Un año después de que Colombia cerrara todas las vías legales que permitían el matrimonio antes de los dieciocho años, la congresista Alexandra Vásquez afirma que la ley ha puesto en marcha los mecanismos para el cambio, pero advierte que será la financiación, y no la legislación, la que determinará si las uniones tempranas realmente disminuyen.
Aleena Islam y Burak Batuhan Karakus
Una única modificación del artículo 116 del Código Civil establece ahora en dieciocho años la edad mínima para contraer matrimonio en Colombia, sin excepciones. La Ley 2447 de 2025, conocida como «Son Niñas, No Esposas» (Girls, Not Brides), entró en vigor hace un año, después de ser aprobada en su noveno intento, tras casi dos décadas de esfuerzos fallidos.
Colombia se encuentra entre los pocos países de América Latina que han prohibido el matrimonio antes de los dieciocho años sin excepción, en una región donde los avances en esta cuestión han sido los más lentos. Vásquez, una de las principales autoras de la ley, ha pasado este año observando qué puede y qué no puede hacer la legislación por sí sola.
Diez artículos más fueron derogados junto con la modificación, además de las disposiciones relativas a la herencia y a la sociedad conyugal, para que ninguna norma anterior pudiera contradecirla. El artículo 117, que permitía el matrimonio con el consentimiento de los padres, fue el que más atención pública recibió, aunque fue solo uno de los muchos artículos derogados. La reforma también eliminó las excepciones que permitían a menores de hasta catorce años contraer matrimonio con autorización de sus padres o judicial, haciendo que cualquier matrimonio en el que participe una persona menor de dieciocho años sea jurídicamente inválido y susceptible de anulación.
La ley también define las «uniones tempranas» para incluir la convivencia de hecho, y no solo las ceremonias formales, cuando uno o ambos miembros de la pareja son menores de dieciocho años. Esto cierra una laguna legal que permitía a las uniones informales, históricamente mucho más difíciles de rastrear y perseguir, eludir la restricción.
La magnitud del problema explica la urgencia que hay detrás de la ley. Aproximadamente una de cada cinco niñas colombianas se casa o entra en una unión temprana antes de los dieciocho años, y alrededor del 5% lo hace antes de los quince, según Girls Not Brides; esta cifra mide cuántas mujeres fueron casadas siendo niñas, no qué proporción de los matrimonios incluye a una menor. En las comunidades rurales e indígenas, la tasa asciende a entre el 40% y el 65%, más del doble de la media nacional, según informa la organización. La tasa de fecundidad adolescente de América Latina y el Caribe, de 62 nacimientos por cada 1.000 niñas, sigue el mismo patrón.
Vásquez describe el primer año como una etapa de preparación más que de resultados. «El primer año no estuvo orientado a reducir el fenómeno», afirma, «sino mucho más a construir lo que se espera y cómo se abordará este fenómeno a nivel nacional».
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la institución colombiana encargada del bienestar de las familias, informó al Congreso de cinco logros: un plan nacional de implementación, una línea de base nacional para hacer seguimiento a la prevalencia, una categoría de datos específica dentro de su sistema de registro de casos, nuevos canales de coordinación en todo el sistema de bienestar familiar y el lanzamiento del Programa Nacional de Proyectos de Vida. Este último elemento tiene el mayor peso. Mientras los artículos derogados cerraron una laguna legal, el programa aborda la pobreza y las limitadas oportunidades de escolarización que hacen que el matrimonio temprano parezca una opción.
El censo de Colombia de 2018 contabilizó 115 pueblos indígenas reconocidos, cuatro grupos afrodescendientes y el pueblo romaní. Una única campaña nacional nunca iba a funcionar, por lo que los mensajes están concebidos para adaptarse comunidad por comunidad. Las autoridades reconocen que la implementación aún no ha llegado a todas las comunidades previstas. Las organizaciones de la sociedad civil asociadas señalan que una implementación plena requerirá un trabajo coordinado entre los sistemas de salud, educación y justicia para abordar la pobreza y la desigualdad de género que impulsan esta práctica. El ICBF deberá ahora presentar cada año al Congreso un informe de evaluación de la implementación de la ley.
El cambio más claro hasta ahora puede ser discursivo más que estadístico. El matrimonio infantil en Colombia era en granmedida invisible antes de la ley, una realidad no cuestionada de la vida rural más que un asunto público, y ahora se debate abiertamente junto con la pobreza y la desigualdad que lo impulsan.
La ley también establece un marco detallado para anular los matrimonios infantiles existentes. Los padres, tutores, defensores de familia, fiscales o cualquier persona que actúe como garante de los derechos de los niños pueden iniciar una acción de anulación, aunque una vez que la persona menor de edad alcanza la adultez, solo ella puede hacerlo. Las acciones de nulidad no tienen plazo de prescripción y pueden presentarse en cualquier momento. La ley presume la mala fe del adulto que contrae matrimonio con una persona menor de edad y le impide beneficiarse de los bienes de esta última.
El consejo de Vásquez para los activistas de otros lugares se resume en una palabra: perseverancia. Pero se apresura a matizarlo: una prohibición es necesaria, afirma, aunque no suficiente sin políticas públicas sostenidas en materia de prevención.
La aprobación de la ley reunió a una amplia coalición: el Congreso, organismos gubernamentales, la sociedad civil, organizaciones internacionales de derechos humanos, universidades y líderes comunitarios desempeñaron un papel. Nada de ello garantiza su aplicación, que, según Vásquez, requiere un seguimiento político continuo para comprobar que el ICBF cumple su propio plan.
Una ausencia notable en el debate público ha sido la respuesta de las instituciones religiosas. En un país donde la Iglesia católica ejerce una importante influencia cultural, su posición podría reforzar o socavar el mensaje de la ley, especialmente en las comunidades rurales y tradicionales.
Esa tarea está a punto de hacerse más difícil. La actual administración de Colombia, encabezada por el presidente Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo, está en el cargo desde el 7 de agosto de 2026.
A Vásquez le preocupa que el cambio de administración pueda poner en peligro la financiación del plan del ICBF; si se recorta, las campañas que aún no han llegado a todas las comunidades podrían no llegar nunca.
El Programa Nacional de Proyectos de Vida, pieza central del enfoque preventivo de la ley, es una iniciativa nueva que depende de una inversión sostenida.
Un patrón similar de activismo lento y prolongado durante décadas atraviesa el reciente historial legislativo de Colombia.
En junio de 2026, el país se convirtió en el primero de América Latina en prohibir la mutilación genital femenina, una práctica que persiste en algunas comunidades indígenas rurales, según Equality Now.
Vásquez también fue coautora de esa ley, trabajando con supervivientes de la comunidad emberá, según Global Voices; tardó años en ser aprobada, al igual que la prohibición del matrimonio que la precedió. Dos leyes históricas en dos años han situado a Colombia por delante de la mayor parte de la región en materia de derechos de los niños y de las mujeres. La esperanza es que el ejemplo traspase las fronteras de Colombia. «Necesitamos que los ojos del mundo estén puestos en nosotros», afirma, si el país quiere terminar lo que la ley comenzó.
(Traducido por Camila Marquez) – Imágenes creadas por Gemini AI
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