Cientos de civiles de Mozambique han sido asesinados ilegalmente por el grupo armado conocido localmente como Al-Shabaab, por las fuerzas de seguridad del gobierno y por una empresa militar privada contratada por el gobierno.
Así lo ha afirmado Amnistía Internacional Reino Unido este 2 de marzo, tal como lo registra en su publicado nuevo reporte sobre el conflicto en curso en Cabo Delgado.
El informe, titulado “What I saw is death”: war crimes in Mozambique’s forgotten Cape” (Lo que vi es la muerte: crímenes de guerra en el Cabo olvidado de Mozambique), documenta graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por todas las partes, que han provocado la muerte y la destrucción generalizadas y una crisis humanitaria que ha hecho huir a más de medio millón de personas. También detalla relatos de violencia contra civiles por parte de Al-Shabaab, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno, y ataques indiscriminados por parte de la empresa militar privada sudafricana Dyck Advisory Group.
Deprose Muchena, director del Programa para África Oriental y Meridional de Amnistía Internacional, ha declarado que “la población de Cabo Delgado está atrapada entre las fuerzas de seguridad mozambiqueñas, las milicias privadas que luchan junto al gobierno y el grupo armado de oposición conocido localmente como Al-Shabaab, ninguno de los cuales respeta su derecho a la vida ni las normas de la guerra.
“Los tres han cometido crímenes de guerra, causando la muerte de cientos de civiles. La comunidad internacional no ha abordado esta crisis, que se ha convertido en un conflicto armado en toda regla en los últimos tres años”, explica Muchena.
Muchena añade: “Hacemos un llamamiento a todas las partes del conflicto para que dejen inmediatamente de atacar a los civiles, y al gobierno de Mozambique para que investigue urgentemente los crímenes de guerra que hemos descubierto.”
El informe, basado en entrevistas con 79 desplazados internos de 15 comunidades, se centra principalmente en el impacto del aumento de los combates en Cabo Delgado desde un importante ataque de Al-Shabaab en Mocímboa da Praia en marzo de 2020.
Amnistía también revisó imágenes de satélite, fotografías e información médica y balística. El Laboratorio de Pruebas de Crisis de la organización completó una investigación de fuente abierta del material disponible en las redes sociales. Amnistía también entrevistó a analistas de organizaciones internacionales, periodistas, trabajadores humanitarios y observadores locales de derechos humanos.
Atrocidades de Al-Shabaab
En varios ataques documentados por Amnistía, combatientes de Al-Shabaab (no relacionados con Al-Shabaab en Somalia) mataron deliberadamente a civiles, quemaron pueblos y ciudades y cometieron atroces actos de violencia con machetes, incluidas numerosas decapitaciones y profanaciones de cadáveres.
A finales de marzo de 2020, la ciudad de Quissanga fue atacada por Al-Shabaab. Amnistía habló con 16 antiguos residentes que fueron testigos de los combates y de los asesinatos sumarios, las palizas, los secuestros, los incendios y los saqueos de las semanas siguientes.
Durante el ataque, varios adolescentes fueron secuestrados.
Un hombre dijo a Amnistía: “Se llevan tanto a los niños como a las niñas… A algunos se los llevan para decapitarlos. A algunos los llevan para decapitarlos, a otros los obligan a convertirse en “esposas” y a trabajar en la base. Los chicos se convierten en soldados”.
Muchas mujeres jóvenes y niñas desplazadas dijeron que huyeron específicamente por la amenaza de secuestro, detención, violación y matrimonio forzado con combatientes de Al-Shabaab.
Una mujer entrevistada por Amnistía estaba embarazada de siete meses cuando le dispararon en un ataque a un autobús en el pueblo de Nguida el 23 de julio de 2020. Los combatientes ordenaron ejecutar a todos los que bajaban del autobús. La dejaron morir desangrada, pero sobrevivió y dio a luz dos meses después. Su marido murió en el ataque.
Violencia de las fuerzas gubernamentales
Estas también han llevado a cabo crueles ataques contra civiles acusados de colaborar o apoyar a Al-Shabaab.
El ejército y la policía han cometido ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura y otros malos tratos, y han mutilado cadáveres.
Tres días después del ataque inicial a Quissanga, las fuerzas de seguridad gubernamentales capturaron a civiles de los que creía apoyaban a Al Shabaab. Vendaron y dispararon a varios hombres, antes de arrojar sus cuerpos a una fosa común.
