Aunque el propósito es que la justicia funcione mejor, un proyecto de ley en curso no está exento de críticas y del rechazo del sector opositor al actual gobierno de Argentina.
Se trata de un proyecto con el cual se busca reordenar la justicia federal, hacerla más independiente, regida por mayores normas de transparencia y que realice los procesos con celeridad y eficiencia. Con fuertes discusiones en las comisiones del Congreso en busca de lograr dictamen para su futuro debate en ambas cámaras, la propuesta, al decir del propio jefe de Estado, Alberto Fernández, pretende además un sistema que no funcione a partir del gobierno de turno o a favor del poderoso.
La unificación y duplicación de los juzgados federales, la puesta en marcha del sistema acusatorio y la conformación de un Consejo Consultivo, son varios de los puntos de la iniciativa, duramente cuestionada por Juntos por el Cambio, otrora Cambiemos, el brazo político que llevó a la presidencia a Mauricio Macri en 2015.
Desde que se anunció la propuesta, la lluvia de críticas por parte de la oposición no se hizo esperar e incluso algunos señalando que con este proyecto se busca impunidad, entre otros argumentos.
Fernández subrayó que el proyecto de la reforma judicial busca un reordenamiento que vaya mucho más allá de los tribunales de Comodoro Py, asentados en la capital. Es un cambio en toda la justicia federal nacional con el propósito de que funcione bien, apuntó.
Entre otros objetivos, el proyecto girado por el Ejecutivo al Congreso para su futuro debate tiene una ley que ordena a la justicia federal de todo el país, con más fiscalías, más defensorías, tribunales orales, unifica los fueros penales económicos y las cámaras.
Por otra parte, transfiere a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las competencias para investigar delitos no federales cometidos en su territorio, pendiente desde la reforma constitucional de 1994.
En debate hoy en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado, la iniciativa comprende una serie de medidas que, entre otras cosas, crea 121 nuevos cargos y 94 juzgados en el interior del país. Dentro de las comisiones el debate es álgido. El jefe del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri, pidió al Ejecutivo retirar el proyecto de ley y comenzar de cero en la búsqueda de consenso.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, María de los Ángeles Sacnun, ha dicho que el pedido de la oposición “es una excusa para no debatir”.
“Me parece que el presidente marcó una enorme apertura, no solo al momento de mostrar el proyecto, sino también al admitir en la propia presentación que él mismo estaba abierto a todas las reformas que se le pretendieran incorporar”, enfatizó.
En un diálogo exclusivo con miembros de la Asociación de Corresponsales Extranjeros (Acera), el juez Alberto Huarte Petite, con más de 20 años de experiencia, explicó que la reforma judicial propone, entre otros puntos, la creación de más juzgados nacionales en materia federal penal, y el traspaso de competencias de la justicia nacional a la de la capital.
“El código procesal nuevo –dijo – le daría mucha importancia a la tarea de los fiscales y el ministerio tiene la posibilidad de organizar fiscalías especializadas en el tema, lo cual permitiría establecer protocolos, generar criterios más rápidos, para llevar un caso a juicio propio de violencia de género”. (PL)
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