En septiembre de 2019, el décimo tercer Anuario Brasileño de Seguridad Pública registró un récord de violencia sexual en el país. Fueron 66 mil las víctimas, la mayoría (53,8%) eran niñas de hasta 13 años.
Las estadísticas provenientes de las secretarías de Seguridad Pública de todos los estados y del Distrito Federal muestran que cuatro niñas de hasta 13 años son violadas por hora en el país. En promedio, hay 180 violaciones por día, un 4,1% más que en 2017.
De acuerdo con Cristina Neme, investigadora del Foro Brasileño de Seguridad Pública, ‘el perfil del agresor es el de una persona muy cercana a la víctima, a menudo un miembro de su familia’, como padre, abuelo, tío o padrastro, lo que también se identificó en otras ediciones del anuario.
De cada 10 violaciones, ocho ocurren contra niñas y mujeres, y dos a varones menores y hombres.
La mayoría de las mujeres violadas (50,9%) son negras.
El caso de una niña de 10 años que resultó violada por su tío en los últimos cuatro años repercute en las redes sociales y una vez más enciende la polémica en Brasil acerca de la interrupción de un inicuo embarazo.
Absorta en disímiles traumas, la menor reveló a investigadores que desde que tenía seis años estaba amenazada por su pariente, un hombre de 33 años. Nunca lo denunció por miedo a represalias.
Hasta ahora se desconoce el paradero del tío y el acontecimiento llegó a la atención pública después que la pequeña se sintiera enferma y fuera ingresada en un hospital en el que se detectó el embarazo.
La Policía Civil acusa al abusador de los delitos de amenaza y violación de vulnerables.
Preocupa además que la niña tuvo que buscar ayuda fuera de su territorio (estado de Espíritu Santo, sudeste de Brasil) para procurar interrumpir su gestación, pese a estar legalmente autorizada.
Esto porque el equipo médico del Programa de Asistencia a las Víctimas de Violencia Sexual (Pavivi) del hospital de referencia de Vitória, en Espíritu Santo, argumentó cuestiones técnicas para negarse a realizar el procedimiento.
Alegó que la edad gestacional era avanzada y, por lo tanto, no estaba respaldada por la legislación. No les importó la aprobación del juez Antônio Moreira, encargado del asunto.
El magistrado respondió a una solicitud del Ministerio Público de Espíritu Santo. En su decisión, aborda la edad gestacional y se basa en la Norma Técnica de Atención Humanizada del Aborto, publicada en 2005 por el Ministerio de Salud, para autorizar la interrupción del embarazo: “el aborto por encima de las 20-22 semanas es legítimo y legal en los casos de embarazo por violación, riesgo de vida para la mujer y anencefalia fetal”.
Según el portal de noticias G1 en ese momento la chiquilla tenía 22 semanas y cuatro días de embarazo.
Uno de los profesionales que atendió a la niña destacó, en el fallo judicial, el deseo de la menor de no mantener el embarazo y concluyó que “la voluntad de la niña es soberana, aunque sea incapaz”.
Con el respaldo de la Fiscalía de la Infancia y la Juventud del municipio Sao Mateus y la Secretaría estadual de Salud, la niña en compañía de su abuela fue trasladada a otro estado, para terminar el embarazo en un centro médico. Por el momento el destino se mantiene en secreto por las autoridades.
De acuerdo con la ley brasileña, la menor tiene derecho a un aborto legal tras haber sido víctima de violencia sexual o con riesgo de muerte materna.
Consultados por G1, especialistas en Derecho Penal afirmaron que el momento del embarazo no hace ninguna diferencia desde el punto de vista jurídico y defendieron el aborto como un derecho de la víctima, incluso para que pueda recuperarse del daño psicológico causado por la violación. (PL)
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