Si hay algo que es esencial para el éxito de las organizaciones internacionales de narcotráfico en todo el mundo, incluyendo las de América Latina, es la colusión de funcionarios gubernamentales corruptos que ayudan a proteger los cargamentos y evadir las incautaciones.
Durante años han existido casos destacados que ilustran hasta qué punto los funcionarios de seguridad se han puesto del lado contrario de la ley para involucrarse con los grupos del crimen organizado.
La idea de que se está librando una batalla convencional entre dos actores autónomos —el gobierno por un lado y los grupos criminales por el otro— dista mucho de la realidad.
Los funcionarios y los criminales interactúan con bastante frecuencia, y recurren unos a otros para llegar a acuerdos que regulen el orden y la violencia en beneficio mutuo.
A continuación, InSight Crime examina cinco casos —que de ninguna manera conforman una lista exhaustiva— de presunta colusión oficial entre grupos narcotraficantes y funcionarios gubernamentales de América Latina.
Genaro García Luna
Cuando en el año 2006 el expresidente mexicano Felipe Calderón decidió que el gobierno lanzaría una arremetida oficial contra el crimen organizado, Genaro García Luna estaba en la primera línea de batalla, en calidad de secretario de seguridad pública desde ese momento hasta el año 2012.
Sin embargo, fiscales estadounidenses alegan que el entonces alto funcionario de la policía estaba jugando en el equipo contrario, recibiendo sobornos por millones de dólares de parte del Cartel de Sinaloa a cambio de proteger sus cargamentos de drogas y alejar a las fuerzas del orden de sus actividades criminales, como lo indica una acusación de diciembre de 2019. García Luna ha negado estos cargos. Pero en una carta del 2 de octubre, los fiscales afirman que tienen “189.000 páginas de documentos, así como abundantes comunicaciones interceptadas”, que sustentan las acusaciones de que “él traicionó a quienes juró proteger” y que cooperó con miembros del Cartel de Sinaloa para facilitar su empresa criminal durante casi dos décadas, antes y durante su mandato como jefe de seguridad del país.
Tras su detención, dos oficiales de alto rango que trabajaron bajo su mando, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, también fueron acusados de narcotráfico. Los fiscales sostienen que los tres ayudaron al Cartel de Sinaloa a traficar más de 50.000 kilos de cocaína a Estados Unidos desde 2001, según una acusación formal de julio de 2020.
García Luna se ha declarado inocente de los cargos criminales en su contra, pero aun así podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua.
Salvador Cienfuegos Zepeda
Con la militarización de la llamada guerra contra las drogas, recrudecida por Calderón, el general Salvador Cienfuegos Zepeda retomó la lucha del gobierno como secretario de defensa de México bajo la administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Funcionarios estadounidenses afirman que, en lugar de mejorar las operaciones contra los grupos del crimen organizado, el general estaba en realidad ayudando al “Cartel H-2”, como llama la policía a la red que se desprendió de la Organización Beltrán Leyva, anteriormente aliada del Cartel de Sinaloa, que estaba dirigida por Juan Francisco Patrón Sánchez. Incluso, el exfuncionario había asumido el alias de “El Padrino”, según una acusación de agosto de 2019 en su contra. Como afirman los fiscales en una carta del 16 de octubre, mientras Cienfuegos Zepeda atacaba a las organizaciones rivales de dicho grupo, conseguía el transporte marítimo para los cargamentos de drogas y conectaba a líderes criminales con otros funcionarios mexicanos corruptos, el grupo disidente de la Organización Beltrán Leyva “llevaba a cabo sus actividades criminales en México sin ningún tipo de interferencia, e ingresaba miles de kilos de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana a Estados Unidos”.
Las interceptaciones de “miles” de mensajes de Blackberry son algunas de las pruebas que los fiscales supuestamente tienen para respaldar las acusaciones de que Cienfuegos Zepeda dio al grupo criminal libertad para operar sin obstáculos en México a cambio de decenas de millones de dólares en sobornos.
Falta ver cómo se llevará a cabo su juicio, pero Cienfuegos Zepeda enfrenta una pena que va desde mínimo 10 años de prisión hasta una condena máxima de cadena perpetua.
