Varias embarcaciones ecuatorianas han sido interceptadas por militares estadounidenses durante 2026. Mientras Washington las vincula con actividades ilícitas, pescadores y organizaciones de derechos humanos denuncian abordajes violentos, privaciones de libertad, torturas y desapariciones, y cuestionan las evidencias y los procedimientos empleados en las operaciones.
Adriana Robreño
En uno de los recientes episodios, efectivos estadounidenses abordaron en altamar al pesquero María Candelaria, desde donde uno de sus tripulantes logró transmitir en vivo parte del operativo con su teléfono.
“Se nos han acercado hasta la patrulla, se nos han acercado la patrulla y no nos han llamado, no nos han llamado por radio. No nos han llamado, nos tratan como criminales”, relató el pescador en el video, que fue interrumpido cuando uno de los agentes le quitó el dispositivo. Desde enero, ocho pescadores de la embarcación Fiorella permanecen desaparecidos después que ese pesquero fuera intervenido a comienzos de año, según denuncias de familiares y organizaciones de derechos humanos.
Los colectivos aseguran que durante los distintos operativos se han registrado casos de abordajes violentos, privación de libertad, desaparición forzada temporal, tortura y destrucción de embarcaciones, y sostienen que al menos 180 tripulantes se han visto afectados.
El Gobierno estadounidense, por su parte, presenta las operaciones como parte de la lucha contra el narcotráfico y otras actividades ilícitas, mientras que el Gobierno de Daniel Noboa respalda la cooperación con Washington en materia de seguridad.
Luego de lo ocurrido al Fiorella, algo similar pasó al Negra Francisca Duarte II, barco intervenido el 17 de marzo y cuyos sobrevivientes denunciaron que fueron atacados y posteriormente trasladados a El Salvador.
Según sus testimonios, durante la operación fueron inmovilizados, encapuchados y sometidos a condiciones que consideran degradantes.
El tercer caso ocurrió con el pesquero Don Maca, intervenido el26 de marzo.
Una investigación del diario estadounidense The Washington Post planteó que un programa encubierto de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) podría estar detrás de los misteriosos ataques registrados a principios de año cerca de las islas Galápagos.
Después de esos tres incidentes, el 28 de agosto apareció el cuarto episodio, protagonizado por la embarcación Los Tres Hermanos, interceptada y posteriormente destruida por fuerzas estadounidenses.
Sus 14 tripulantes, que negaron cualquier vínculo con el narcotráfico, regresaron a Ecuador y denunciaron haber sido seguidos por helicópteros y retenidos durante varias horas a bordo de un buque extranjero. El quinto episodio correspondió al Conquista 2, el 2 de septiembre, seguida por el OM2, interceptado un día después y también destruido. El séptimo episodio involucró al pesquero María Candelaria, seguido por el atunero Montecristi y finalmente el Don Rufo, intervenido el 8 de septiembre.
Así, en cuestión de semanas, la controversia pasó de los testimonios de algunos pescadores a involucrar a decenas de familias y a convertirse en un asunto de interés nacional.
La polémica adquirió una nueva dimensión con la visita a Quito del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien confirmó que las acciones cuentan con la anuencia del Gobierno ecuatoriano.
“Seguimos destruyendo barcos si es necesario”, afirmó Rubio al ser consultado sobre la estrategia estadounidense.
Rubio también dejó claro que Washington mantiene la posibilidad de destruir embarcaciones cuando considere que existe una amenaza, aunque aseguró que las decisiones se adoptan de acuerdo con las características de cada operación.
Derechos humanos y soberanía
El abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil, Fernando Bastías, criticó la manera en que se han desarrollado los procedimientos. “Están haciendo las cosas al revés: primero aprehenden y después investigan”, afirmó Bastías, quien cuestionó que los procesos contra pescadores se sustenten en información de inteligencia, sin pruebas presentadas públicamente.
El jurista también señaló que algunos pescadores interceptados en altamar han sido trasladados hasta las islas Galápagos, fuera del territorio continental ecuatoriano, y consideró que esa práctica dificulta que sus familiares puedan denunciar las presuntas irregularidades.
“Este es el resultado de la improvisación. Decisiones que dejan dolor y sufrimiento en el camino, mientras la crisis de seguridad permanece y el show continúa”, sostuvo.
La oposición ecuatoriana comparte parte de esos cuestionamientos y acusó al Gobierno de Noboa de permitir actuaciones de una fuerza extranjera contra ciudadanos del país.
La pregunta ya no se limita a determinar qué transportaban las embarcaciones o si alguna estaba vinculada con actividades ilícitas, sino bajo qué protocolos actúan los militares estadounidenses, qué autoridad ecuatoriana supervisa esas operaciones, qué evidencias sustentan las acusaciones y qué mecanismos existen para investigar eventuales abusos. Organizaciones sociales solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para la comunidad pesquera de la provincia de Manabí y declararon persona no grata al jefe del Comando Sur estadounidense, general Francis L. Donovan. PL
(Imágenes generadas por Gemini AI)
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