Durante el mes siguiente, las fuerzas de seguridad del gobierno llevaron a mujeres para violarlas en la base cercana que habían establecido, donde también detuvieron, golpearon y ejecutaron sumariamente a más hombres.
Una mujer dijo a Amnistía: “La gente desapareció. Los llevaron a todos al agujero para matarlos. Venían con una lista de nombres y nos preguntaban si los conocíamos. Y no mentimos, por si nos llevaban también”.
El Laboratorio de Pruebas de Crisis de Amnistía analizó y verificó un vídeo compartido en las redes sociales que mostraba la ejecución extrajudicial de una mujer desnuda cuando intentaba huir de Awasse.
La mujer no identificada fue abordada por hombres que parecían ser miembros de las Fuerzas Armadas de Defensa de Mozambique (FADM).
Tras golpearla con un palo de madera, le dispararon y dejaron su cuerpo desnudo en la carretera. Cuatro pistoleros diferentes le dispararon un total de 36 veces con diversos rifles Kalashnikov y una ametralladora tipo PKM.
Amnistía ha revelado anteriormente pruebas de intentos de decapitación, tortura y otros malos tratos a prisioneros; el desmembramiento de presuntos combatientes de Al Shabaab; posibles ejecuciones extrajudiciales; y el transporte y abandono de un gran número de cadáveres en aparentes fosas comunes.
Las fuerzas del gobierno mozambiqueño tampoco han cumplido con su obligación de proteger a los civiles de los ataques, asesinatos, secuestros y otros abusos de Al-Shabaab.
Grupo Asesor Dyck
Después de que las fuerzas de seguridad perdieran varios combates con Al Shabaab, el gobierno contrató al Dyck Advisory Group (DAG), una empresa militar privada sudafricana, para que luchara en su nombre utilizando helicópteros armados.
Según 53 testigos que hablaron con Amnistía, los agentes de DAG han disparado ametralladoras desde los helicópteros y han lanzado granadas de mano de forma indiscriminada contra multitudes, además de disparar repetidamente contra infraestructuras civiles, como hospitales, escuelas y viviendas.
Una mujer, que presenció los combates en Mocímboa de Praia a finales de junio de 2020, dijo: “Vinieron dos helicópteros, uno disparando y lanzando bombas. Un grupo [de civiles] que estaba corriendo levantó las manos y no les dispararon. Pero otro grupo que estaba con los bandidos no levantó las manos y les dispararon. Muchas personas murieron allí”. Durante un ataque a la ciudad de Mocímboa en junio de 2020, los helicópteros del DAG destruyeron un hospital mientras apuntaban a los combatientes de Al-Shabaab que se escondían dentro del edificio.
Una mujer, que estuvo atrapada durante seis días dentro de su casa cerca del hospital, dijo: “…los helicópteros dispararon contra todo y contra todos. Para ellos ya no era posible saber quién era quién. La mayoría de los terroristas estaban en el hospital, pensando que los helicópteros no podían atacar. Pero uno de los helicópteros se dio cuenta, así que decidió bombardear el hospital, y así fue como el hospital quedó completamente destruido”.
Deprose Muchena dijo que “los testimonios que hemos recogido revelan un patrón de ataques repetidos e imprudentes por parte del Grupo Asesor Dyck”.
“Al disparar indiscriminadamente contra multitudes, atacar infraestructuras civiles y no distinguir entre objetivos militares y civiles, han violado claramente el derecho internacional humanitario. Ahora deben rendir cuentas por sus acciones”, explica Muchena.
El conflicto de Cabo Delgado
Cabo Delgado ha sufrido el abandono y la falta de inversión durante décadas, un problema agravado por las catástrofes naturales y la propagación del Covid-19 por la región. La zona es rica en gas natural, rubíes, grafito y madera, lo que lleva a las empresas internacionales a competir por el acceso a la región. Los combates se han intensificado desde que Al-Shabaab atacó la ciudad portuaria norteña de Mocímboa da Praia en octubre de 2017.
El Proyecto de Datos de Localización y Sucesos de Conflictos Armados estima que más de 1.300 civiles han muerto durante el conflicto.
La ONU calcula que más de 530.000 personas están desplazadas dentro de Cabo Delgado, lo que equivale a una cuarta parte de la población total de la provincia. Según UNICEF, aproximadamente 250.000 de los desplazados son niños.
información: Amnistía Internacional Reino Unido
(Traducido por Monica del Pilar Uribe Marín) – Fotos: Pixabay
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