Uruguay necesita mano de obra extranjera, pero miles de trabajadores enfrentan bajos salarios, precariedad, dificultades para homologar sus títulos y obstáculos para acceder a empleos acordes con su formación.
Orlando Oramas León
Uruguay practica una política de puertas abiertas a la inmigración, la cual tiene como trasfondo la baja natalidad y necesidad de fuerza productiva que supera la actual población de poco menos 3,5 millones de habitantes.
Ello atrae a miles de migrantes, no pocos de países caribeños, pero también argentinos, peruanos y allende los mares, que esperan un mercado del trabajo amigable, aunque la realidad para no pocos de ellos resulta otra. Los anuncios de empleo se repiten para labores como “deliverys”, reponedores de mercancías en las tiendas, ayudantes de cocina y limpieza, por citar algunos ejemplos. Los inmigrantes resultan el sector más desprotegido, sobre todo por la necesidad de conseguir “un primer laburo”, y luego lo difícil de mejorar.
La cifra de extranjeros que aportan a la seguridad social ronda el 6,5% del empleo formal, según cifras del Banco de Previsión Social. Pero el 80% de la población migrante termina colocándose en sectores como servicios y comercio, con una alta informalidad, un fenómeno que también afecta a una parte importante de los nativos.
Además, quienes llegan de fuera trabajan más que la población nativa porque el mercado les genera espacios en los puestos más precarios.
Eso plantea Laura Martínez, miembro del Secretariado Ejecutivo de la central sindical PIT-CNT, que tiene una comisión dedicada a la defensa de los derechos laborales de los apuestan por vivir aquí, y a para conseguir su sindicalización cual forma de protección. Martínez habló sobre el tema con Prensa Latina.
Dice que los que llegan consiguen colocarse con salarios bajos y exigencias de laborar cantidades mayores de horas semanales. En ello sobresalen, entre otros, quienes se emplean en plataformas digitales, léase profesionales de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Añade otra dificultad a la hora de reconocerles los títulos profesionales y pone como ejemplo a cubanos y venezolanos, muchos de los cuales tienen alta calificación.
“Entonces cuando entran en un trabajo vinculado a los servicios suelen quedarse mucho más tiempo de lo que deberían de estar por su formación”, léase médicos, ingenieros y otras profesiones.
Martínez menciona los apuros para las mujeres migrantes, sobre todo las que tienen hijos y son cabeza de familia. Muchas veces ocupan plazas de limpieza y de cuidados de otros, con frágil estabilidad laboral.
El país de origen tiene también sus implicaciones. Las dominicanas y peruanas están más destinadas a los trabajos domésticos, en particular con cama incluida, lo cual quiere decir que prácticamente viven donde laboran.
Son formas de explotación, subraya, y reconoce el desconocimiento de las leyes laborales y los incumplimientos por parte de los empleadores.
Se aprovechan de la urgencia del trabajo, presionan para que no se organicen sindicalmente, no se afilien. Les piden que trabajen más o que hagan tareas que quizás los nativos no harían, entre otras razones porque saben del convenio colectivo y del derecho. Una reciente encuesta de la firma Equipos Consultores arroja que un 42% de los uruguayos considera que la llegada de inmigrantes perjudica al país, mientras que un 37% entiende que lo beneficia. El 16% restante evalúa que no genera efectos claros o tiene un impacto neutro, y un 5% no opinó.
La representante del PIT-CNT relativiza estos números, pero reconoce flagelos que afectan a los inmigrantes: “Apostamos desde nuestra labor sindical a afrontar las barreras reales que enfrentan los migrantes, y por ello, a la tolerancia y la integración. (…) Sabemos que con las olas migratorias debemos encarar discursos de odio, combatir el racismo y la xenofobia, que están sucediendo”.
“Tenemos que explicarles la idiosincrasia de nuestra organización en Uruguay, que es diferente a otros países del continente. Por ello tenemos en la agenda sindical la defensa de sus derechos y el enfrentamiento a la lógica de explotación y presiones que juega con la necesidad, lo cual explica la baja tasa de sindicalización”.
Laura Martínez menciona que desde el gobierno se aplican políticas dirigidas a los migrantes, “pero requieren recursos que en algunos momentos no los tienen o resultan insuficientes”.
(Fotos: Pixabay)
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