con estos ejemplos de leyes trascendentales en la historia política británica reciente, la Declaración de Cambios HC 1691 se convirtió en una norma vinculante en la jurisdicción del Reino Unido debido a la complacencia de la mayoría de los diputados con las disposiciones contenidas en la moción presentada por el gobierno ante el Parlamento el 5 de marzo de este año. El asunto recibió un amplio apoyo bipartidista.
Sir John Hayes, diputado conservador, declaró sobre los cambios que «ha habido demasiada inmigración en este país durante demasiado tiempo», y sospecha que su postura es «una opinión extendida entre los británicos que respetan la ley y son patriotas, de todo tipo de orígenes». Fue un portavoz del Ministerio del Interior quien dijo que el país «debe ser honesto sobre la magnitud y el impacto de que cientos de miles de migrantes con bajas cualificaciones obtengan la residencia permanente».
Sin embargo, este asunto ha resultado ser divisivo en la política británica. Angela Rayner, la exviceprimera ministra de Starmer que recientemente ha llegado a un acuerdo con HMRC para pagar una factura impagada de 40.000 libras por el impuesto de timbre, calificó las propuestas —que incluyen la introducción de auditorías de nóminas de los trabajadores y la reducción de la protección a los refugiados del período anterior a solo 30 meses— como «poco británicas». Acusó al gobierno de «cambiar las reglas del juego», mientras que Tony Vaughn, diputado laborista de Kent, dijo que «no podemos tener un sistema en el que el hijo de un banquero obtenga la residencia permanente después de tres años y el hijo de un trabajador sanitario la obtenga después de 15».
Sir John ha defendido al gobierno sin embargo. Ampliando su argumento, afirmó que los niveles de migración que llegan al país han debilitado la economía británica, ya que han desplazado «la inversión en capacidades nacionales». Sostuvo además que esto perpetúa «una economía con uso intensivo de mano de obra en un momento en que deberíamos haber estado automatizando y eliminando la demanda de trabajo», al tiempo que alimenta «la codicia de aquellos empleadores que, en lugar de pagar un salario digno a empleados que conocieran sus derechos, estaban contentos de recurrir a mano de obra barata».
Sir John también califica el multiculturalismo como una «noción curiosa» que implica la creencia de que «podemos absorber a todo tipo de personas en nuestro país sin un sentido compartido de pertenencia, un sentido común de lo que significa ser británico, y que estas subculturas coexistentes de alguna manera se cohesionarían». Sobre este asunto, citó a Sir Mark Trevor Philips, un escritor, locutor y político británico nacido de inmigrantes guyaneses, quien sostenía que el multiculturalismo termina «con la guetización». Sir John Hayes cree que «una nación significa muy poco a menos que tenga integridad territorial. ¿Cuál es el propósito de una nación con fronteras porosas? En verdad, apenas merece ser descrita como tal».
Pete Wishart, diputado del Partido Nacional Escocés (SNP), pidió un debate sobre los cambios presentados ante el Parlamento, afirmando que «es difícil comprender la magnitud y la ferocidad del ataque de la ministra del Interior contra inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo».
Los cambios, según él, condenarán a las personas a años de inseguridad, «negándoles la oportunidad de reconstruir vidas destrozadas. Prolongará la incertidumbre para las familias refugiadas, haciendo casi imposible tomar decisiones sobre la educación de los hijos y que estas pobres almas encuentren un empleo positivo».
Las críticas también llegaron de la Cámara de los Lores, que logró presentar una Moción de Pesadumbre, un mecanismo utilizado por los miembros para expresar su oposición a una ley. La moción fue presentada por Lord German, quien declaró que «la Declaración de Cambios representa un cambio fundamental en la forma en que este país ofrece asilo a las personas necesitadas, sin embargo, se ha introducido sin un escrutinio parlamentario significativo». Fue secundado en su moción de pesadumbre por solo 15 miembros de la Cámara. Christopher Chessun, Lord Obispo de Southwark, fue uno de ellos.
El Obispo intervino para decir que «con una tasa de natalidad decreciente y un aumento de la inactividad económica, es probable que [la inmigración] siga desempeñando un papel vital y continuo». También dijo que se oponía a cualquier retórica que «cree imágenes de ‘otros’ y atribuya imágenes de criminalidad desenfrenada a los migrantes y solicitantes de asilo. Eso es totalmente reprobable y vergonzoso».
Otro diputado laborista, Brian Leishman, declaró que «nadie vota nunca al Partido Laborista con el deseo de ser duro con los débiles y débil con los fuertes. Pero con sus reformas migratorias, el Ministerio del Interior está siendo duro con los más débiles de todos: las personas más oprimidas».
Rachael Maskell, diputada laborista, acusó al gobierno de instaurar «políticas draconianas» e insinuó que se alineaban con las políticas de Reform UK. Preguntó: «¿Por qué seguirlos?»
Blake Stephenson, diputado conservador, describió la inmigración como un asunto de gran importancia para sus electores, afirmando que aparece en más del 80% de las encuestas que envía mensualmente. Argumentó que «no se trata de perseguir a Reform», sino de «centrarse en un asunto que importa profundamente».
Añadió que casi 17.000 microempresas con cinco o menos empleados son elegibles para patrocinar visados, pero parece haber pocos datos disponibles sobre cuántas personas han patrocinado realmente.
Stephenson también planteó preocupaciones sobre las vías de visado que, en su opinión, están reguladas de forma demasiado laxa y sujetas a requisitos financieros mínimos. Refiriéndose específicamente a los visados religiosos y benéficos, argumentó que el sistema actual perjudica injustamente a los ciudadanos británicos que desean traer a sus cónyuges extranjeros al Reino Unido, afirmando que «es más fácil para alguien traer a su cónyuge no británico al Reino Unido si es inmigrante que si es ciudadano británico».
Neil Duncan-Jordan es el diputado laborista por Poole, en Dorset, donde vive uno de sus constituyentes, Olabanjo Akinduro. Su constituyente le dijo que «los migrantes no somos solo estadísticas; somos cuidadores, profesionales, voluntarios y padres que crían a niños que ya llaman a este país su hogar».
Olabanjo añadió que «queremos pertenecer, integrarnos plenamente y seguir dando lo mejor de nosotros al Reino Unido. Esta propuesta lo haría más difícil, no más fácil». Aun así, el gobierno se muestra firme en que estos cambios benefician al país y se hacen en su interés. Steve Yemm, diputado laborista, defendió las reformas como parte de un esfuerzo más amplio por ofrecer lo que muchos votantes quieren: un sistema de inmigración que sea «justo, pero controlado y que funcione en interés nacional». Dijo que eso era exactamente lo que el gobierno laborista, bajo el liderazgo de la ministra del Interior, pretendía lograr.
(Traducido por Camila Marquez) – Fotos: Pixabay
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