Las cifras de homicidios, una incursión armada con ocho fallecidos en Zacapa y el asesinato de un exfiscal han intensificado la preocupación ciudadana. Las demandas de una investigación imparcial coinciden con advertencias sobre la impunidad, el crimen organizado y el riesgo de que el miedo erosione la convivencia democrática.
Zeus Naya
Todas estas pérdidas son irreparables para cada familia, comunidad, la sociedad en general y demuestran que la crisis de seguridad en el país persiste, según cifras y pronunciamientos analizados por la agencia Prensa Latina.
Datos obtenidos por el estudio de opinión pública de referencia internacional Latinobarómetro muestran que la delincuencia figura como el principal problema nacional. Un alto por ciento de los chapines entrevistados contestó que esa era su mayor preocupación, seguida de la economía y la corrupción, citó una investigación del medio digital independiente Expediente Abierto.
“La población evalúa la seguridad por lo que vive a diario. Si continúa siendo víctima de extorsiones, robos o hechos violentos, difícilmente va a considerar que existe una mejora”, explicó el experto y catedrático Pedro Montenegro.
Agosto pasado cerró con 318 homicidios en este territorio centroamericano, el registro mensual más alto de los últimos cinco años, según la Plataforma de Datos Estadísticos de Incidencia Criminal del Ministerio de Gobernación (Mingob).
El promedio fue superior a 10 víctimas mortales por cada jornada, un incremento luego de un primer semestre en el que las autoridades informaron una reducción contra idéntico período del año anterior, atribuida a operativos de seguridad.
Este departamento capital concentró la mayor cantidad de asesinatos durante el octavo mes del año, con 135. Le siguieron Escuintla (36); Chiquimula (20) y Santa Rosa con 17.
Dos casos que siembran miedo
Una confusa incursión en el municipio de Huité, Zacapa (aún bajo investigación del Ministerio Público, MP), ejecutada por un comando fuertemente armado, dejó el 27 de septiembre último un saldo de ocho fallecidos, entre ellos, mujeres y niños.
Las balaceras en varios puntos, que sembraron el pánico entre la población, respondían presuntamente al intento de ubicar y capturar a un connotado líder del narcotráfico de la región (Haroldo Waldemar Lorenzana, alias “Haroldito”).
El hecho provocó una intensa conmoción política y social debido a las versiones encontradas sobre el origen del ataque y el actuar de las fuerzas del orden en esa nororiental demarcación.
Como si fuera poco, la consternación volvió a afligir a la ciudadanía con el asesinato el sábado 17 de octubre en la mañana, en un campo deportivo de la urbe, del abogado y exfiscal del MP Juan Francisco Solórzano Foppa.
Organizaciones chapinas e internacionales condenaron el suceso y se solidarizaron con las familias de las víctimas, pues también murió impactado por una bala Gustavo Aguilar, con funciones administrativas en la Federación de Judo.
Ante tal panorama, creció por horas la ola de exigencias por una investigación pronta e imparcial para esclarecer el crimen y deducir responsabilidades.
Reacciones
El presidente Bernardo Arévalo describió que cobardes sicarios dieron muerte a ambas personas mientras se encontraban en el Campo Marte, a plena luz del día, frente a familias enteras y a niños, incluido el hijo de Foppa.
“Una voz crítica ha sido silenciada de la manera más cruel. El asesinato de Foppa nos llena de dolor e indignación y representa un hecho que no puede quedar impune”, expresó, por su parte, la vicepresidenta del país, Karin Herrera. Con este asesinato político sigue y se profundiza el retroceso histórico a una época cada vez más oscura de este Estado represivo, en vísperas de un año electoral, remarcó el Comité de Desarrollo Campesino Codeca.
El MP solicitó reserva del expediente relacionado con el suceso, en tanto avanzan, incluso con acompañamiento del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, las diligencias.
“La violencia no puede convertirse en el mecanismo para silenciar voces ni resolver diferencias. Cuando un hecho así queda impune, el mensaje para toda la nación es devastador”, señaló la Fundación para el Desarrollo de Guatemala.
El partido Raíces, conformado por exintegrantes del oficial Movimiento Semilla, respaldó la solicitud de apoyo local e internacional para esclarecer el crimen y exigió firmeza no solo contra los delincuentes comunes, sino asimismo contra los políticos que los protegen. PL
(Fotos: Pixabay)
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