Jesús Gutiérrez Rebollo
Si bien los miembros de las fuerzas armadas rara vez son arrestados y enjuiciados por trabajar mano a mano con los narcotraficantes, el caso del exzar de las drogas de México, Jesús Gutiérrez Rebollo, fue una rara excepción.
Gutiérrez Rebollo fue arrestado en 1997, acusado de negociar un acuerdo con el traficante de cocaína más prolífico del país en ese momento, Amado Carrillo Fuentes, más conocido como el “Señor de los Cielos”, para que este pudiera operar libremente a cambio de sobornos.
El exdirector de la agencia federal de drogas del país —uno de los primeros funcionarios mexicanos de alto nivel en ser capturados por connivencia con narcotraficantes— fue finalmente sentenciado y condenado a 40 años de prisión por tráfico de estupefacientes, corrupción y otros cargos. Murió en 2013 en un hospital militar de la Ciudad de México.
Juan Carlos Bonilla Valladares
Ni siquiera las acusaciones de que formaba parte de un escuadrón de la muerte que desapareció y ejecutó a miembros de las infames pandillas callejeras de Honduras pudieron impedir que Juan Carlos Bonilla Valladares, también conocido como “El Tigre”, llegara a ocupar el cargo de director de la policía del país en 2012.
Fue destituido de su cargo en 2013, y en abril de 2020 los fiscales estadounidenses acusaron a Bonilla Valladares de aprovechar los altos cargos que ocupó en la policía hondureña entre 2003 y 2018 para “violar la ley y desempeñar un papel clave en una violenta conspiración de narcotráfico internacional”, como se lee en la denuncia criminal en su contra. Bonilla Valladares supuestamente protegía los cargamentos de cocaína “a nombre” del presidente Juan Orlando Hernández y su hermano, Tony, excongresista que fue condenado por narcotráfico en octubre de 2019. En esencia, Tony utilizó la influencia política de su hermano, a la vez que contaba con funcionarios de seguridad presumiblemente corruptos como Bonilla, para dirigir una red internacional de tráfico de cocaína durante más de una década.
Los fiscales alegan que Bonilla Valladares se aseguraba de que la Policía Nacional no detuviera los vehículos cargados con cocaína, y le entregaba a la red información sensible sobre las operaciones aéreas y marítimas de los organismos de seguridad, por lo que se volvió “tan confiable” que el presidente Hernández y su hermano Tony le encargaban “tareas especiales, incluso asesinatos”.
Bonilla Valladares aún no ha sido arrestado y ha rechazado rotundamente los cargos en su contra.
Mauricio López Bonilla
Durante la administración del expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina (2012-2015), Mauricio López Bonilla acumuló un enorme poder como ministro de Gobernación. Se convirtió en una importante figura con la que el gobierno de Estados Unidos solía contar para ayudar a adelantar su “guerra contra las drogas” en la región.
Sin embargo, las autoridades estadounidenses finalmente acusaron a López Bonilla, veterano de guerra y exdirector de la policía del país, en febrero de 2017 —cuando ya estaba siendo investigado por corrupción y lavado de dinero en Guatemala— por supuestamente traficar cocaína hacia Estados Unidos entre 2010 y 2015, como se lee en su acusación. Como parte de la solicitud de extradición que las autoridades estadounidenses enviaron a sus homólogos de Guatemala, López Bonilla, según El Periódico, supuestamente “ordenaba a oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) escoltar cargamentos de cocaína y reasignaba a personal de dicha institución a solicitud de las organizaciones de narcotráfico a cambio de compensaciones monetarias”.
Un año antes, en 2016, InSight Crime había publicado una investigación que develaba posibles vínculos entre López Bonilla y la conocida narcotraficante Marllory Chacón Rosell. En 2012, El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también había identificado a Chacón, conocida como “La Reina del Sur”, como una de las blanqueadoras de dinero “más activas” de Guatemala. Ella luego pasó a cooperar con las autoridades a cambio de un acuerdo que le permitió salir de prisión antes de tiempo.
En Guatemala, Chacón supuestamente invirtió en una empresa de seguridad privada vinculada con el exministro, a cambio de que se le ofreciera protección oficial. López Bonilla ha negado siempre las acusaciones de vínculos con el narcotráfico, y aún no ha sido extraditado a Estados Unidos para responder por los cargos en su contra.
(Artículo publicado en InSight Crime) – Licencia Creative Commons
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