La información que caracteriza el discurso oficial de Bolivia es contradictoria, falsa, acaso oculta, incluso en el contexto de la Covid 19, al punto de convertirse en una infodemia.
Claudia Espinoza
Esto profundiza la angustia de una sociedad en permanente “emergencia” desde el golpe de Estado perpetrado el 10 de noviembre del pasado año.
En el campo de la Salud, la desinformación es el sentido común. El caso del empresario Richard Sandoval, paciente de la Covid-19, lo muestra.
Hace dos semanas Jeanine Áñez, presidenta, y Luis Revilla, alcalde de La Paz, inauguraron un hospital cuyo slogan era: “Estamos listos para enfrentar el coronavirus”.
Sin embargo, el pasado 29 de marzo Sandoval murió porque ese hospital no estaba acondicionado para atender la enfermedad que ha cobrado la vida de cerca de 175 mil personas en el mundo.
Pero, además, dicho caso no estaba registrado en las estadísticas del Servicio Departamental de la Salud de La Paz (Sedes), lo cual presenta indicios de que no todos los casos se encuentran controlados, pese a que el ministro de Salud, Aníbal Cruz, como vocero del coronavirus, entrega cifras diariamente.
Áñez anunció el 12 de marzo al país que “desde el mes de enero el gobierno ha estado trabajando para la llegada del coronavirus a Bolivia y por tanto se activaron los equipos de respuesta rápida y se dispuso a todo el personal médico capacitado para la atención”.
¿Cómo se entiende entonces lo sucedido con Sandoval? Vianka, hermana del fallecido, sentenció en su Facebook: “No crean nada, el gobierno nos miente”.
En otras varias conferencias de prensa, autoridades del gobierno de Áñez fueron consultadas sobre medidas concretas en la emergencia sanitaria, a lo que respondieron con el discurso de que en 14 años de gobierno de Evo Morales (2006-2019) solo se construyeron canchas de fútbol.
Durante el mandato de Morales, se construyeron más de mil establecimientos de salud, en su mayoría de primer nivel de atención en regiones alejadas del país a través del “Plan Hospitales para Bolivia”.
Exministras de Salud e incluso el propio expresidente salieron a desmentir y responder en Twitter no solo sobre los hospitales, los ítems, los equipos y el presupuesto que se asignaron en sus gestiones.
Esa matriz de opinión que intentó posicionar el discurso oficial, además de no ser cierta, no contribuyó en nada a aliviar la situación.
En Santa Cruz de la Sierra, la tercera víctima de la pandemia estuvo 12 horas tendida en la sala de trauma-shock de un hospital.
Cuando sus restos fueron trasladados a la morgue judicial que funciona en el mismo nosocomio, “los funcionarios fueron retirados, alegando que el lugar estaba contaminado con el Covid-19”. La orden tuvo que llegar desde la Fiscalía Departamental para retirar el cadáver.
Otra vez se puso al desnudo que ninguna instancia estatal se encontraba informada ni preparada para actuar.
Los hechos se desarrollan con un guion improvisado que delata una espiral descontrolada de contagiados, infectados, confirmados y sospechosos.
Técnicamente se habla de subregistros que no están reportando información fidedigna a la población e incluso la familia del “primer” fallecido afirma que el deceso de su pariente no fue por coronavirus.
Ninguna instancia de Salud proporcionó un certificado médico, el hijo del fallecido contó en una radioemisora que los amenazaron en el hospital si seguían insistiendo; incineraron el cuerpo, no se sabe dónde.
En las últimas semanas, Bolivia apareció en primer lugar en la tabla de la Organización Mundial de la Salud – Organización Panamericana de la Salud (OMS-OPS) con el nivel más alto de letalidad del coronavirus.
Según su representante interino en este país, Alfonso Tenorio, “es que se han hecho pocas pruebas de diagnóstico, por lo que la cantidad de casos positivos debe ser mayor a la registrada”.
Bolivia es el país con mayor letalidad de la región, con 6,5%; le siguen Paraguay, con 4,62%; Brasil, con 3,59% y Ecuador con 3,35% .
Ninguna autoridad habla al respecto y la espuma de infodemia sigue creciendo en la opinión pública.
Para atenuar los efectos de la pandemia, y de una desaceleración en la economía boliviana desde noviembre pasado, el gobierno anunció medidas sociales y económicas.
Nuevamente el discurso oficial contradictorio generó más confusión: primero ofrecieron canastas familiares para mil 600 millones de hogares; luego las cambiaron por dinero en efectivo a un grupo de un millón de personas adultas mayores, embarazadas y discapacitados, mediante bancos.
Son 400 bolivianos (57 dólares), monto que para una familia resulta irrisorio y, además, donde el nivel de bancarización no abarca la generalidad.
También se anunció el bono familia en la segunda semana de abril, de 500 bolivianos (unos 72 dólares) por hijo/a que curse pre-kínder, kínder (preescolar) o nivel primario en escuelas del sistema público.
El universo de estos “coronabonos” deja fuera a un grueso de la población que vive del comercio y los servicios, por lo que no califica.
Para ellos no hay respuesta alguna del gobierno.
Quienes sí se encuentran en las prioridades del ejecutivo son los uniformados: Áñez acaba de aprobar un incremento salarial entre 450 y 470 bolivianos (poco más de 68 dólares) a la Policía, en medio de la emergencia sanitaria. Ningún vocero oficial quiere informar sobre el tema.
Circulan noticias sobre donaciones y préstamos, con cifras exorbitantes: 100 mil millones de dólares de la cooperación internacional, cinco millones de euros de la Unión Europea, 21 mil 500 millones de euros de Italia, 4,5 millones de dólares de Japón y el préstamo de mil 500 millones de dólares del Banco Central.
¿Quién transparenta esta información? Las cuentas públicas volvieron a tener un manto oscuro, como en los años de la década de 1990. (PL)
(Fotos: Pixabay)
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