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Latinoamérica convulsa

En la región hay gobiernos que se caracterizan por sus violaciones a derechos humanos y civiles, pues si bien las formas democráticas tradicionales funcionan, los factores del poder actúan como entes independientes y decisivos que impiden reformar el orden social.

 

Juan Diego García

 

Y actúan de tal manera que si desde los gobiernos se intenta modificar dicho orden social, estos factores de poder operan contundentemente para impedirlo.

En Bolivia se han celebrado elecciones y ha sido amplia la victoria del partido del expresidente Evo Morales, Movimiento Al Socialismo (MAS): más del 50% de los votos para Luis Arce.

Sin embargo, hay que esperar que la derecha acepte los resultados y no se produzca otro golpe de Estado semejante al que instauró al gobierno actual.

El gobierno de Morales practicaba un nacionalismo moderado y muy pragmático que tenía en la defensa de los recursos naturales su línea principal y buscaba la satisfacción de necesidades básicas como salud, educación y servicios sociales.

Se trataba de pagar una deuda nunca satisfecha con las mayorías sociales y de eliminar la pobreza extrema.

Aunque el propósito del gobierno de Morales era el socialismo, en realidad nunca se practicaron políticas tendientes a “expropiar a los expropiadores”, se hizo una gestión pública reconocida por destacados organismos internacionales y se manejó la dura oposición de una derecha de caverna con bastante tolerancia.

Pero Morales no renovó las fuerzas armadas para darles al menos un carácter nacionalista, más allá de las ideas nefastas de la “doctrina de la seguridad nacional” que El Pentágono ha impuesto en casi todos los ejército de la región.

El golpe militar –que ahora se acabaría formalmente con las elecciones del domingo pasado- es un resultado evidente de la aplicación de esta doctrina imperialista.

Superar esa doctrina es uno de los retos inevitables del nuevo gobierno.

El pasado 18 de octubre se celebró el primer aniversario del movimiento de protesta en Chile.

Un movimiento de amplio respaldo popular que busca ante todo destituir al actual presidente del gobierno por mil motivos que en cualquier sistema democrático serían motivos más que suficientes para solicitarlo.

Aunque todo comenzó como una protesta por el aumento desmedido de las tarifas del transporte, pronto se extendió a otras cuestiones que terminaron por cuestionar de manera radical el mismo modelo económico neoliberal que rige allí desde el gobierno de Pinochet, que siempre fue presentado, por la derecha internacional, como la mejor prueba de éxito.

Pero la realidad es otra.

Las privatizaciones, por ejemplo – uno de los puntales de este modelo- arrojan un balance de enormes pérdidas para la mayoría de la población (al tiempo que ingentes beneficios para las minorías de siempre).

Los resultados nefastos de la privatización de las pensiones ha sido uno de los casos que mayor indignación ha provocado entre la población.

Ha sido un verdadero robo a los ahorros ciudadanos, igual que ha sucedido en otras áreas que antes administraba el Estado.

El fiasco en la educación pública ha provocado protestas estudiantiles por todo el país, y muchas las exigencias por reformar la constitución, básicamente la misma que dejó la dictadura de Pinochet.

La dimensión de la protesta, y sobre todo su continuidad durante todo un año, comprueban que el gobierno de Piñera carece por completo de legitimidad.

En cualquier país medianamente democrático se hubiese llamado a elecciones. Pero en Chile a la protesta solo se ha respondido con la misma violencia que se utilizó contra el pueblo durante la dictadura: manifestantes muertos a tiros por la policía; decenas de desaparecidos y miles de encarcelados y torturados y heridos.

Además el gobierno ha usado el nuevo método macabro de disparar tubos de gas a la cara para dejar tuerta o ciega a la persona. Todo con impunidad total para los carabineros.

Al igual que en Bolivia, el gobierno de las minorías ricas se sostiene por el apoyo de los cuarteles. En Bolivia, un gobierno golpista; en Chile otro sin legitimidad alguna que solo sobrevive por la violencia contra las mayorías.

En realidad esas fuerzas armadas son las mismas que dejó intactas Pinochet, confirmando la necesidad de renovar a fondo los cuarteles.

No menos dramático es el caso de Colombia. Igual que en Chile, hay protestas populares desde hace varios meses y muy poco se han visto disminuidas por la pandemia del covid-19.

Tampoco las debilitan las masacres que se producen a diario de activistas sociales, indígenas y antiguos guerrilleros que han dejado las armas confiando en el Acuerdo de Paz.

Al igual que en Chile la policía reprime sin consideración alguna a manifestantes urbanos y comunidades rurales que protestan, dejando un saldo de muertes, desapariciones, heridos y prisioneros; mujeres y niñas violadas por “agentes del orden”, políticos y dirigentes sociales amenazados, y campañas de terror y de espionajes ilegales a contradictores del gobierno.

Igualmente grave es el vínculo que Bogotá ha intensificado con Washington, uniéndose a la posición de carro de guerra de Trump, sin dignidad alguna y cubriéndose de ignominia.

En Colombia las Fuerzas Armadas son en el instrumento básico de un gobierno que carece de toda legitimidad. Y si (como se pronostica) la izquierda ganase las próximas elecciones en 2022 tendría el mismo desafío de Chile y de Bolivia: construir unas Fuerzas Armadas que sean sobre todo nacionales, y no apéndices vergonzosos de las fuerzas armadas de los Estados Unidos o de la OTAN.

(Fotos: Pixfuel)

 

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