La gran mayoría de los cubanos nació bajo las secuelas del bloqueo de Estados Unidos, una política genocida y violatoria de los derechos humanos de sus ciudadanos. Una política que cumple casi seis décadas y que de una u otra forma el mundo justifica o permite.
Orlando Oramas León
El bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba ha cumplido oficialmente 58 años, pero desde antes Washington lo aplicó contra la Revolución Cubana.
El 3 de febrero de 1962 el presidente John F. Kennedy decretó el ‘embargo’ total del comercio con la vecina isla, en cumplimiento de la sección 620 (a) de la Ley de Asistencia Exterior.
Pero en realidad la propia ley ya era aplicada como parte de una política de hostilidad contra Cuba que incluyó el intento de derrocar el proceso revolucionario mediante la invasión mercenaria de abril de 1961, así como el soporte a bandas armadas que sembraron el terror en diversos puntos del archipiélago.
La Proclama Presidencial 3437 de febrero de 1963 oficializa entonces la guerra económica, financiera y comercial que EE.UU. ejerce contra Cuba hace casi 60 años.
Desde entonces las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos, del Departamento del Tesoro, estipularon el congelamiento de todos los activos de la isla en Estados Unidos.
También prohibió las transacciones financieras y comerciales a menos que fueran aprobadas por una licencia federal.
Igualmente resultaron vedadas las exportaciones cubanas al país norteño, y la realización de transacciones en dólares con Cuba a cualquier persona natural o jurídica de los EE.UU. o terceros países. Legislaciones, regulaciones y decretos conforman el blindaje del cerco a la mayor de las Antillas, en el afán de doblegar por hambre, enfermedades y necesidades a sus habitantes por apoyar el proceso revolucionario.
La Ley para la Democracia Cubana o Ley Torricelli, de 1992, establece un hito en el entramado del bloqueo y en su carácter extraterritorial.
Por la Torricelli las compañías estadounidenses o subsidiarias en otros países están impedidas de comerciar bienes con Cuba o nacionales cubanos.
Prohíbe a los barcos de terceros países que toquen puerto cubano entrar a territorio de EE.UU. en un plazo de 180 días, excepto aquellos que tengan licencia del Secretario del Tesoro.
Esta medida tiene toda la intención de hacer bien difícil el comercio de la isla caribeña, incluso el suministro de bienes imprescindibles para la población y el desempeño económico.
Por su parte la Ley Helms-Burton, adoptada en 1996 bajo el gobierno de William Clinton, codificó las disposiciones del bloqueo y amplió su alcance extraterritorial.
La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca marca un escalamiento de las acciones anticubanas y de reforzamiento del bloqueo. Esa intención queda oficialmente consignada el 16 de junio de 2017.
En esa fecha Trump firma en Florida un memorando presidencial sobre política hacia Cuba, anuncia la reversión del acercamiento iniciado por su predecesor Barack Obama (2009-2017) y ordena redactar nuevas restricciones a los viajes individuales y el comercio.
Bajo tales premisas en septiembre de ese año el Departamento de Estado anuncia la retirada de la mayor parte de su personal diplomático en La Habana y suspende la emisión de visados.
A partir de entonces la administración Trump decidió medidas adicionales que dificultan la obtención de visas por parte de ciudadanos cubanos, quienes deben tramitarlas en consulados estadounidenses en otros países.
A fines de 2017 Washington decreta otras restricciones a los viajes y el comercio con Cuba, las cuales incluyen una lista de 180 entidades y subentidades cubanas con las que los estadounidenses no pueden realizar transacciones.
Esa lista negra fue ampliada desde entonces y ya supera las 200 empresas y entidades concernidas.
Antes, el 5 de abril del pasado año, la Casa Blanca dispuso sanciones contra embarcaciones y empresas relacionadas con el sector petrolero de Venezuela que transportan crudo a Cuba, una medida que se repitió en otras ocasiones durante el año y ocasionó desabastecimiento de portadores energéticos en la isla.
También, el 2 de mayo de 2019, las autoridades estadounidenses activaron el Título III de la Ley Helms-Burton, lo que abrió el camino a la presentación de querellas judiciales contra empresas cubanas y de otros países con negocios e inversiones en Cuba.
Además fueron prohibidos los viajes de cruceros, aviones y yates particulares a la isla, además aplicaron nuevos impedimentos a las visitas de ciudadanos de aquel país, así como sobre el envío de remesas.
Desde septiembre de 2019 EE.UU. arreció una cruzada contra el programa de misiones médicas de Cuba en el exterior.
Al terminar ese año entra en vigor una medida que impide a las aerolíneas comerciales estadounidenses viajar a todos los destinos de Cuba, con la excepción de la Habana. En enero de 2020 le tocó igual suerte a los vuelos chárteres. Hoy las afectaciones incluyeron todos los aspectos de la vida, el acceso a medicamentos y tecnologías de la salud, incluso el deporte, los intercambios académicos y forzaron la inasistencia de funcionarios y científicos cubanos a eventos internacionales en Estados Unidos. (PL)
(Fotos: Pixabay)
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